Bajo las disposiciones del arbitraje de disputas inversionistas- estado (ISDS) que se incluyen en los acuerdos de comercio e inversión, muchas leyes para la protección de los derechos de los trabajadores puede verse amenazada si un inversionista extranjero argumenta que éstas tienen un efecto discriminatorio sobre sus intereses.
Las corporaciones pueden considerar injusto cualquier cambio a las políticas que mejore los derechos y las condiciones de los trabajadores si lo ven como una violación a sus “legítimas expectativas”, - sus ganancias esperadas. Las compañías extranjeras consideran que tienen derecho a un contexto regulatorio estable y que los gobiernos no deben alterar las leyes o las regulaciones, aún si objetivos de interés público, como los derechos laborales fundamentales, están en juego.
Si un estado promulga nuevos derechos sociales y laborales tales como la negociación colectiva, pago igualitario o salario mínimo digno, las compañías podrían usar el mecanismo del ISDS para impugnarlas.
De la misma forma, cualquier reforma que favorezca a las compañías o trabajadores locales podría, potencialmente, ser el objetivo de disputas ISDS.
Los casos más conocidos incluyen:
• Piero Foresti & otros vs Sud África: en el año 2007, inversionistas italianos y de Luxemburgo, presentaron una denuncia arbitral inversionista-estado contra Sud África por US$350 millones porque una nueva ley de minería contenía normas anti discriminación del Acta de Promoción Económica Negra, la cual busca compensar alguna de las injusticias del régimen de apartheid. La ley requería que las compañías mineras transfirieran parte de sus acciones a manos de los inversionistas negros. La disputa fue descontinuada en el año 2010, después de que los inversionistas recibieron nuevas licencias que requerían entregas de acciones mucho menores (se invocaron tratados de inversión bilaterales Italia-Sud África y Bélgica-Luxemburgo-Sud África)
• Véolia (Francia) vs. Egipto: En 2012, la corporación multinacional de servicios públicos lanzó una disputa contra Egipto exigiendo por lo menos 110 millones de dólares tras los cambios en las leyes egipcias que conducían a un aumento en el salario mínimo. En mayo de 2018, Véolia perdió el arbitraje pero Egipto tuvo que invertir seis años defendiendo el caso y tuvo que pagar millones de dólares en arbitraje y costos legales (la cifra no se ha hecho pública). (se invocó el TBI entre Francia y Egipto).
• Abitibi-Bowater (EEUU) vs Canadá: la corporación de papel de Estados Unidos impugnó la decisión de Newfoundland y Labrador, una provincia de Canadá, de confiscar derechos de explotación de madera, derechos de agua y equipamiento retenido por Abitibi-Bowater después que la corporación cerró una fábrica de papel en Newfoundland, dejando sin trabajo a 800 trabajadores. El caso fue resuelto en el año 2010 por US$122 millones en favor del inversionista (se invocó el NAFTA).
(Marzo de 2020)
