Peru
Conflictos Mineros | 6-Dec-2017
El pasado 2 de diciembre se hizo pública la resolución del tribunal arbitral que veía la demanda de la empresa canadiense Bear Creek, en contra del Estado peruano.
Diario Correo | 5-Dec-2017
El desarrollo del proyecto de plata Santa Ana, ubicado en Puno, fue detenido por un Decreto Supremo en el 2011. Tres años después, la empresa ha ganado el fallo ante el Ciadi.
Mining Weekly | 4-Dec-2017
The arbitrators agreed with the company that Peru had breached its obligations to the company under the Canada-Peru Free Trade Agreement when it expropriated the company’s Santa Ana silver project, in 2011.
Harvard International Law Journal | 26-Oct-2017
On July 2016, a Partial Award dismissed the Renco Group Inc. v. The Republic of Peru case, indicating, however, that a new arbitration claim could be pursued against the State.
CIAR Global | 10-Oct-2017
El arbitraje se inició ante la negativa de Cofide a brindar la financiación necesaria a la minera para continuar con la explotación del proyecto de la mina de oro Bandera Ollachea.
Gestión | 19-Sep-2017
Tribunal arbitral del Ciadi habría culminado con las actas correspondientes al arbitraje internacional, informó Bear Creek. Avanza con estudios del proyecto Corani.
Junior Mining Network | 19-Sep-2017
Tribunal hearing the Bear Creek Mining’s Santa Ana ICSID arbitration claim has officially closed proceedings in the case.
La República | 9-Aug-2017
El representante de Odebrecht en Perú, Mauricio Cruz, advirtió que la constructora recurrirá a un arbitraje internacional si se pospone la venta de sus acciones en el proyecto Gasoducto Sur Peruano que, en su opinión, debe concretarse en enero de 2018.
Intercontinental Cry | 27-Jul-2017
This past month, eighteen Aymara community leaders endured the final stages of a trial that had them facing up to 28 years in prison and massive fines for their alleged roles in the 2011 ‘Aymarazo’ protests against the Santa Ana silver mine on the Peru-Bolivia border.
Diario Correo | 10-Jul-2017
Los documentos presentados por la empresa ante el tribunal argumentan que el Aimarazo fue motivado por ambiciones políticas y la población de la zona afectada por el proyecto de extracción minera Santa Ana.