Chile: Alsacia acusa al Gobierno y se sumaría a reclamo ante el Ciadi que prepara Subus

Chile: Alsacia acusa al Gobierno y se sumaría a reclamo ante el Ciadi que prepara Subus

Por Carla Cabello, 16-6-16

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Operadora alega que el Estado no está dando respuesta a la problemática que enfrenta la industria y que eso es lo que explica, en parte, los resultados financieros.

Más y más problemas enfrenta el Transantiago.

A la demanda que hace un mes anunció la empresa colombiana Subus contra el Gobierno de Chile por incumplimiento de contrato ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), ahora se sumaría otra firma operadora del Transantiago, Alsacia.

Según señalaron altas fuentes del Gobierno, Alsacia habría hecho llegar una carta a Cancillería anunciando que también acudiría al Ciadi. Esto no fue desmentido ni por Alsacia ni por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Alsacia, controlada por la colombiana Global Public Services, ya había dejado ver en su última memoria anual enviada a la SVS el difícil momento por el que atraviesa.

“Nuestra empresa se encuentra inserta en un espiral de deterioro sistemático de su equilibrio económico-financiero, sin que se hayamos sido escuchados por la autoridad y que ésta se haya comprometido a comenzar un proceso vinculante par resolver esta situación, según lo contempla nuestro contrato de concesión y lo cual ha sido formalmente solicitado por la empresa”, dice el presidente de Alsacia, Carlos Ríos, en su carta a accionistas.

La empresa explica que 2015 fue un año sumamente desafiante para la empresa.

“La operación se vio seriamente afectada por múltiples factores ajenos a la gestión de la empresa, siendo uno de ellos el cambio de criterio de la Dirección del Trabajo, que permitió el adelantamiento en más de un año de los procesos de negociación colectiva con organizaciones sindicales que tenían suscritos convenios colectivos vigentes, con las consecuencias en mayores costos que ello implicó”, dice Ríos.

Agrega que la empresa sufrió una fuerte caída en validaciones durante el 2015, por tercer año consecutivo, “terminando el ejercicio 2015 con $102.537 millones por este concepto”.

Por otra parte, manifiesta que la flota operacional base vigente con la cual la empresa opera, “ha sido y continúa siendo insuficiente para cumplir con el plan operacional exigido por la autoridad, lo que significó varios impactos financieros y operacionales adversos, incluyendo altísimos descuentos a los ingresos llevados a cabo por la autoridad”. Y agrega: “la operación se vio muy afectada por este déficit de flota reconocido formalmente por la autoridad durante proceso de revisión de flota en el 2015, así como la escasa flota de reserva autorizada”.

A ello, sostiene, “se deben sumar los efectos producidos por la creciente evasión, la que ha alcanzado importantes niveles de alrededor de un 30%, situación que ha afectado severamente los resultados financieros de la empresa”.

“Sin perjuicio de los obstáculos a los que nos vimos enfrentados durante el año”, Ríos señala en la misiva estar confiado en “lograr acuerdos con la autoridad para poder disponer de los elementos necesarios para poder alcanzar nuestra meta de entregar un servicio de excelencia”.

DTPM: Si hay riesgo, el contrato con Subus establece reasignación de servicios

El Director de Transporte Público Metropolitano (DTPM), Guillermo Muñoz no descarta que algunos recorridos de Subus puedan ser cedidos a otros operadores en medio de la profunda reestructuración que está llevando adelante Subus tras acogerse a la nueva Ley de Quiebras.

“Nos interesa que se garantice la continuidad y calidad del servicio. Si hay elemento de Subus o de otra operadora que ponen en riesgo la continuidad o la calidad del servicio el contrato establece como una de las medidas posibles a tomar la reasignación de servicios”, dice Muñoz.

“Si se cumpliera con las condiciones nosotros evaluaríamos tomarlas tal como lo evaluaríamos tomar con cualquier otro operador. En este caso no puedo señalar a priori que lo vamos a tomar porque es parte de las herramientas que están planteadas en el contrato”, agrega.

“Lo que nosotros tenemos que hacer es resguardar la calidad y continuidad del servicio. Si hay riesgos en ese tipo de elementos tenemos que gatillar elementos del contrato que permitan restablecer la calidad y la continuidad. No nos podemos inhibir de nuestra obligación aun cuando la empresa esté en reestructuración. Ahora estamos monitoreando, no vemos la necesidad de gatillar ningún proceso, pero si más adelante sucediera, tendríamos que aplicarlo”, dijo Muñoz.

Fuente: Pulso