África

Los Estados de África son parte en más de 900 acuerdos de inversión, la vasta mayoría de los cuales se firmaron con países no africanos.

El Tratado de la Comunidad Económica De los Estados de África Occidental (CEDEAO), firmado por Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Costa de Marfil, Liberia, Malí, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone y Togo, contiene previsiones de arreglo de disputas inversionistas-Estado (ISDS), pero no se han registrado disputas hasta la fecha.

En 2006, miembros de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (CDAA), que incluye a Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibia, Sudáfrica y Swazilandia, firmaron el Protocolo de Finanzas e Inversión (SADC), que también incluye un mecanismo de resolución de disputas ISDS. Sólo dos disputas se han registrado bajo los términos de estos acuerdos, ambos contra Lesotho (pero es típico de los gobiernos de la región que no revelen información). En 2016 se adoptaron enmiendas al protocolo. Ellos eliminaron las previsiones ISDS (sólo permanecieron las del arbitraje Estado-Estado)y se acotó el rango de los derechos de los inversionistas.

En Sudáfrica, poco después de arreglar una disputa con compañías mineras extranjeras en torno a sus nuevas reglas mineras post-apartheid (caso de Piero Foresti & Otros), el gobierno comenzó a retirarse de los tratados bilaterales de Inversión (TBI) que incluían mecanismos ISDS, argumentando que pertenecían a una era ya pasada. El gobierno alegó que el foco de los TBI se sitúa en los intereses de los inversionistas de los países desarrollados y no en responder a las preocupaciones de los países en desarrollo.

El gobierno sudafricano decidió desarrollar un nuevo modelo de TBI y fortalecer su legislación interna en relación con la protección ofrecida a los inversionistas extranjeros, impulsando una compatibilidad de la protección tipo TBI con la ley sudafricana. Sudáfrica buscó también incorporar excepciones legitimas a la protección a los inversionistas cuando se hacía indispensable tomar en cuenta las consideraciones de orden público.

Las previsiones del nuevo modelo de TBI de Sudáfrica han sido incorporadas al CDAA. Este modelo establece previsiones que mitigan los riesgos de tratados anteriores y deja abierta la opción de arreglos de disputa de estado a estado además de los procedimientos de arbitraje de disputas inversionista-Estado.

En 2014, hubo voces del gobierno de Namibia que pusieron en duda la correlación entre la inversión extranjera directa y los tratados de inversión que incluían ISDS. Argumentaron que los mecanismos ISDS representan un riesgo para los países en desarrollo, debido a las importantes cuotas legales y las gratificaciones que pueden implicar amenazas presupuestales significativas. Más aún, las estadísticas muestran que casi todos los reclamantes provienen de países desarrollados.

Cerca de 20% de todos los arbitrajes del CIADI (Centro Internacional de Arbitraje de Disputas Relativas a Inversiones) del Banco Mundial, implican a países africanos.

Egipto es el cuarto país más sometido a demandas en el mundo y tiene 26 casos ISDS registrados en su contra. Actualmente enfrenta una disputa iniciada por el gigante de los servicios Véolia por una ley que incrementa el salario mínimo.

En 2013, una corte de arbitraje ordenó a Libia que pagara 935 millones de dólares en una disputa en torno a un contrato de arrendamiento de tierras para un proyecto de turismo. Ésta es una de las compensaciones más grandes que se han fijado hasta ahora.

Burundi y la República Democrática del Congo han sido los blancos más perseguidos en África subsahariana, cada uno con cuatro disputas, todas ellas iniciadas en Bélgica y los Estados Unidos, respectivamente.

(febrero de 2017)

AllAfrica.com | 17-nov-2007
The Zimbabwe government has admitted that it wronged white commercial farmers when it violently evicted them from their farms at the height of Zanu PF-instigated land invasions in 2000.
FWI | 9-nov-2007
A group of Dutch farmers is one step closer to gaining compensation for land and farms lost to the government of Zimbabwe, after a recent hearing in Paris.
AllAfrica.com | 13-oct-2007
The last remaining white commercial farmers have appealed to the regional Southern African Development Community (Sadc) Tribunal in an effort to stop government from expropriating their properties.
The Guardian | 17-ago-2007
Tanzania was glad to secure the services of a British-led consortium to run the newly privatised water system in its capital Dar es Salaam. But then the price of water started to rise
Moneyweb | 30-mar-2007
Finstone Ltd SA, a foreign mining company based in Luxembourg, is suing the South African government for an alleged expropriation of its mineral rights. Finstone is a holding company in control of three South African granite producing operations i.e. Marlin, Red Graniti and Kelgran. The real challenge posed by this legal action is that the abovementioned investors find the black economic empowerment programme is in violation of the bilateral treaties signed with South Africa by both Luxembourg and Italy.
Mining MX | 16-feb-2007
A foreign mining company is suing the South African government over alleged expropriation of its mineral rights in a move that has huge implications for the country’s new mining dispensation.
Legal Week | 28-oct-2006
A number of African governments have made efforts to encourage investment in the continent by entering into bilateral investment treaties and adopting arbitration legislation.
Business Day | 25-jul-2006
A group of 11 dispossessed Zimbabwean farmers of Dutch origin are poised to take their case for compensation in respect of confiscated land to an international tribunal.
The Zimbabwean | 16-may-2005
About 1 500 commercial farmers who have had their land forcibly and sometimes violently seized by Robert Mugabe’s government have taken their case to international arbitration.
Business Day | 23-mar-2005
The minerals and energy department is engaged in talks with Italian companies operating in SA over possible breaches of the SA-Italy bilateral investment treaty in the implementation of the Mineral and Petroleum Resources Development Act.

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