Por IPS, Terra Justa, HSN y TNI | Septiembre 2024
Inversiones mafiosas contra Honduras
Una avalancha de demandas en contra de Honduras
En 2023 y 2024 Honduras ha recibido el total de diecinueve demandas en el arbitraje internacional por parte de inversionistas extranjeros y nacionales. Solamente entre 2023 y 2024 (hasta agosto) recibió catorce demandas en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), del Banco Mundial. Durante los últimos dos años, las demandas se orientan principalmente a enfrentar algunas de las medidas tomadas por el Gobierno de Xiomara Castro.
Es importante señalar que la mayor parte de estas tienen su base en demandas de empresas cuyas inversiones fueron realizadas de manera irregular, durante el periodo conocido como la narcodictadura en Honduras, después del golpe de Estado del año 2009. Además, más de un tercio de ellas corresponde a inversiones que han generado resistencia por parte de las poblaciones más afectadas.
Este conjunto de demandas constituye un asalto corporativo en contra de los esfuerzos de la administración de la presidenta Xiomara Castro y de las luchas sociales del pueblo hondureño por salir de las secuelas del golpe de Estado de 2009. Recientemente, el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) fue sentenciado a cuarenta y cinco años de cárcel en el distrito sur de Nueva York por delitos relacionados con el narcotráfico y posesión y uso de armas.
El sistema de protección de inversiones: justicia para las corporaciones, no para los pueblos
Las demandas de arbitraje supranacional son posibles por la existencia de un conjunto de cláusulas en los tratados de libre comercio (TLC), tratados bilaterales de inversión (TBI), leyes nacionales de inversión y contratos. El mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado (ISDS por su sigla en inglés), incluido en legislaciones y tratados internacionales, permite a los inversionistas extranjeros saltarse los tribunales nacionales y presentar sus demandas contra los Estados directamente en tribunales de arbitraje internacional sobre inversiones. Se genera internacionalmente un sistema de “justicia paralela” que desconoce, y muchas veces desautoriza, a la justicia nacional.
En efecto, el sistema de protección de las inversiones extranjeras es asimétrico y unilateral, ya que es una herramienta exclusiva para inversionistas transnacionales que, a pesar de ilegalidades, abusos, corrupción, represión y falta de justicia para las comunidades afectadas, les permite llevar demandas en contra de Estados soberanos. Al mismo tiempo, da oportunidad a las empresas y sus representantes, de una manera oscura y tras puertas cerradas, de usar la amenaza de posibles demandas para tratar de influir sobre el alcance o aplicación de políticas importantes para el bienestar público, el respeto de los derechos colectivos y el cuidado del medio ambiente. Los árbitros no están obligados a considerar los derechos humanos de los pueblos afectados por las inversiones, sino que dictaminan sobre vulneraciones de los derechos de los inversionistas.
En Honduras, cuatro vías jurídicas permiten a los inversionistas extranjeros demandar al Estado:
1. Ocho tratados bilaterales de inversión
2. Doce tratados de libre comercio, incluyendo el Tratado de Libre
Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR)
3. La Ley para la Promoción y Protección de Inversiones de 2011
4. Los contratos celebrados por el Estado con inversionistas extranjeros y nacionales
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