Servicios públicos

Las corporaciones de servicios han usado las disposiciones del arbitraje de disputas inversionistas- estado (ISDS) que se incluyen en los acuerdos comerciales y de inversión, para impugnar los intentos de los estados de regular los servicios públicos privatizados como el agua, la seguridad social y otros servicios.

En respuesta a varios gobiernos que han tratado de bajar las tarifas de los servicios públicos para las poblaciones más pobres o para enfrentar crisis económicas importantes, las compañías extranjeras han iniciado disputas ISDS, reclamando que fueron tratados “injustamente” debido a las pérdidas de utilidades.

Potencialmente, cualquier reforma importante de los estándares en relación a grandes infraestructuras o instalaciones asociadas a servicios públicos podría ser llevada ante el ISDS.

Hacia fines de junio de 2015, 6% de todas las disputas del CIADI correspondían a asuntos relacionados a servicios de agua.

Las disputas más conocidas incluyen:

• Azurix (EEUU) vs Argentina: US$165 millones concedidos en el año 2006 al inversionista, un compañía de agua. La disputa surgió a partir de la contaminación del reservorio, lo cual convertía al agua del área como no potable. La empresa reclamó que el gobierno había expropiado su inversión y que negó a la empresa “un trato justo y equitativo” al no permitir aumento de tarifas y por no invertir suficientes fondos públicos en la infraestructura de agua potable (se invocó tratado bilateral Argentina-EEUU).

• Tampa Electric Company “TECO” (EEUU) vs Guatemala: la compañía de energía, de origen estadounidense, impugnó la decisión de Guatemala de bajar las tarifas de la electricidad que una compañía de servicios privada podía cobrar. TECO fue compensado con US$25 millones en el año 2013 (se invocó el CAFTA).

• TCW (EEUU) vs República Dominicana: La corporación estadounidense de administración de inversiones, la que era propietaria, en conjunto con el gobierno, de una de las tres empresas de distribución eléctrica de República Dominicana, demandó al gobierno por no aumentar las tarifas eléctricas y por no impedir el robo de electricidad por parte de las poblaciones pobres. El caso fue resuelto en el año 2009 por US$26,5 millones pagados al inversionista (se invocó el CAFTA).

(Noviembre de 2015)

Radio Mundo Real | 28-jun-2017
Criminal charges pending against 18 community leaders and a billion-dollar court case at ICSID.
CIAR Global | 10-may-2017
El pasado 5 de mayo, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, Ciadi, rechazó la solicitud de anulación del laudo del arbitraje Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A. y Vivendi Universal S.A. contra la República Argentina.
La Nación | 9-may-2017
Es un reclamo iniciado por la empresa francesa Suez luego de la estatización del servicio de agua y saneamiento, en 2006.
Global Justice Now | 24-abr-2017
A new briefing has outlined the likely elements of a UK-US trade deal and argues that it would contain more extreme forms of all the controversial elements of the deal that was being negotiated between the EU and the USA.
AITEC | 18-abr-2017
L’objectif de ces nouvelles négociations est d’amener l’instrument commercial liant l’UE et le Mexique au niveau des accords commerciaux comme le CETA, référence désormais brandie par la Commission européenne pour l’ensemble de ses négociations futures.
La Nación | 31-mar-2017
Se trata de la demanda de Suez ante el Ciadi y del contrato de 1978 para construir un gasoducto.
Lexology | 7-mar-2017
District court denies request to vacate award, finding that arbitrator was not partial and that tribunal did not exceed its authority in awarding damages for lost profits.
Nueva Tribuna | 13-feb-2017
El Parlamento Europeo podría estar en vías de ratificar un acuerdo que es ilegal, además de faltar a su deber de asegurar que los tratados europeos respetan los principios fundamentales y leyes de la UE.
Télam | 19-ene-2017
La demanda era por supuestos incumplimientos en la concesión del servicio de agua potable y saneamiento en la provincia de Buenos Aires.
El País | 12-ene-2017
Empresas y gobiernos protagonizan conflictos entre los intereses económicos y los derechos humanos.

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