A 6 años del “Aymarazo” en Perú

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A 6 años del “Aymarazo” en Perú

Por Radio Mundo Real | 26-6-17

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Aún existen procesos penales pendientes a dirigentes sociales y una demanda millonaria en el CIADI

Han pasado 6 años del conflicto socio-ambiental conocido como “El Aymarazo” en Perú, una movilización realizada en el departamento de Puno en 2011, en rechazo al proyecto minero “Santa Ana”, de propiedad de la empresa canadiense Bear Creek Mining Corporation.

Se trata de un proyecto de minería a cielo abierto ubicado cerca de la frontera con Bolivia, que pretendía explotar más de 63 millones de onzas de plata por un período de 11 años a partir del 2012. La población rechazó el proyecto por el potencial uso y contaminación de las fuentes de agua de la zona, incluyendo el Rio Desaguadero y el Lago Titicaca, que comparten Perú y Bolivia.

Como consecuencia de la suspensión del proyecto, existen 18 dirigentes comunales procesados, acusados de los supuestos delitos de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, disturbio y extorsión agravada. Entre ellos se encuentra Francisca Sarmiento, la única dirigente mujer en etapa de proceso. La fiscalía exige una pena de 18 a 28 años de prisión para los acusados, y el pago de siete millones de soles (más de dos millones de dólares) por concepto de reparaciones. El juicio penal se encuentra en su etapa final.

En una co-producción del Centro para la Democracia (Leny Olivera Rojas, Sian Cowman y Aldo Orellana López) y de Derechos Humanos y Medio Ambiente – DHUMA PUNO, entrevistamos al abogado Rodrigo Lauracio Apaza, integrante de DHUMA, sobre la criminalización de la protesta social en Perú en el contexto de “El Aymarazo” y presentamos este informe radial. DHUMA forma parte de la Coordinadora Nacional de Derechos y la Red MUQUI en Perú.

Mientras tanto, Bear Creek sostiene una demanda (iniciada en agosto de 2014) contra el estado peruano en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones –CIADI, órgano del Banco Mundial. Amparada en el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Perú, la empresa exige el pago de 1 200 millones de dólares por la suspensión de su proyecto. Pese a esta demanda, Bear Creek continúa en la región impulsando otros emprendimientos, como el proyecto minero Corani, ubicado también en el departamento de Puno.

Esta es la realidad a la que se enfrentan las comunidades que rechazan los proyectos mineros en Perú, donde las organizaciones sociales y sus dirigentes son criminalizados y estigmatizados por el rechazo a la minería y por su condición indígena. La agresiva política pro-minera reinante en el país ha producido una gran cantidad de conflictos socio-ambientales, el despojo de tierras, desplazamiento de poblaciones y la violación de derechos humanos y colectivos. Esta política es impulsada por las corporaciones transnacionales como Bear Creek, que son las que se benefician en última instancia de la extracción de recursos y la transgresión de los derechos de las comunidades, que luchan por defender sus territorios.

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