España, el país con más quejas de inversores ante el Banco Mundial (más que Venezuela)
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España, el país con más quejas de inversores ante el Banco Mundial (más que Venezuela)

Por Juan Cruz Peña | 5-2-19

España acumula otras cuatro demandas ante el Ciadi en 2018, año en que solo Colombia registró más. Los recortes a las renovables han tumbado la seguridad jurídica y la reputación españolas.

El Reino de España acumula más arbitrajes internacionales que ningún otro país del mundo desde 2012, ejercicio en el que empezaron a llover las demandas de inversores extranjeros por los sucesivos recortes de los gobiernos de PSOE y PP a las primas de las energías renovables.

Los últimos datos están acrecentando el liderazgo de España en esta lista negra. El pasado ejercicio, se registraron otros cuatro casos más, según recoge el informe estadístico que elabora el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversores (Ciadi), el órgano arbitral del Banco Mundial.

Con la última recopilación estadística, publicada en los últimos días, España ha recibido 34 demandas en el Ciadi desde hace siete años, una avalancha de casos que supera los 20 registrados por Venezuela, los 16 de Egipto o los 11 de Perú, países que en los últimos años destacan por su falta de seguridad jurídica.

A estos, además, hay que añadir otras demandas elevadas en otras cortes arbitrales como Uncitral, dependiente de Naciones Unidas, o la Cámara de Comercio de Estocolmo, con lo que España acumula alrededor de 40 litigios de inversores internacionales que reclaman cerca de 10.000 millones de euros, según los últimos datos facilitados por el Gobierno. Todo ello pese a los mensajes lanzados desde la Comisión Europea contra la legitimidad de estos arbitrajes para desincentivar este proceso contra el cuarto país más grande de la Unión Europea.

La larga lista de arbitrajes, además, pesa como una losa sobre un país necesitado de inversión en energías renovables para cumplir con el compromiso de tener un 32% de energía de origen verde en 2030. No en vano, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anticipó que España necesitará 235.000 millones de euros para acometer el proceso de transición energética durante la próxima década.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, está tratando de sacar adelante una ley que invite a los inversores a no interponer más demandas e incluso retirar las existentes con un plus de rentabilidad hasta 2031. No obstante, por ahora, esta propuesta no acaba de convencer al sector, que estudia más demandas de distintos inversores.

En este 2018 recién terminado, el Reino de España ha sido el país más demandado ante el Ciadi, solo superado por Colombia. Pero el año más complicado fue 2015, cuando se recibieron 15 casos nuevos ante la corte arbitral del Banco Mundial. Las demandas llegaban después del fuerte hachazo implementado por el Partido Popular en 2013 con el objetivo de embridar el déficit del sistema eléctrico, que se había desbocado hasta casi 30.000 millones de euros tras las elevadas primas que prometió Zapatero en 2008.

Los hermanos Nadal, que acaban de salir del PP de Pablo Casado, lograron cuadrar el equilibrio entre ingresos y gastos contemplados en la factura de la luz. Sin embargo, catapultaron a España al primer puesto en número de demandas de inversores internacionales, un galardón que hasta ese momento ostentaba el chavismo venezolano.

Además, el duro ajuste del PP está animando a más inversores en renovables a llevar a España a los tribunales internacionales. Los seis casos que denunciaron estos recortes han ganado sus pleitos. Solo los dos primeros, que abordaban los recortes más livianos que aplicó el Ejecutivo de Zapatero, se cerraron con victoria para España.

Fuentes jurídicas explican que el pulso se está intensificando con los fondos especializados en financiar estas causas, que están animando a interponer más demandas, dado que existe la certeza entre los afectados de que hay muchas posibilidades de ganar. Estos cuentan con el apoyo de grandes bufetes internacionales especializados en arbitraje internacional, con muchos más recursos que la Abogacía del Estado, encargada de defender a España, y mermada tras la espantada hacia el sector privado de varios de los funcionarios con más experiencia en estos casos.

Por su parte, los inversores españoles que llevaron este caso al Tribunal Supremo perdieron, con lo que España solo tiene que hacer frente a los juicios con extranjeros acogidos al Tratado de la Carta de la Energía.

Esta mancha negra tiene, además, otras implicaciones negativas para el país, dado que el elevado número de demandas y el golpe que ello implica para la reputación como destino inversor del capital internacional provocan un aumento de los costes. Fuentes jurídicas aseguran que las principales agencias de ’rating’ son sensibles a esta situación a la hora de asignar sus calificaciones crediticias como un punto muy a tener en cuenta en el riesgo país de España.

Fuente: El Confidencial