Los Estados de África son parte en más de 900 acuerdos de inversión, la vasta mayoría de los cuales se firmaron con países no africanos.

El Tratado de la Comunidad Económica De los Estados de África Occidental (CEDEAO), firmado por Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Costa de Marfil, Liberia, Malí, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone y Togo, contiene previsiones de arreglo de disputas inversionistas-Estado (ISDS), pero no se han registrado disputas hasta la fecha.

En 2006, miembros de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (CDAA), que incluye a Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibia, Sudáfrica y Swazilandia, firmaron el Protocolo de Finanzas e Inversión (SADC), que también incluye un mecanismo de resolución de disputas ISDS. Sólo dos disputas se han registrado bajo los términos de estos acuerdos, ambos contra Lesotho (pero es típico de los gobiernos de la región que no revelen información). En 2016 se adoptaron enmiendas al protocolo. Ellos eliminaron las previsiones ISDS (sólo permanecieron las del arbitraje Estado-Estado)y se acotó el rango de los derechos de los inversionistas.

En Sudáfrica, poco después de arreglar una disputa con compañías mineras extranjeras en torno a sus nuevas reglas mineras post-apartheid (caso de Piero Foresti & Otros), el gobierno comenzó a retirarse de los tratados bilaterales de Inversión (TBI) que incluían mecanismos ISDS, argumentando que pertenecían a una era ya pasada. El gobierno alegó que el foco de los TBI se sitúa en los intereses de los inversionistas de los países desarrollados y no en responder a las preocupaciones de los países en desarrollo.

El gobierno sudafricano decidió desarrollar un nuevo modelo de TBI y fortalecer su legislación interna en relación con la protección ofrecida a los inversionistas extranjeros, impulsando una compatibilidad de la protección tipo TBI con la ley sudafricana. Sudáfrica buscó también incorporar excepciones legitimas a la protección a los inversionistas cuando se hacía indispensable tomar en cuenta las consideraciones de orden público.

Las previsiones del nuevo modelo de TBI de Sudáfrica han sido incorporadas al CDAA. Este modelo establece previsiones que mitigan los riesgos de tratados anteriores y deja abierta la opción de arreglos de disputa de estado a estado además de los procedimientos de arbitraje de disputas inversionista-Estado.

En 2014, hubo voces del gobierno de Namibia que pusieron en duda la correlación entre la inversión extranjera directa y los tratados de inversión que incluían ISDS. Argumentaron que los mecanismos ISDS representan un riesgo para los países en desarrollo, debido a las importantes cuotas legales y las gratificaciones que pueden implicar amenazas presupuestales significativas. Más aún, las estadísticas muestran que casi todos los reclamantes provienen de países desarrollados.

Cerca de 20% de todos los arbitrajes del CIADI (Centro Internacional de Arbitraje de Disputas Relativas a Inversiones) del Banco Mundial, implican a países africanos.

Egipto es el cuarto país más sometido a demandas en el mundo y tiene 26 casos ISDS registrados en su contra. Actualmente enfrenta una disputa iniciada por el gigante de los servicios Véolia por una ley que incrementa el salario mínimo.

En 2013, una corte de arbitraje ordenó a Libia que pagara 935 millones de dólares en una disputa en torno a un contrato de arrendamiento de tierras para un proyecto de turismo. Ésta es una de las compensaciones más grandes que se han fijado hasta ahora.

Burundi y la República Democrática del Congo han sido los blancos más perseguidos en África subsahariana, cada uno con cuatro disputas, todas ellas iniciadas en Bélgica y los Estados Unidos, respectivamente.

(febrero de 2017)