España sigue su racha y gana otro laudo renovable (132 millones) por unanimidad

Por Rafael Méndez | 11-3-20

España sigue su racha y gana otro laudo renovable (132 millones) por unanimidad

El Ciadi desestima las reclamaciones de dos fondos suecos que habían invertido en hidráulica. El laudo, por unanimidad, se suma a los tres anteriores recibidos desde diciembre.

España sigue su racha en los arbitrajes internacionales por las renovables. El Ciadi, el organismo de arbitrajes del Banco Mundial, ha desestimado las reclamaciones de las empresas Hydro Energy e Hydroxana Sweden, que pedían 132 millones de euros. Después de comenzar con sonoras derrotas, España ha afinado su defensa, en manos de la Abogacía del Estado, y ha ganado los últimos tres laudos en el Banco Mundial —en uno de ellos se enfrentaba a una reclamación de unos 1.900 millones—.

El Ciadi decidió el pasado lunes desestimar las reclamaciones de dos empresas que habían invertido en energía hidroeléctrica en España. Estas firmas, como tantas otras, reclamaban por los recortes de primas de los sucesivos gobiernos. Esgrimían el Tratado de la Energía, un acuerdo internacional de los años noventa creado para garantizar las inversiones en el sector tras la caída del Muro. En el último caso resuelto, reclamaban 132 millones, que con costas e intereses podían ascender a 150 millones.

El laudo sigue los pasos de los laudos de Reeff, RWE, Baywa y PV Investor. Desde diciembre, el Ciadi ha dado la razón a España —a veces no en el 100% de los razonamientos, pero en casi toda la cuantía— en tres procedimientos. PV investors, por ejemplo, se quedó en 90 millones cuando la reclamación ascendía con costas a los 1.900 millones.

En el laudo del lunes, los tres árbitros consideran que los inversores tenían derecho a una rentabilidad razonable pero que existía un riesgo regulatorio que asumían al invertir en España. No solo rebaja el daño que han sufrido los inversores sino que acepta la tesis de fondo. Por eso limita la indemnización que deben percibir al mínimo en un cálculo que se debe realizar ahora. En estos casos, el demandante designa un árbitro, el demandado otro y el tribunal nombra al presidente. Lo más habitual es que las votaciones sean dos a uno —cada árbitro suele apoyar al que le ha designado—, pero en esta ocasión los tres suscriben el laudo. No hay voto. El sistema de arbitrajes no se basa en lo que hayan decidido otros árbitros en casos anteriores, aunque se suele tener en cuenta. Eso explica que, con los mismos recortes, España pierda y gane casos.

Los árbitros internacionales empiezan a asumir el criterio de los tribunales nacionales, a los que acudieron sin éxito los inversores nacionales : que la ley no está escrita en piedra y que en caso de crisis o de déficit tarifario de miles de millones como el que tenía España, el Gobierno puede tomar medidas.

El Ejecutivo de Sánchez ha aprobado además un decreto ley para dar mayor rentabilidad a los fondos de inversión que renuncien a estos arbitrajes. Tienen hasta septiembre para apuntarse, pero de momento siguen pleiteando y buscando ejecutar en tribunales ordinarios estos laudos. Primero lo intentaron en Estados Unidos y después abrieron una vía en Australia, donde un tribunal les dio la razón. Los fondos quieren embargar bienes de España en el exterior.

El laudo supone una victoria para el equipo de la Abogacía del Estado. Inicialmente, España contrató un bufete internacional, Herbert Smith Freehills, que llevó el megalaudo de PV Investors, pero después formó su equipo en el departamento jurídico del Estado. En este caso, bajo la dirección de Francisco Javier Torres Gella, los miembros del equipo fueron Javier Castro López, José Manuel Gutiérrez Delgado, Juan de la Rua Puig y Roberto Fernández Castilla. Los demandantes contrataron a Three Crowns y Gómez-Acebo & Pombo. Los arbitrajes se han convertido en una industria con minutas elevadísimas, viajes a vistas cerradas al público por medio mundo e intereses galopantes.

source: El Confidencial