Victoria en arbitraje refuerza la seguridad jurídica del país

Victoria en arbitraje refuerza la seguridad jurídica del país

Por Lilian Tejeda, 23-6-16

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A raíz de este proceso el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales está revisando todos los procedimientos relativos a las autorizaciones ambientales con la finalidad de actualizarlos.

Haber ganado el primer arbitraje internacional contra la empresa estadounidense Corona Materials LLC no sólo es un hito para República Dominicana. Lo más significativo de este logro es que reafirma la seguridad jurídica del país y pone de manifiesto que las leyes dominicanas, especialmente en materia medioambiental, deben ser respetadas.

Al ganar dicho caso el Estado dominicano se evitó pagar US$100 millones al inversionista denunciante y también demuestra el fortalecimiento de las instituciones locales, específicamente de los ministerios de Industria y Comercio y Medio Ambiente y Recursos Naturales, en materia arbitral, que fueron un gran soporte para la firma internacional Arnold & Porter LLP que llevó a cabo el proceso.

Esto lo destacaron al participar en el Desayuno del LISTÍN la viceministra para la cooperación y asuntos internacionales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Patricia Abreu; el coordinador de la Dirección de Comercio Exterior y Administración de Tratados Comerciales Internacionales (Dicoex), Juan Ramón García; los abogados Raúl Herrera y José Antonio Rivas de Arnold & Porter LLP; y el abogado dominicano Eduardo Jorge Prats, quien actuó como testigo experto en el juicio.

“Esta es una decisión que, más allá de este caso particular de Corona, tiene una importancia para el clima de seguridad jurídica que reina aquí. Esto apuntala ese clima de inversión y debe ser tomado en cuenta por los asesores legales de los inversionistas”, destacó Jorge Prats.

Origen

El conflicto entre Corona Materials LLC y el Estado dominicano surgió a raíz de que a la empresa le fuese negada una licencia ambiental para extraer agregados de una zona de Samaná con alta vulnerabilidad ecológica. Partiendo de esto la compañía demandó al país ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) acogiéndose al capítulo 10 del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana - Centroamérica y los Estados Unidos (DR-Cafta, en inglés), pero sin antes agotar los procedimientos correspondientes a nivel local, según explicaron los expertos.

La representante de Medio Ambiente precisó que el proyecto no era viable ecológicamente porque los inversionistas querían sacar materiales de una área altamente inundable, donde hay humedales, manglares y además posee un alto potencial turístico.

Destacó que si bien lo fundamental de este caso es que se demostró que el país está organizado jurídicamente, que aquí hay procedimientos que todo inversionista debe cumplir y respetar, también se probó que nadie puede venir y utilizar los recursos naturales sin tener el debido cuidado.

“Lo que debe primar con este logro es que República Dominicana tiene un ordenamiento jurídico, tiene procedimientos que hay que cumplir y el que no los cumpla lamentablemente no podrá invertir aquí”, enfatizó Abreu. Adelantó también que a raíz de este proceso el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales está revisando todos los procedimientos relativos a las autorizaciones ambientales con la finalidad de actualizarlos. Indicó que todo se está socializando para que ningún inversionista alegue desconocimiento.

El país se fortalece en arbitraje

La resolución del conflicto entre Corona Materials LLC y el Estado dominicano conllevó una inversión por parte de República Dominicana de aproximadamente US$2 millones. Pero esto evitó que el país tuviera que pagar US$100 millones, el monto que la empresa demandaba por los daños que alegaba se le habían ocasionado. Según los abogados, inicialmente la compañía había evaluado los daños en unos US$323 millones.

Los expertos precisaron que el proceso resultó menos costoso porque concluyó relativamente rápido ya que no se fue a juicio de fondo puesto que rápidamente se demostró que la empresa había incumplido varios procedimientos que debió seguir. Juan Ramón García destacó que ganar este caso demuestra que el país está avanzando y fortaleciéndose en materia de arbitraje internacional. Sin embargo, indicó que para el país lo más importante es evitar este tipo de conflictos y destacó que por eso desde la Dicoex, organismo dependiente del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), se está trabajando con la misión de prevenirlos lo más posible.

Fuente: Listin Diario