El mecanismo de arbitraje de disputas inversionista-Estado (ISDS por sus siglas en inglés) ha recibido fuertes críticas durante los últimos años. Como resultado de muchos casos polémicos, grupos de la sociedad civil, organizaciones internacionales, académicos, abogados y funcionarios de Estado han argumentado que los procesos de arbitraje han tenido un impacto negativo sobre el interés público y necesitan ser modificados o deberían erradicados.

Por lo tanto, se han propuesto versiones modificadas del sistema para evitar la mayoría de los “efectos colaterales” de las reglas estándares del ISDS. Por lo menos 45 países y cuatro bloques regionales están revisando o han revisado recientemente sus modelos de acuerdos de inversión. En 2012 Sudáfrica comenzó a retirarse de sus tratados bilaterales de inversión y enmendó su legislación interna para hacerla compatible con las protecciones a los inversionistas del tipo de los TBI, pero incorporó también excepciones cuando se justificaban por consideraciones del interés público.

En 2014, Indonesia decidió terminar con 67 tratados bilaterales de inversión y ha estado desarrollando un nuevo modelo de Tratado Bilateral de Inversión que supuestamente refleja un enfoque más equilibrado entre los derechos del país a establecer reglas y la protección al inversionista extranjero.

En 2015, La Comisión Europea estableció un nuevo “Sistema de Tribunales de Inversiones (ICS por sus siglas en inglés)” para reemplazar al mecanismo actual del ISDS en sus acuerdos comerciales. El ICS ha sido incorporado en los acuerdos de la UE con Canadá (CETA) y Vietnam. También ha sido propuesto para las negociaciones en curso con México, las Filipinas y los EUA (TTIP). Sin embargo muchas críticos aseguran que este nuevo sistema es más que nada maquillaje.

En diciembre de 2015, India promulgó un modelo revisado de TBI que, por ejemplo, requiere que los inversionistas agoten los remedios internos (es decir las cortes de India) antes de recurrir al arbitraje internacional y abandonar las previsiones “de trato justo y equitativo”

En 2016, miembros de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (CDAA), que incluye a Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibia, Sudáfrica y Swazilandia, reformaron el Protocolo de Finanzas e Inversión (SADC), que también incluye un mecanismo de resolución de disputas ISDS. Se eliminaron las previsiones ISDS (sólo permanecieron las del arbitraje Estado-Estado) y se acotó el rango de los derechos de los inversionistas, incluida la exclusión de “trato justo y equitativo”, las limitaciones de “tratamiento nacional” que permiten preferencias locales, obligando a los inversionistas a cumplir las leyes internas del país anfitrión y las excepciones a las reglas de inversión procedentes de políticas promulgadas para cumplir con los tratados internacionales.

En América del Sur, expertos de la Unión de Naciones del Sur (UNASUR) han desarrollado un centro de resolución de inversiones, como una alternativa al Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de Inversión (CIADI) del Banco Mundial.

En 2017, por todo el mundo hubo Estados que comenzaron a debatir en la CNUDMI (la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional) sobre cómo emprender una reforma del sistema de arbitraje de conflictos o diferencias entre los inversionistas y los Estados que aborde la preocupación que existe en torno a su legitimidad y reequilibre el sistema. Como parte de estos debates, la UE propuso crear un Tribunal Multilateral de Inversiones (MIC, por sus siglas en inglés), que fue objeto de críticas por parte de grupos de la sociedad civil, ya que un MIC “consagraría, ampliaría y afianzaría el actual sistema de privilegios corporativos en futuros acuerdos comerciales”.

Foto: Attac / CC BY-SA 2.0

marzo de 2021