R. Dominicana: Ante una ola de demandas

Por Guillermo Caram / El Caribe, Jueves 29 de marzo del 2007

Las instancias responsables de la nación, sus autoridades, deben ponderar con sumo cuidado las señales indicativas de una ola de demandas contra el Estado dominicano.

La demanda que fue objeto por violación a los derechos humanos relacionados con la declaración de hijos de haitianos nacidos en el país y el debate mismo sobre la embargabilidad del Estado que se ha escenificado a través de medios, constituyen prolsegómenos de ésta ola.

Acicateado por la entrada en vigencia del DR CAFTA, parece llegado el turno a las demandas financieras derivadas de compromisos asumidos por el Estado mediante contratos con empresas extranjeras.

El primer botón ha sido la demanda interpuesta por la TCW contra el Estado Dominicano por casi US$600 millones. Y como todo ha sido por la ligereza, imprevisión y negligencia con que han actuado los funcionarios gubernamentales que participaron y participan en el negocio eléctrico; el temor que prospere esta nueva demanda justifica el pánico de una ola de demandas.

Recuérdese que se ignoraron las advertencias que se hicieron sobre costosas imprevisiones originadas en la precipitación e irregularidad de las licitaciones y contrataciones del sistema de distribución de electricidad durante el primer gobierno del PLD.

Recuérdense las críticas a la reestatización de dicho sistema durante el pasado gobierno que provocó la ruptura con el FMI por la costosa operación privada que hipotecó los ingresos de la CDE.

Y el actual gobierno ignoró las consecuencias de convertir esta deuda privada en soberana mediante la emisión de bonos.

Tres veces la nación ha pagado por éstos malos negocios: nunca convencieron el uso de aquellos 700 millones de la capitalización, se volvieron a pagar al recomprar las EDEs y al emitir bonos soberanos para pagar la deuda de esta recompra. Ahora pende un cuarto pago sobre nuestras cabezas: la demanda de marras.

Si la misma prosperara, lo cual es previsible de seguirse con las imprevisiones y negligencias que ha mostrado el funcionariado eléctrico después de la capitalización; el Estado se verá expuesto a encarar otras demandas millonarias por incumplimiento de compromisos asumidos en contratos suscritos tanto dentro del sector eléctrico como en otros en el que se han involucrado empresas extranjeras. Si así fuera, estaríamos labrando nuestra extinción como nación libre y soberana.

Guillermo Caram es político