Vozpopuli | 30 de Abril, 2026
El Gobierno contraataca para frenar el arbitraje de 1.250 millones de Berkeley por la mina de uranio
Por Alba Pérez
El Gobierno y el gigante australiano Berkeley activan la maquinaria de uno de los mayores arbitrajes contra España de la historia. Un litigio de 1.250 millones de dólares por la paralización de la mina de uranio de Retortillo (Salamanca), que se dirime en Estados Unidos.
El pasado febrero, Berkeley movió ficha ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) con la presentación de su reclamación completa.
En ese escrito, la minera australiana detalló la historia del Proyecto Salamanca y del conflicto con el Estado, expuso los argumentos legales en los que basa su reclamación de 1.250 millones de dólares y aportó declaraciones de testigos, además de informes de expertos sobre cuestiones técnicas, regulatorias y la valoración de los daños reclamados.
La Abogacía del Estado ha hecho su primer movimiento dentro del procedimiento al pedir al tribunal del CIADI que separe el procedimiento y resuelva antes si el organismo tiene realmente jurisdicción para juzgar el caso.
Con este movimiento, el Gobierno intenta abrir una fase preliminar que puede ralentizar muchos meses el arbitraje antes de entrar a discutir el fondo de la reclamación y los 1.250 millones que exige Berkeley. La maniobra se apoya en los mecanismos del propio CIADI que permiten plantear objeciones procesales previas antes de abordar el núcleo del litigio.
La compañía minera australiana ya está preparando la réplica a esa ofensiva procesal del Estado, en un pulso que empieza a elevar la tensión jurídica dentro del arbitraje. En este procedo, Berkeley cuenta con el asesoramiento legal de Herbert Smith Freehills Kramer, junto a Riaño Abogados.
El tribunal que decidirá el caso quedó constituido en marzo de 2025 y está formado por tres árbitros con amplia experiencia en grandes litigios internacionales.
Lo conforman la presidenta Sabina Sacco, con experiencia en disputas relacionadas con Estados como Colombia, México o Venezuela. Berkeley eligió a Klaus Reichert, árbitro que ya participó en el conocido caso Antin contra España por los recortes a las renovables, mientras que el Estado nombró a Zachary Douglas, otro veterano del arbitraje internacional que también ha intervenido en procedimientos millonarios contra España ligados al sector energético.
La disputa se remonta a 2021, cuando el Ministerio para la Transición Ecológica, entonces dirigido por Teresa Ribera, bloqueó la autorización de construcción de la mina de uranio de Retortillo apoyándose en un informe negativo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Este informe cuestionó la fiabilidad de varios análisis técnicos y ambientales presentados por Berkeley, especialmente en materia geotécnica e hidrológica.
El choque coincidió además con la entrada en vigor de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que cerró la puerta a nuevas explotaciones de uranio en España. Berkeley sostiene, sin embargo, que sus permisos y derechos previos la dejaban fuera de esa prohibición y acusa tanto al CSN como al Ministerio de haber actuado de forma arbitraria durante la tramitación del proyecto.
A partir de ahí, el conflicto escaló en paralelo en los tribunales españoles y en el frente internacional. La presión social y ambiental contra la mina acabó desembocando en diciembre de 2023 en la anulación de permisos urbanísticos clave por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
En noviembre de 2022, la compañía ya había enviado al Gobierno una notificación formal de disputa al amparo del Tratado de la Carta de la Energía. Sin acuerdo entre las partes, la minera registró finalmente su demanda ante el CIADI en mayo de 2024, inicialmente por unos 920 millones de euros.
Berkeley ha terminado elevando la reclamación hasta los 1.250 millones de dólares, convirtiendo el caso Retortillo uno de los más caros que ha existido hasta el momento contra el Reino de España.
Con todo, la minera australiana siempre ha insistido en que está dispuesta a colaborar con las autoridades de España para encontrar una “solución amistosa” a la situación de los permisos de esta mina, aunque por el momento las conversaciones se limitan al terreno judicial.
