Costa Rica enfrenta millonarias demandas canadienses

"Tenemos a la vista un claro antecedente de lo que nos pasará si aprobamos
el TLC con los Estados Unidos", advirtió el diputado Gerardo Vargas, del
Partido Acción Ciudadana (PAC), al señalar que los privilegios concedidos a
los inversionistas están ampliados en el TLC con Estados Unidos que firmó el
gobierno de Abel Pacheco y que está pendiente de ratificación en la Asamblea
Legislativa.

Ante una consulta del diputado, el Ministerio de Comercio Exterior (Comex)
confirmó las demandas de arbitraje solicitadas ante el Centro Internacional
de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.
Una es del ciudadano canadiense Charles Bergeron y otros inversionistas de
Ofinter, y la segunda es de Vanesa Ventures, que a través de su subsidiaria
Industrias Infinito S.A pretende desarrollar el proyecto de minería de oro a
cielo abierto en Las Crucitas de Cutris de San Carlos. En ambos casos se
cuestiona actuaciones de autoridades o entidades públicas de Costa Rica que
presuntamente lesionan derechos de los inversionistas.

Según dijo el Comex al diputado, el CIADI se encuentra analizando ambas
solicitudes de arbitraje y enviará a las partes una notificación del acto de
registro.

La primera demanda pretende el pago de 203.985.145 dólares más los costos
del arbitraje y los intereses que determine el tribunal, y la segunda es por
276 millones de dólares más inversiones por 34 millones de dólares,
intereses y otros pagos y ganancias perdidas por al menos 240 millones de
dólares. En suma, alrededor de 500 millones de dólares.

Primer intento

Ya en abril del 2003 Vanessa Ventures había comunicado al entonces titular
del Comex, AlbertoTrejos, que presentará una demanda invocando el "Acuerdo
entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá para
la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones", si el gobierno no
aceptaba dialogar sobre las exigencias ambientales que tenían paralizado el
proyecto minero.

Dicho acuerdo de inversiones fue suscrito por ambos gobiernos en 1998 y fue
ratificado sin discusión en la Asamblea Legislativa en 1999 e incorporado a
las disposiciones del TLC con Canadá.

La empresa cuestionaba una decisión de la Secretaría Técnica Ambiental
(SETENA) del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) en relación con los
estudios de impacto ambiental del proyecto, y la demanda no fue concretada
porque se revocó la decisión de la SETENA.

Según el abogado José María Villalta, "el problema de estos acuerdos es que
conceden una serie de privilegios a los inversionistas extranjeros, que van
mucho más allá de los derechos que tienen los ciudadanos y las empresas
costarricenses".

El país -añadió- se somete a priori a arbitrajes internacionales,
renunciando a que los asuntos sean resueltos en los tribunales nacionales
según la legislación interna, lo cual es un error, porque el país se coloca
en una situación de vulnerabilidad frente a las empresas y sus abogados,
además de que tener que hacer frente a costosos gastos en la defensa.

Este mecanismo constituye una amenaza para la soberanía del país y una
limitación a su autonomía para fijar políticas públicas de desarrollo,
protección al ambiente, aprovechamiento de los recursos naturales y el
manejo de la economía en general, ya que las empresas lo utilizan para
atacar esas políticas y torcerle el brazo a los gobiernos. Así se ha visto
en casos resueltos ya en el marco del tratado de libre comercio de América
del Norte (TLCAN, NAFTA en inglés), señaló Villalta, asesor del diputado
Vargas.

Por eso en el TLC de Australia con Estados Unidos, que se negoció
paralelamente al TLC con Centroamérica, este asunto fue excluído. Australia
exigió que se excluyera y Estados Unidos aceptó, porque ya hay comunidades
estadounidenses que se han visto afectadas por empresas canadienses que
están usando esto.

"El mecanismo incorporado en el TLC con Canadá está también incorporado en
el TLC que nos quieren imponer con Estados Unidos, pero aún más amplio,
porque se le dan más privilegios a las empresas de Estados Unidos", afirmó.

Este régimen se incluyó por primera vez en el TLCAN y a los 11 años que
lleva de vigencia se han dado casos muy graves en los cuales las empresas
transnacionales han impugnado este tipo de políticas de los Estados y han
ganado las demandas, insistió Villalta.

Por ejemplo, una empresa estadounidense ganó una demanda a una municipalidad
de México al no permitir un botadero de desechos tóxicos por considerar que
afectaba el ambiente. La empresa demandó y se condenó a México a pagar 15
millones de dólares.

"Hemos visto a los negociadores diciéndonos que no hay que preocuparse con
el TLC, porque la mayoría de cosas ya están incluidas en otros acuerdos
firmados por el país, pero aquí tenemos la prueba de que sí hay una amenaza
directa", señaló el abogado.

Como ejemplo de los privilegios concedidos a los inversionistas y que van
más allá de la legislación nacional mencionó el criterio de los llamados
actos equivalentes a la expropiación o expropiación indirecta contemplados
en el TLC, que extiende el concepto de expropiación a otros actos
regulatorios del Estado que no son expropiaciones tal y como éstas definidas
en el derecho interno. En la legislación costarricense la expropiación
consiste en privar al dueño de su propiedad, previa indemnización, por
razones de interés público y cuando se trata de regulaciones ambientales, la
Sala IV ha establecido que no son expropiaciones sino limitaciones de
interés público al derecho de propiedad privada, partiendo de que éste no es
un derecho absoluto sino que tiene que responder a otros criterios como la
función social y el bien común, cosas no contempladas en el TLC.

Los árbitros

Los tribunales arbitrales son organismos privados, conformados por tres
abogados, que no están sujetos a ningún Estado ni rinden cuentas a nadie, y
se rigen por las reglas del TLC y ni siguieren necesitan conocer la
legislación interna de los Estado.

Uno de los abogados es nombrado por la empresa, otro por el gobierno
demandado y el tercero por el CIADI, lo que ya de por sí da una idea de
quien entra perdiendo, según Villalta.

Según Comex, el gobierno de Costa Rica ha designado ante el CIADI una lista
de abogados que servirían de "árbitros o mediadores", compuesta por el
norteamericano Thomas Buergenthal, ex presidente de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos; Charles Broker, ex asesor legal del Departamento de
Estado de Estados Unidos; el abogado costarricense Manuel Peralta y el ex
vicepresidente Rodrigo Oreamuno, socio del Bufete Facio y Cañas y miembro
del panel de árbitros de la Cámara Americana de Comercio (Amcham).

Privilegio

El diputado Vargas alertó que en el Capítulo de Inversiones del TLC con los
Estados Unidos (sección B) se reproduce e incluso se amplía este régimen de
solución de disputas "Inversionista-Estado" contenido en el TLCAN, mediante
el cual, las controversias surgidas entre los Estados firmantes y los
inversionistas extranjeros de cualquiera de las otras partes, con ocasión de
las decisiones de aquellos relativas a sus inversiones, pueden ser sometidas
a tribunales arbitrales internacionales, cuando así lo soliciten dichos
inversionistas.

"Mediante este mecanismo, en aras de una pretendida ’seguridad jurídica’ de
las multinacionales, se les otorga el privilegio de cuestionar ante
tribunales arbitrales de naturaleza privada decisiones de las autoridades
nacionales, cuando consideren que afectan sus inversiones en el país; y se
permite que sean sustraídas de la esfera de competencia de las autoridades
nacionales -administrativas y judiciales- discusiones de marcado interés
público, que atañen directamente a la población en su conjunto,
trasladándolas a tribunales privados que no tienen ninguna garantía de
transparencia y que incluso, ni siquiera tienen el deber de sesionar en el
territorio nacional", indicó el legislador en un comunicado.

Vargas dijo que "sin ir más lejos, en Costa Rica ya se han empezado a
experimentar las consecuencias negativas de estos acuerdos". Recordó que en
setiembre del 2003, mientras el TLC con Estados Unidos se encontraba en
proceso de negociación, la empresa estadounidense Harken Energy (fundada por
el presidente Bush) presentó formal solicitud ante el Gobierno de Costa Rica
para cuestionar en un arbitraje internacional, bajo las reglas del CIADI, la
decisión de la SETENA de rechazar el estudio de impacto ambiental que esa
firma había presentado para la realización de un proyecto de exploración y
explotación petrolera en el Caribe Costarricense.

En esa oportunidad, el gobierno se negó a acudir a dicho arbitraje
sosteniendo que la discusión sobre la aplicación de las leyes ambientales
del país y las decisiones de las autoridades técnicas en la materia debe
darse en los tribunales nacionales (como lo ha establecido la Sala IV en sus
resoluciones), pero no lo hubiera podido hacer si el TLC con Estados Unidos
hubiera estado vigente.

Se trataba de una demanda multimillonaria de 57 mil millones de dólares (más
de tres veces el presupuesto de la República) y de haberse aceptado al
arbitraje, las comunidades que participaron en el debate en torno al citado
proyecto petrolero habrían quedado totalmente excluidas del proceso.

Chantaje

Villalta afirmó que las demandas presentadas son un ejemplo claro de cómo
los inversionistas utilizan este tipo de privilegios para presionar a los
gobiernos, a fin de que modifiquen decisiones en las que están en juego
intereses de la colectividad sobre asuntos de interés público, como lo son
las políticas para la protección del ambiente y la salud pública.

En el caso de Vanesa Ventures las amenazas han sido directas. El
vicepresidente de la compañía, Erich Rauguth, advirtió en un comunicado de
prensa emitido con motivo de la primera demanda presentada en abril del
2003, que si el gobierno no iniciaba el diálogo con la empresa, entonces
acudiría a un arbitraje internacional, "que de por sí, le costará mucho
dinero a Costa Rica", "sin considerar la inminente indemnización que
tendrían que pagar".

En esa ocasión el asunto no pasó a más porque el ministro revocó la decisión
de SETENA, pero ahora la empresa vuelve a cuestionar la actuación de esa
oficina encargada de autorizar los estudios de impacto ambiental y presenta
la nueva demanda.

Este es un caso de chantaje que tiene particular gravedad, según Villalta,
porque existe un fallo de la Sala IV que canceló la concesión a la empresa,
y ese tribunal no ha resuelto un recurso de aclaración y adición a la
resolución que presentó la compañía.

Llama la atención que la SETENA acaba de dar un primer paso para resolver a
favor de la compañía, lo que no debió de darse por estar el asunto en la
Sala IV, apuntó.

De prosperar el reclamo de la empresa, el tema sería sustraído de la
competencia de las autoridades locales, por lo que la población que ha
participado en la discusión del estudio de impacto ambiental del proyecto
minero quedaría sin posibilidad alguna de ser escuchada.

Se preguntó qué pasa si una municipalidad hace un plebiscito y decide que un
proyecto no conviene porque va a afectar el ambiente y que la prioridad de
la comuna es otra. Esa prioridad, en ejercicio de la autonomía de un
gobierno local, puede ser impugnada por una empresa ante un tribunal
arbitral, van a ser los del Comex los que van a llevar el arbitraje y la
municipalidad ni siquiera va tener oportunidad de ser escuchada, señaló.