España pierde otro caso por la prima a las renovables y la factura podría rondar los 2.000 millones de euros

Intereconomia | 9 de Septiembre, 2025

España pierde otro caso por la prima a las renovables y la factura podría rondar los 2.000 millones de euros

Un tribunal de Columbia (EE.UU.) ha dictado una nueva sentencia contra España por el recorte retroactivo de las primas a las energías renovables, esta vez a favor de Infrared, brazo inversor del banco HSBC, al que España tendría que pagar en torno a 35 millones de euros. Esa cantidad se suma a otros muchos casos, con indemnizaciones pendientes que superan los 1.492 millones de euros y, sumando intereses y sobrecostes procesales, la factura puede incrementarse en otros 386 millones adicionales, como exponen los afectados en la web SpanishRenewableDebt.com.

Así lo ha informado este martes el fondo de inversión estadounidense Blasket Renewable Investment, afectado en otro de los casos, que recuerda que este nuevo varapalo para España se produce poco después de conocerse los fallos de los casos Eurus (Grupo Toyota), RREEF e Infrastructure Services, conocido también como el «caso Antin».

La sentencia del caso Infrared, que está siendo gestionado por Blasket Renewable Investment, rechaza los argumentos de España sobre la supuesta invalidez del arbitraje que condenó al país por retirar de forma retroactiva los incentivos ofrecidos a las energías verdes.

Laudo del CIADI

Según el fallo, la justicia de EE.UU. toma en consideración el laudo emitido por el CIADI, tribunal del arbitraje del Banco Mundial en el que Infrared canalizó su denuncia, apoyándose en dos piezas clave de derecho internacional: el Tratado de la Carta de la Energía (TCE) y el Convenio que regula la actividad y el funcionamiento del propio CIADI.

La denuncia de Infrared arranca en 2014 y se refiere a dos proyectos de inversión en energías renovables ubicados en Andalucía y Extremadura, respectivamente.

El desastre de las primas a las renovables se originó en 2007 con Zapatero. Más tarde, los cambios regulatorios y fiscales aprobados entre 2010 y 2013 y la naturaleza retroactiva de estas modificaciones en el régimen de incentivos hicieron que el tribunal del CIADI fallase contra España el 2 de agosto de 2019.