Casos clave

Alimentación

• Cargill (EUA) vs México

En 2009, 90 millones de dólares le fueron otorgados al gigante procesador de alimentos, un productor de jarabe de alta fructosa de maíz (HFCS por sus siglas en inglés) un edulcorante derivado del maíz y ligado a la obesidad. El inversionista logró desafiar el impuesto al HFCS. El impuesto ayudaba a la industria mexicana del azúcar de caña, y sus cientos de miles de puestos de trabajo, contra las entradas de HFCS estadounidenses cuya producción era muy subvencionada por el gobierno de los Estados-Unidos. Además México estimaba que el impuesto era legítimo porque los Estados-Unidos rechazaban de abrir su mercado al azúcar de caña mexicano, como lo preveía el TLCAN. El tribunal de arbitraje decidió que el impuesto era una violación del derecho a un trato justo y equitativo (se invocó el TLCAN).

Derechos humanos, energía, medio ambiente

• Bechtel (Mauricio) vs India

La disputa tiene que ver con el proyecto Dabhol una planta de energía eléctrica activada con gas que manejan Enron, Bechtel y General Electric, y que era parte de los esfuerzos del gobierno indio por liberalizar el sector energético a principios de la década de 1990. El proyecto se empantanó en la controversia desde su inicio, con alegatos de corrupción en torno a los contratos y sus arreglos entre los inversionistas y las autoridades locales de India. Además de la oposición del público debida a violaciones a los derechos humanos. En 2000, después de una revisión del proyecto (que recomendó que fuera abandonado), el gobierno local de Maharashtra cancelo sus pagos por considerarlos excedidos. En consecuencia, nueve demandas de arbitraje internacional se lanzaron contra la India por parte de diferentes compañías que habían invertido en el proyecto, incluida la subsidiaria en Mauricio de Bechtel con sede en Estados Unidos. En julio de 2015, el caso se cerró con 160 millones de dólares en compensación en favor de Bechtel (Se invocó el TBI India-Mauricio).

Energía

• Yukos (de la Isla de Man) vs. Rusia

Yukos fue una corporación rusa para la producción de petróleo. El gobierno de Rusia lo vendió a mediados de los años 1990, en el proceso del polémico programa de privatización basado sobre la conversión de créditos en capital. Muchos bienes industriales nacionales fueron rentados (en realidad privatizados) a través de subastas para el dinero prestado al gobierno por bancos de inversiones. Las subastas fueron manipuladas y faltaban competencia, y en efecto fueron un forma de venta a muy bajo precio. En 2003, el presidente de Yukos fue arrestado por fraude y evasión fiscales. El siguiente año, el gobierno ruso congeló o confiscó los activos de la sociedad. En 2007, los antiguos principales accionistas de Yukos lanzaron una disputa ISDS y pidieran más de cien mil millones de dólares. El tribunal ordenó el Estado ruso pagar más de 50 mil millones de dólares en 2014. En 2016, un tribunal holandés anuló el fallo, ya que Rusia nunca ratificó el Tratado sobre la Carta de la Energía (ECT por sus siglas en inglés) que fue invocado. Pero una Corte suiza falló que Rusia estaba obligada por la aplicación provisional del tratado. Entretanto, desde 2015, los antiguos accionistas de Yukos han intentado apoderarse de activos rusos en varios países europeos. La saga continúa. (se invocó el ECT)

Energía, medio ambiente

• Vattenfall (Suecia) vs. Alemania (1)

En 2007, la corporación de energía obtuvo un permiso provisional para construir una planta activada con carbón como combustible cerca de la ciudad de Hamburgo. En un esfuerzo por proteger el río Elba de las aguas residuales desechadas por la planta, se añadieron restricciones ambientales para la aprobación final de su construcción. El inversionista comenzó una disputa arguyendo que haría inviable su proyecto. El caso fue finiquitado en 2011, y la ciudad de Hamburgo accedió a bajar sus requisitos ambientales (se invocó el ECT).

Estabilidad financiera

• Inversionistas vs. Argentina

Cuando el país congeló sus tasas de utilidades y devaluó sus divisas en respuesta a su crisis financiera de 2001-2002, fue golpeado por más de 40 demandas legales de inversionistas, incluyendo Suez, Vivendi (Francia), la Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A (España) y Anglia Water (del Reino Unido). Para enero de 2014, Argentina ha ordenado pagar un total de 980 millones de dólares (se invocaron varios TBI).

Medio ambiente, minería

• Bilcon (EUA) vs. Canadá

La corporación estadounidense desafió los requisitos ambientales canadienses que afectan sus planes de abrir una cantera de basalto y una terminal marina en Nueva Escocia. Los inversionistas habían planeado explosionar, extraer y enviar por el mar largas cantidades de basalto, desde un dominio de 152 hectáreas, situado en una zona habitable donde viven varias especies en vías de extinción, de la ballena más amenazada con desaparecer. Un grupo de expertos comisionado por el gobierno concluye que el proyecto amenaza a las comunidades locales. Basándose en estas recomendaciones, el gobierno de Canadá rechazó el proyecto. En 2015, un tribunal de arbitraje decidió que la voluntad del gobierno era un obstáculo a las expectativas del inversionista. Entonces Bilcon ganó — y los daños siguen pendientes (se invocó el TLCAN).

• Renco (EUA) vs Perú

En abril de 2011, la compañía Renco, con sede en Estados Unidos inició una disputa arbitrada contra Perú, acusándole de no limpiar el área circundante a la planta fundidora de La oroya, uno de los diez sitios más contaminados del planeta. Cuando adquirió la planta en 1997, Renco se había comprometido a modernizar el proyecto pero no cumplió con las regulaciones ambientales, lo que condujeron a un proceso legal de bancarrota y la pérdida de la propiedad. En julio de 2016, el tribunal de arbitraje dictaminó que las reclamaciones de Renco debían rechazarse por falta de jurisdicción. Según los informes, Renco volvió a presentar el reclamo. A Perú se le negó la recuperación de los costos legales. (Se invocó el TLC entre Estados Unidos y Perú)

Medio ambiente, salud

• Ethyl (EUA) vs. Canadá

La industria química Ethyl lanzó una disputa tras la prohibición canadiense del tóxico aditivo de la gasolina conocido como MMT. Por otra parte, el aditivo fue todavía prohibido en los Estados-Unidos. El productor estadounidense demandó por 201 millones de dólares en compensaciones. En 1998, Canadá accedió a un arreglo y pagó 13 millones de dólares y retiró la prohibición (se invocó el TLCAN).

Minería

• Churchill (Australia, Reino Unido) vs. Indonesia

En 2012, Churchill Mining y su subsidiaria australiana Planet Mining iniciaron un reclamo arbitrado contra Indonesia por la revocación de licencias de minería que el país consideró eran falsificadas. Las compañías demandaron mil trescientos millones de dólares en compensación pese a que sólo habían invertido 40 millones de dólares. En diciembre de 2016, el tribunal confirmó que los documentos presentados por la compañía eran falsos. En abril de 2017, Churchill apeló pidiendo la anulación de la decisión (lo que sigue pendiente). Los costos del arbitraje se calcula que ya rebasaron los 10 millones de dólares. (Se invocó el Tratado Bilateral de Inversión (TBI) Australia-Indonesia e Indonesia-Reino Unido).

Salud

• Eli Lilly (EUA) vs. Canadá

En 2013, la corporación farmacéutica desafió los estándares de patentes de Canadá tras que las cortes canadienses invalidaron las patentes suplementarias de la compañía para las drogas Strattera y Zyprexa, alegando que los fármacos en cuestión no eran lo suficientemente innovadores. Los tribunales decidieron que Eli Lilly no demostró o previó de manera precisa los beneficios de los medicamentos que había convenido cuando pidió una patente con protección de derechos monopólica. Las invalidaciones resultantes de las patentes pavimentaron el camino para que los productores canadienses de fármacos produjeran versiones genéricas, menos costosas de los medicamentos. Eli Lilly afirmó que las bases jurídicas canadienses que determinan la validez de una patente (al decir que un corporación farmacéutica debería verificar que los beneficios de un medicamento coincidan con sus compromisos para obtener una patente) son “arbitrarios, desleales, injustos y discriminatorios”. El inversionista reclamó 500 millones de dólares canadienses. En marzo de 2017, el tribunal de arbitraje falló contra el gigante farmacéutico. El rechazo de Canadá de las dos patentes en disputa fue considerado legal. Eli Lily impuso un pesado y costoso proceso legal sobre el país en cuestión. (Se invoco el TLCAN).

• Philip Morris Asia (Hong Kong) vs. Australia

Cuando Australia introdujo el empaquetado simple de todos los productos de tabaco en 2011, Philip Morris demandó a Australia ante un tribunal de arbitraje. Dado que Philip Morris Australia era propiedad de Philip Morris International (con sede en Suiza) y Australia no tenía un tratado de inversión con Suiza, Philip Morris Asia compró acciones en Australia específicamente para sacar ventaja del mecanismo de arbitraje (ISDS) incluido en el tratado de inversión Australia-Hong Kong. En su fallo de diciembre de 2015, el tribunal de arbitraje confirmó que la principal razón para que Philip Morris Asia comprara acciones en 2011 fue para poder emprender su reclamo legal, utilizando una entidad en Hong Kong. Rechazó entonces el reclamo de que un empaquetado simple no era previsible. Por lo tanto se desechó el caso, por lo menos en términos legales. Los costos del arbitraje para Australia sumaron unos 50 millones de dólares australianos, lo cual es disputado por Philip Morris. `Una consecuencia de este caso, es que países que van de Namibia a Togo o Nueva Zelanda decidieron esperar antes de introducir un empaquetado simple para sus productos de tabaco. (Se invocó el TBI Australia-Hong-Kong).

Servicios públicos

• Eureko (Holanda) vs. Polonia

En 1999, el gobierno polaco publicó una licitación para la venta de 30% del capital de PZU, la empresa del Estado de protección social. Eureko y Big Bank Gdanski S.A. ganaran el concurso. Luego Eureko quería aumentar su participación en el capital al 51% pero Polonia lo prohibió. El inversionista lanzó una disputa porque afirmó que el Estado volvió a sus compromisos anteriores. Polonia estimó que la solicitud de la empresa se basaba en un acuerdo de adquisición de acciones que lo hace inadmisible en realidad. El tribunal de arbitraje consideró que Polonia no había respetado sus obligaciones prevista en el TBI Holanda-Polonia. Caso solventado en 2005 en una cantidad cercana a los 2 mil millones de Euros en favor del inversionista (invocando un TBI Holanda-Polonia).

Trabajo

• Véolia (Francia) vs. Egipto

En 2012, la corporación multinacional de servicios públicos lanzó una disputa contra Egipto exigiendo por lo menos 11 millones de dólares tras los cambios en las leyes egipcias que conducían a un aumento en el salario mínimo. El caso sigue en disputa (se invocó el TBI entre Francia y Egipto).

Principales fuentes: Amigos de la Tierra, CEO, Public Citizen