Informe analiza los arbitrajes en el sector minero en América Latina y El Caribe
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Por CIAR Global | 24-6-19

Informe analiza los arbitrajes en el sector minero en América Latina y El Caribe

El informe “Casino del Extractivismo: Las empresas mineras apuestan con la vida de los pueblso y la soberanía de los países de América Latina usando el arbitraje supranacional“, realizado por Jen Moore y Manuel Pérez Rocha y editado por Mining Watch, Institute for Policy Studies y Center for International Environmental Law-CIEL, analiza el arbitraje de inversiones en el sector extractivo, principalmente minero, en países de América Latina y el Caribe destacando datos como las numerosas demandas de mineras canadienses, el papel de la financiación de terceros, y las implicaciones que toda la situación tiene para las comunidades locales y estableciendo propuestas que tienen en cuenta, entre otros, los derechos de los pueblos y el medio ambiente. Las conclusiones se plantean a través del estudio de 38 demandas de arbitrajes bajo el actual sistema de arbitraje de inversiones.

En el análisis se cita tanto al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), como al sistema de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), arremetiendo contra su mecanismo de formación de tribunales y la deliberación de sus miembros que implica: “temas de absoluta importancia para las comunidades afectadas, los pueblos indígenas y países enteros usurpando efectivamente la responsabilidad de los tribunales y organismos administrativos del país receptor”. Y más adelante se afirma que: “Las normas en los acuerdos de inversión no son consecuentes con la autodeterminación de los Pueblos Indígenas, los derechos humanos y la protección del medio ambiente”.

En el estudio se citan casos como el de “Occidental Petroleum vs. Ecuador“, “Crystallex vs. Venezuela“; “Zamin Ferrous vs. Uruguay“; y “Odyssey Marine vs. México“.

Otros capítulos como: “Los impactos de la minería a gran escala en América Latina” tratan las amenazas para la naturaleza que entrañan las exploraciones que se están llevando a cabo tras agotar yacimientos ya conocidos y explican las claves que para la protección de inversiones en los tratados tienen elementos como:

- el propio sistema de arbitrajes inversor-Estado,
- las “Restricciones en la ‘Expropiación Indirecta’”,
- las “Normas imprecisas de ‘Trato Justo y Equitativo’”,
- el “Trato Nacional y Trato de Nación más Favorecida”,
- la “Prohibición de controles de capital”,
- los “Límites para requisitos de cumplimiento”,
- el “Estándar de Plena Protección y Seguridad” y
- la “Cláusula Paraguas”.

Otros capítulos como “Demandas presentadas por inversionistas en minería contra Gobiernos de América Latina” tratan temas como los “Derchos indígenas y falta de consentimiento de la comunidad” con el ejemplo de casos como “Goldcorp” y “Kappes, Cassiday & Associates” contra Guatemala; Dominion Minerals-Panamá, Bear Creek-Perú, Copper Mesa-Ecuador; Cosigo Resources-Colombia; South American Silver-Bolivia; o Gran Colombia Gold-Colombia.

En el epígrafe dedicado a la “Aplicación de protecciones ambientales y referentes a la salud”, casos como: “Infinito Gold-Costa Rica”, “Eco Oro-Colombia”, “Galway Gold-Colombia”, “Red Eagle-Colombia”, “Pacific Rim-El Salvador” y otros, saltan a la palestra.

El análisis hace un resumen país por país en relación a las demandas en las que se ven implicados y ofrece “Propuestas para la acción”, texto en el que se cita la famosa sentencia Achmea; así como las siguientes propuestas:

“Propuestas para priorizar la protección de los derechos humanos, y en particular de los Pueblos Indígenas y del ambiente por sobre los derechos de los inversionistas, haciéndola obligatoria.

Propuestas de mecanismos alternativos de solución de controversias.

Propuestas para eliminar los privilegios de inversionistas extranjeros y garantizar a los Estados el espacio necesario para diseñar e implementar políticas públicas, -incluyendo el trato especial y diferenciado-a favor de prioridades nacionales y de una mayor igualdad.”

El informe finaliza, entre otros, con la petición de “una auditoría de los Acuerdos Internacional de Inversión actuales (ya sean TBI o bajo los TLC) y, una vez que se cuente con una significativa participación pública, deben ser cancelados o elaborados nuevamente en términos que prioricen los derechos de los pueblos y el medio ambiente” y el ejemplo del caso Pacific Rim contra El Salvador para fortalecer los movimientos sociales.

Consultar el informes: “Casino del Extractivismo: Las empresas mineras apuestan con la vida de los pueblso y la soberanía de los países de América Latina usando el arbitraje supranacional". Por Jen Moore y Manuel Pérez Rocha (Mining Watch, Institute for Policy Studies y Center for International Environmental Law-CIEL).

source: CIAR Global