Servicios públicos

Las corporaciones de servicios han usado las disposiciones del arbitraje de disputas inversionistas- estado (ISDS) que se incluyen en los acuerdos comerciales y de inversión, para impugnar los intentos de los estados de regular los servicios públicos privatizados como el agua, la seguridad social y otros servicios.

En respuesta a varios gobiernos que han tratado de bajar las tarifas de los servicios públicos para las poblaciones más pobres o para enfrentar crisis económicas importantes, las compañías extranjeras han iniciado disputas ISDS, reclamando que fueron tratados “injustamente” debido a las pérdidas de utilidades.

Potencialmente, cualquier reforma importante de los estándares en relación a grandes infraestructuras o instalaciones asociadas a servicios públicos podría ser llevada ante el ISDS.

Hacia fines de junio de 2015, 6% de todas las disputas del CIADI correspondían a asuntos relacionados a servicios de agua.

Las disputas más conocidas incluyen:

• Azurix (EEUU) vs Argentina: US$165 millones concedidos en el año 2006 al inversionista, un compañía de agua. La disputa surgió a partir de la contaminación del reservorio, lo cual convertía al agua del área como no potable. La empresa reclamó que el gobierno había expropiado su inversión y que negó a la empresa “un trato justo y equitativo” al no permitir aumento de tarifas y por no invertir suficientes fondos públicos en la infraestructura de agua potable (se invocó tratado bilateral Argentina-EEUU).

• Tampa Electric Company “TECO” (EEUU) vs Guatemala: la compañía de energía, de origen estadounidense, impugnó la decisión de Guatemala de bajar las tarifas de la electricidad que una compañía de servicios privada podía cobrar. TECO fue compensado con US$25 millones en el año 2013 (se invocó el CAFTA).

• TCW (EEUU) vs República Dominicana: La corporación estadounidense de administración de inversiones, la que era propietaria, en conjunto con el gobierno, de una de las tres empresas de distribución eléctrica de República Dominicana, demandó al gobierno por no aumentar las tarifas eléctricas y por no impedir el robo de electricidad por parte de las poblaciones pobres. El caso fue resuelto en el año 2009 por US$26,5 millones pagados al inversionista (se invocó el CAFTA).

(Noviembre de 2015)

Lexology | 7-mar-2017
District court denies request to vacate award, finding that arbitrator was not partial and that tribunal did not exceed its authority in awarding damages for lost profits.
Nueva Tribuna | 13-feb-2017
El Parlamento Europeo podría estar en vías de ratificar un acuerdo que es ilegal, además de faltar a su deber de asegurar que los tratados europeos respetan los principios fundamentales y leyes de la UE.
Télam | 19-ene-2017
La demanda era por supuestos incumplimientos en la concesión del servicio de agua potable y saneamiento en la provincia de Buenos Aires.
El País | 12-ene-2017
Empresas y gobiernos protagonizan conflictos entre los intereses económicos y los derechos humanos.
Les Echos | 31-oct-2016
Un bras de fer oppose depuis plus de dix ans la cité égyptienne et Veolia, chargé d’assurer la collecte et le traitement de ses déchets. L’épilogue de ce feuilleton kafkaïen est proche.
Globes | 6-oct-2016
A Mekorot subsidiary is threatening to sue Cyprus under its investment treaty with Israel.
Dakaractu | 5-sep-2016
Le Centre international de règlement des différends sur l’investissement vient de condamner la société Menzies Middle East And Africa S.A. et la société Aviation Handling Services International Limited.
Loading Docs | 5-ago-2016
Water for Gold tells the alarming story of how international trade law is leading us to trade our most basic rights to clean, safe water for access to gold.
Kaos en la Red | 14-jul-2016
Juan Hernández Zubizarreta y José Ramón Mariño no tienen dudas de que esa “sopa de letras” que conforman los diferentes acuerdos de libre comercio e inversiones TTIP, CETA, TISA, etc ‘van en contra de la mayoría de la población y solo benefician al negocio de las grandes compañías’
No al TTIP | 21-may-2016
Aunque el CETA crearía un mercado mucho más pequeño que el que se pretende crear a través del TTIP, se trata de un comercio agresivo y supone el incremento de privilegios y poderes para las grandes empresas e industrias.

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