29/8/07
Demanda Ferrovías de Guatemala a gobierno de Berger por incumplimiento
El funcionario del Ministerio de Economía, Julio Corado, portavoz en el caso de Ferrovías, informará este miércoles sobre las gestiones de Guatemala en el proceso del arbitraje internacional.
Guatemala.- El gobierno de Guatemala enfrentará un arbitraje internacional que decidirá sobre la demanda de una firma estadunidense por 65 millones de dólares de un negocio fallido en el privatizado sector ferrocarrilero.
La firma Railroad Development Corporation (RDC), propietaria de Ferrovías de Guatemala, presentó la demanda debido a que el gobierno del presidente Oscar Berger (2004-2008) declaró lesivo el contrato que le concedía el manejo del antiguo sistema ferrocarrilero.
El consorcio reclama el pago de 50 millones de dólares por la estimación de la ganancia que dejaría de percibir “lucro cesante” y 15 millones de dólares como devolución de las inversiones que habría efectuado para poner en marcha el vetusto ferrocarril guatemalteco.
El funcionario del Ministerio de Economía, Julio Corado, portavoz en el caso de Ferrovías, informará este miércoles sobre las gestiones de Guatemala en el proceso del arbitraje internacional.
Guatemala deberá designar a un funcionario extranjero para que la represente en el arbitraje solicitado por la firma estadunidense, que llevó el caso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), entidad del Banco Mundial.
La concesión del ferrocarril, para ser explotado por un periodo de 50 años, fue dispuesta por el gobierno del presidente Alvaro Arzú (1996-2000), cuya administración se caracterizó por su afán privatizador de las empresas estatales.
El gobierno actual a principios de este año declaró lesivo el contrato con el consorcio RDC por considerar que no ha realizado las inversiones prometidas en Ferrovías y tampoco consiguió reactivar el sistema ferrocarrilero como establecía el acuerdo.
De acuerdo a los abogados de la RDC en Guatemala, la compañía extranjera no pudo arrancar, pues el gobierno guatemalteco incumplió, por ejemplo, en su compromiso de desalojar a cientos de familias pobres que se han asentado en terrenos y extensos tramos de la vía del ferrocarril.
La RDC para ejecutar la demanda se amparó además en el Tratado de Libre Comercio suscrito entre Estados Unidos y Guatemala -como parte del bloque de los países de Centroamérica y Dominicana-, vigente en este país desde julio de 2006.
El Ministerio de Economía de Guatemala seguirá la integración de la instancia de arbitraje internacional que decidirá en el caso de la indemnización de 65 millones de dólares, exigida por el consorcio RDC al sentirse afectada por el negocio de Ferrovías.
Se trata de la primera controversia entre Guatemala y una empresa privada que deberá ser procesada y resuelta en el marco del TLC suscrito entre Estados Unidos y el bloque de Centroamérica y República Dominicana.
Luego de la firma del TLC con Estados Unidos, el CIADI -por medio del arbitraje internacional- se erigió en la instancia obligada de resolución de las transnacionales en sus diferencias con los estados.
Analistas han advertido que el CIADI, de acuerdo con antecedentes en casos contra Argentina y Bolivia, y el arbitraje internacional -que sólo puede ser solicitado por empresas y no por países- ha favorecido en sus resoluciones a los consorcios extranjeros.
Las decisiones del CIADI son inapelables, y a los estados latinoamericanos que han perdido casos contra las compañías transnacionales solo les ha quedado el recurso de pedir la nulidad del proceso.
La entonces jefa de la delegación negociadora del TLC por Estados Unidos es ahora parte del equipo de abogados y asesores de RDC en su reclamo de 65 millones de dólares contra Guatemala.
