Servicios

Las corporaciones de servicios han usado las disposiciones del arbitraje de disputas inversionistas- estado (ISDS) que se incluyen en los acuerdos comerciales y de inversión, para impugnar los intentos de los estados de regular los servicios públicos privatizados como el agua, la seguridad social y otros servicios.

En respuesta a varios gobiernos que han tratado de bajar las tarifas de los servicios públicos para las poblaciones más pobres o para enfrentar crisis económicas importantes, las compañías extranjeras han iniciado disputas ISDS, reclamando que fueron tratados “injustamente” debido a las pérdidas de utilidades.

Potencialmente, cualquier reforma importante de los estándares en relación a grandes infraestructuras o instalaciones asociadas a servicios públicos podría ser llevada ante el ISDS.

A finales de 2019, alrededor de 2/3 de todas las disputas del ISDS se referían al sector de los servicios en general, incluidos los servicios públicos pero también los servicios financieros, las telecomunicaciones, el transporte, la construcción, etc.

Las disputas más conocidas incluyen:

• Azurix (EEUU) vs Argentina: US$165 millones concedidos en el año 2006 al inversionista, un compañía de agua. La disputa surgió a partir de la contaminación del reservorio, lo cual convertía al agua del área como no potable. La empresa reclamó que el gobierno había expropiado su inversión y que negó a la empresa “un trato justo y equitativo” al no permitir aumento de tarifas y por no invertir suficientes fondos públicos en la infraestructura de agua potable (se invocó tratado bilateral Argentina-EEUU).

• Tampa Electric Company “TECO” (EEUU) vs Guatemala: la compañía de energía, de origen estadounidense, impugnó la decisión de Guatemala de bajar las tarifas de la electricidad que una compañía de servicios privada podía cobrar. TECO fue compensado con US$25 millones en el año 2013 (se invocó el CAFTA).

• TCW (EEUU) vs República Dominicana: La corporación estadounidense de administración de inversiones, la que era propietaria, en conjunto con el gobierno, de una de las tres empresas de distribución eléctrica de República Dominicana, demandó al gobierno por no aumentar las tarifas eléctricas y por no impedir el robo de electricidad por parte de las poblaciones pobres. El caso fue resuelto en el año 2009 por US$26,5 millones pagados al inversionista (se invocó el CAFTA).

Foto: Aqua Mechanical / CC BY 2.0

(marzo de 2020)

Broadband TV News | 11-mar-2021
Netherlands-based United Group claims that Serbia has violated several obligations related to incentives and mutual protection of investments between the two countries.
CNN | 24-feb-2021
An aribtral tribunal ordered Libya to pay the Al Kharafi Group $930 million in damages. The Al Kharafi Group sued the Libyan state in France too, so when Gadhafi’s A340 landed in France, they sought to have it impounded.
Reuters | 24-feb-2021
Kuwaiti logistics company Agility’s claim to recover more than $380 million it said it lost in Iraq has been rejected by an international tribunal.
Radio Free Europe | 12-feb-2021
Radio Free Europe/Radio Liberty says Russia is violating a bilateral investment treaty by targeting the organization’s news operations within Russia under its controversial “foreign agent” law.
Interfax | 10-feb-2021
US Optima Ventures intend to file a lawsuit against the United States seeking compensation of $23 million in response to two civil forfeiture actions targeting their assets in Louisville.
AFTINET | 9-feb-2021
Google’s Singapore subsidiary could use a controversial ISDS provision in the Singapore-Australia Free Trade Agreement to demand millions in compensation over proposed Australian regulation for payment of news content.
Australian Financial Review | 4-feb-2021
Google and Facebook could sue the government for billions of dollars over a proposed law to force the digital giants to pay publishers for displaying news content, by seizing on investment clauses in the Australia-Singapore trade agreement.
Le Monde du Droit | 30-ene-2021
Un tribunal arbitral présidé par Albert Jan van den Berg a octroyé US$218.205,00 en dommages-intérêts à M. El Jaouni alors que le montant des dommages-intérêts initialement sollicités s’élevait à US$1.3 milliard.
Memesita | 22-ene-2021
Nuevo Pudahuel had asked the Ministry of Public Works to extend the term of the concession contract as a result of the pandemic, but the MOP was closed to changes in the contract.
Mediapart | 21-ene-2021
Vinci et ADP menacent le Chili d’une procédure d’arbitrage, suite à la pandémie et à la réduction concomitante du trafic aérien. Ils utilisent une justice privée qui coûtera des millions aux contribuables chiliens, indépendamment du jugement.