Salud

Las previsiones de arreglo de disputas entre inversionistas y Estados (ISDS) propuestos en los acuerdos bilaterales o regionales de comercio le otorgan a las corporaciones farmacéuticos el derecho a demandar a los gobiernos en pos de compensaciones si las leyes nacionales afectan negativamente las futuras ganancias de su propiedad intelectual o sus inversiones, incluso en el caso de que estas leyes estén en concordancia con el interés publico. El mejor acceso a medicinas o el prevenir que medicinas ineficaces o poco seguras entren al mercado puede ser problemático.

Las principales corporaciones farmacéuticas estadounidenses, canadienses o francesas desafiaron en fechas recientes diversas medidas de salud promulgadas en favor del público mediante disputas ISDS.

Las compañías químicas también han utilizado el mecanismo ISDS en numerosos casos para desafiar prohibiciones nacionales de sustancias peligrosas.

Los casos más conocidos incluyen:

• Ethyl (EUA) vs. Canadá: tras la prohibición canadiense del tóxico aditivo de la gasolina conocido como MMT, el productor estadounidense demandó por 201 millones de dólares en compensaciones. En 1998, Canadá accedió a un arreglo y pagó 13 millones de dólares y retiró la prohibición (se invocó el TLCAN).

• Philip Morris Asia (Hong Kong) vs. Australia: Cuando Australia introdujo el empaquetado simple de todos los productos de tabaco en 2011, Philip Morris demandó a Australia ante un tribunal de arbitraje. En su fallo de diciembre de 2015, el tribunal de arbitraje desechó el caso, por lo menos en términos legales. Australia gastó unos 24 millones de dólares australianos en costos legales pero Philip Morris sólo pagó la mitad, lo que obligó a que los contribuyentes fiscales australianos pagaran la otra mitad. Una consecuencia de este caso, es que países que van de Namibia a Togo o Nueva Zelanda decidieron esperar antes de introducir un empaquetado simple para sus productos de tabaco. (Se invocó el TBI Australia-Hong-Kong).

• Dow Chemical (EUA) vs. Canadá: la corporación química inició una disputa por pérdidas supuestas causadas por una prohibición provincial de Quebec a plaguicidas del césped que contienen el ingrediente 2,4-D, clasificado como posible cancerígeno y uno de los ingredientes del Agente Naranja, el herbicida utilizado ampliamente durante la guerra de Vietnam. En el arreglo de 2011, se sostuvo la prohibición pero Quebec fue requerido a expresar que “los productos conteniendo 2,4-D no implicaban un riesgo inaceptable para la salud humana o el ambientes si se seguían las instrucciones incluidas en la etiqueta” (se invocó el TLCAN).

Foto: Aqua Mechanical / CC BY 2.0

(marzo de 2020)

IISD | 23-dic-2021
Les discussions sur une décision sur les ADPIC en lien avec la Covid-19 et visant à accélérer la production et la distribution équitable de vaccins et de médicaments se poursuivent mais les accords d’investissement en sont absents.
The Guardian | 11-oct-2021
In pursuit of growth in Africa, British American Tobacco and others use intimidatory tactics to attempt to suppress health warnings and regulation, including accusing governments of breaching trade agreements.
Globalization and Health | 8-sep-2021
Given the potential for wider use of the ISDS mechanism, strategies to protect public health policy space in the context of both international trade and investment treaty and dispute settlement contexts remain important.
CIAR Global | 28-jun-2021
Los Derechos Humanos están en el centro de numerosas demandas de arbitraje de inversiones.
ISDS Impactos | 25-jun-2021
Bufetes de abogados y empresas amenazan con demandar a Estados por medidas contra Covid-19
Kluwer Arbitration Blog | 27-may-2021
The patent waiver initiative may give rise to claims under the expropriation standard, and to a lesser degree, under the FET standard.
The Ecologist | 18-may-2021
The shadowy parallel court system of major trade agreements makes it difficult for countries to ban broad-spectrum insecticides.
Interfax | 10-dic-2020
Philip Morris Ukraine, a large tobacco manufacturer, will file a motion with the ICSID in response to the decision of the Antimonopoly Committee of Ukraine on a UAH 1.2 billion fine.