Juzgado le devuelve a Lidercon exclusividad de revisiones técnicas
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Juzgado le devuelve a Lidercon exclusividad de revisiones técnicas

Por Fernando Leyton | 31-1-17

Fallo ordena que el Ministerio de Transportes cierre dos plantas de empresas competidoras y que revoque otros permisos. Compañías afectadas denuncian que se favorece el monopolio. Lidercon demanda millonaria reparación.

Por mandato judicial, la empresa española Lidercon volverá a ser la única compañía autorizada para realizar revisiones técnicas vehiculares en Lima Metropolitana.

El pasado 19 de enero, el 13° Juzgado Contencioso Administrativo de Lima emitió una medida cautelar que ordena cerrar dos plantas de empresas competidoras.
Uno de los locales afectados, que opera en La Victoria, pertenece a la empresa Farenet (Kensington SAC). El otro establecimiento, cuyo propietario es de Revisiones Técnicas del Perú SAC, se ubica en San Juan de Miraflores.

El juzgado establece que la entidad encargada de hacer cumplir el fallo es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

La decisión judicial, además, ordena que esa entidad deje sin efecto todas las resoluciones que autorizan a otras empresas a operar plantas de revisiones en la capital.

En el documento, la jueza Martha Hinostroza Bruno argumenta que, al emitir esas autorizaciones, el MTC ha vulnerado el contrato de concesión vigente entre Lidercon y la Municipalidad de Lima.

La segunda cláusula de ese contrato, firmado en setiembre de 2004, durante la primera gestión de Luis Castañeda, establece que Lidercon "tendrá la exclusividad en la prestación del servicio en Lima Metropolitana durante el plazo de vigencia de la concesión".

Historia y respuestas
En 2008, tras denunciar un supuesto incumplimiento en sus obligaciones, el municipio rescindió el contrato con Lidercon, lo que llevó a la empresa a iniciar un arbitraje.

En 2011, al culminar ese proceso, un tribunal arbitral resolvió que todos los vehículos inscritos en Lima y Callao debían pasar la revisión técnica en las plantas de Lidercon. El mismo laudo, que la jueza utiliza para sustentar su decisión, también amplió el plazo de concesión de 16 a 21 años.

La magistrada desestimó, en cambio, una resolución del Indecopi de setiembre de 2015. En ese documento la entidad concluye que negar autorizaciones a otras empresas del rubro " sobre la base de la existencia de una cláusula de exclusividad" representa una "traba burocrática ilegal".

La Asociación de Centros de Inspección Técnica Vehicular, que reúne a las dos empresas afectadas, confirmó a La República que han interpuesto un recurso de oposición contra la medida cautelar. También han presentado una queja contra la jueza Hinostroza Bruno ante la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura.

La asociación consideró que la medida cautelar es "ilegal" y contraviene el principio constitucional de libre competencia. Su comité directivo, además, manifestó que la decisión judicial "ha restablecido el monopolio a favor de Lidercon", lo que "afectará a los ciudadanos que deberán pagar mayores tarifas".

Alberto Vicario, presidente del directorio de Lidercon, aseguró a La República que en este caso no se configura un monopolio. “Ninguna concesión administrativa es un monopolio. El servicio de las revisiones técnicas no lo tiene Lidercon, sino la Municipalidad de Lima, que nos contrata", sostuvo.

Vicario asegura que el laudo arbitral de 2011 no ha sido ejecutado. Por ello, en marzo de 2015, Lidercon inició un proceso de resolución de controversias ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), que depende del Banco Mundial.

En dicha instancia la empresa solicitó una reparación que, según Vicario, podría superar los US$ 300 millones.

Enfoque
Las Revisiones técnicas son deficientes
Luis Quispe Candia
Especialista

En mi opinión, desde que se establecieron las revisiones técnicas, se ha demostrado que el servicio es deficiente. Por varias razones. Primero: el examen es sumamente laxo y superficial. No hay una evaluación exhaustiva de cada vehículo, lo que es necesario para una flota antigua como la que tenemos en el país. La misma ley permite hacer una evaluación en 10 minutos. Ese tiempo es insuficiente para determinar si un vehículo está o no en condiciones de seguir operando.

Por otro lado, hay resistencia de los usuarios de cumplir con la obligación de acudir a los centros de revisión. No van porque no hay suficiente fiscalización, tarea que le corresponde a la Policía. Estimamos que entre el 30% y el 35% de la flota vehicular nacional no ha cumplido con pasar la revisión técnica.

Incluso hay vicios de corrupción. Una de las formas de erradicarla es que el conductor del vehículo no tenga contacto con el evaluador técnico.

source: La República