La Comisión Europea “aparca” el ISDS para crear un Tribunal a la medida de las multinacionales
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La Comisión Europea “aparca” el ISDS para crear un Tribunal a la medida de las multinacionales

Por El Salto | 30-11-17

El Parlamento Europeo discutió ayer sobre la creación de una nueva corte para el arbitraje con inversores que avanza en la línea de los polémicos ISDS: más capacidad de las multinacionales para intervenir y sortear políticas públicas.

La Comisión Europea ha puesto velocidad de crucero para la puesta en marcha de un Tribunal Multilateral de Inversiones (MIC), un sistema de arbitraje con el que la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström quiere sortear uno de los principales escollos que la UE ha tenido en la aprobación del tratado con Canadá (CETA) y que ha amenazado también en las negociaciones de los acuerdos comerciales con Japón, Singapur y Vietnam o el que quiere poner en marcha con los países oceánicos.

Ayer, 29 de noviembre, el Parlamento Europeo debatió sobre la propuesta de la Comisión de crear esta corte multilateral. La palabra, no obstante, la tiene únicamente el Consejo Europeo –formado por los estados miembro–, que dará instrucciones a la Comisión para que siga avanzando en la creación del MIC. Ni el Parlamento Europeo ni los parlamentos nacionales pueden decidir sobre el mandato.

El debate ayer en el Europarlamento mostró hasta qué punto el bloque mayoritario de los partidos europeos (conservadores, liberales, socialdemocrátas) es consciente del descrédito del sistema de resolución de disputas "inversor-Estado" ISDS. Entre los defectos que se señalan es la opacidad del sistema actual, la falta de mecanismos de apelación y la amenaza que supone sobre el deber de los Estados de legislar en el interés público.

Malmström reconoció en el Parlamento que el tribunal tendría carácter unilateral: es decir, solo los inversores (multinacionales) pueden interponer denuncias. El MIC, como los ISDS dejan fuera de la ecuación una posible denuncia de las comunidades afectadas (sindicatos, Estados o sociedad civil) a las multinacionales.

Asimismo, el proyecto no obliga a las multinacionales a agotar la vía judicial nacional y europea antes de llegar al tribunal, un principio clave del derecho internacional para la protección de la soberanía.

Algunos diputados que mostraron su oposición al tribunal multilateral de inversiones defendieron que ya existen mecanismos de la justicia nacional que funcionan para resolver disputas sobre inversiones. La oposición al MIC cree que hay mecanismos suficientes a nivel nacional para proteger a los inversionistas y que el futuro de los tribunales nacionales estará en peligro si se aprueba el proyecto, como denunciaron varios eurodiputados. Algunos diputados rechazaron la propuesta argumentando que el MIC se diseñó solo para mantener el régimen ISDS y de él sólo se beneficiarán las grandes empresas.

EFECTOS DE LOS TRIBUNALES DE INVERSIONES

El Tribunal Multilateral de Inversiones no elimina las suspicacias ante estos sistemas de arbitraje, polémicos en cuanto permite atacar políticas públicas vitales, sortear decisiones democráticas y reclamar compensaciones multimillonarias. Algunas de las leyes para frenar el cambio climático, erradicar las desigualdades o proteger la salud pública podrían conllevar disputas de inversores contra los Estados.

El funcionamiento de los polémicos ISDS ya ha dado muestras de la capacidad de las multinacionales de torpedear políticas públicas: la multinacional sueca Vattenfall reclama de Alemania un pago de 5.000 millones de euros por salir de la energía nuclear. Ecuador fue obligada a pagar 2.300 millones de euros a una petrolera por rescindir un contrato que la petrolera había incumplido.

Más ejemplos, durante cinco años, El Salvador ha estado luchando contra una demanda hecha por la compañía minera canadiense Pacific Rim porque el país declaró una moratoria en las licencias de minería. El Gobierno tomó esa decisión por el riesgo potencial a la calidad del agua potable debido a las operaciones de minería.

TransCanada demandó al ejecutivo de Obama por una indemnización de 15.000 millones de dólares por suspender la construcción del oleoducto Keystone XL, aunque luego suspendió la disputa porque Trump reactivó el megaproyecto que destruye territorios indígenas.

source: El Salto Diario