Una filial de BBVA en México se suma a la demanda contra España por Popular
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Una filial de BBVA en México se suma a la demanda contra España por Popular

Por CincoDías | 8-10-18

- Más de 40 inversores mexicanos registran una demanda ante el Ciadi

- Entre ellos figuran el presidente de Grupo México y la socimi española Quonia

Más de 40 grandes fortunas, bancos y sociedades de inversión mexicanas registraron finalmente la semana pasada ante el Ciadi, el tribunal de arbitraje internacional del Banco Mundial, una demanda contra el Estado español por la resolución del Banco Popular, tras haber iniciado el proceso en enero. Comandados por una legión de miembros de la familia Del Valle, entre la cohorte de inversores figura una filial de BBVA en México, BBVA Bancomer Servicios.

Esta demanda se suma a la presentada el mes pasado por el propio Antonio Del Valle y otros inversores ante el Uncitral, el organismo dependiente de Naciones Unidas para dirimir este tipo de procesos. Representa a los inversores con doble nacionalidad española y mexicana que no pueden acudir al Ciadi y que han propuesto al Gobierno aunar ambas demandas en un solo proceso en el Ciadi, si bien requiere de la aceptación del Ejecutivo. Entre ambas demandas calculan que han perdido una inversión en el banco español de 470 millones.

No obstante, y según reza el texto de la demanda a la que ha tenido acceso CincoDías, la filial de BBVA en México no está afectada directamente ni es parte directamente implicada, sino que actúa en representación de un trust o fideicomiso. Esto es, una figura jurídica a la que una persona o una empresa cede unos bienes determinados para su administración por un gestor.

En la lista de demandantes figura tanto el trust como su beneficiario, pero no se revela su identidad. Están dispuestos en un futuro a eliminar de la lista uno de los dos en caso de que se establezca quién está legitimado para litigar, sea por decisión del Tribunal o por un acuerdo entre las partes.

La demanda la encabeza GBM Global, un banco de inversión mexicano, propiedad de las familias De Garay y Rojas Mota Velasco. Además de varios fondos administrados por esta entidad, aparecen como litigantes miembros de la familia y ejecutivos de la firma a título individual. El despacho de abogados neoyorquino Kirkland & Ellis actúa como asesor legal en el proceso.

Un lugar destacado en la lista lo ocupa la segunda fortuna mexicana tras Carlos Slim, según Forbes, Germán Larrea Mota Velasco. Es el propietario de Grupo México –la principal minera del país y que en 2017 facturó 38.000 millones de dólares– así como dos empresas ferroviarias, Ferromex y Ferrosur. También fue accionista de Aeroméxico y formó parte del consejo de administración de Televisa.

Aparece entre los reclamantes el empresario inmobiliario Divo Milan, director general de Inmobiliaria del Norte y presidente de Quonia Socimi, cotizada en el MAB y que en 2016 contaba con 64,25 milones en activos en Madrid, Barcelona o Sevilla. Otro de los empresarios mexicanos destacados que aparecen en la lista es Eugenio Clariond Reyes, presidente de IMSA Acero.

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En cuanto al cuerpo de la demanda, replica en esencia a la presentada ante Uncitral, desvelada por El País. Recuerda la reunión que estos inversores mantuvieron con Luis Linde, gobernador del Banco de España, poco después de haber realizado su primera inversión en el banco (en la ampliación de capital de 2013). Sostienen que Linde afirmó que “Banco Popular estaba en un buen momento financiero y confiaba en sus gestores”.

La demanda carga igualmente contra el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, por no salir a tranquilizar a los inversores y contener así la fuga de depósitos. Considera que tuvo "un trato desigual" con otras entidades financieras españolas con problemas financieros en el pasado, o con el veto a las posiciones cortas sobre Liberbank que la CNMV decretó tan solo unas semanas después de la resolución de Popular. O también cita la posición del Gobierno ante la situación de CaixaBank y Banco Sabadell en octubre del año pasado ante una posible independencia de Cataluña.

En opinión de los demandantes, el Estado español contribuyó de manera notable a la fuga de depósitos y la crisis de liquidez que terminó por hundir al Popular. Según sus cálculos, el propio Estado retiró el 30% de los 17.000 millones en depósitos que el banco perdió desde diciembre de 2016. Y que, en los momentos más críticos del banco, llegaron a alcanzar los 1.000 millones de euros diarios.

También achaca al Banco de España su grado de responsabilidad al negar al Popular toda la cuantía que solicitó horas antes de que Emilio Saracho, presidente entonces del banco, certificase ante el BCE sus problemas para continuar operando. Requirió a la entidad 9.500 millones, de los que Linde consideró que solo había aportado garantías para aportar 1.500 millones.

La demanda considera que la resolución del banco —con la amortización de sus acciones, cocos y deuda subordinada— y posterior venta al Banco Santander por un euro fue una decisión "ya preconcedida". Afea la falta de transparencia del proceso de subasta del banco y sus cortos plazos que provocaron que el propio BBVA rechazase presentar una oferta, según cita una carta remitida por este banco a la JUR.

También apunta a que ni desde el FROB ni desde el Banco de España apuraron todas las opciones para evitar la resolución del banco, como una puja a "un precio competitivo" o una ampliación de capital. De hecho, la demanda sostiene que el propio Del Valle se volvió a reunir en diciembre de 2016 con Linde y su subgobernador, Fernando Restoy, donde sugirieron una fusión con BBVA o Santander, rechazado por el mexicano, quien se comprometió a acudir a una ampliación de capital. A la que también acudirían el chileno Andrómico Luksic, Allianz, Credit Mutuel o Pimco.

Fuente: CincoDías