Las diez demandas al Estado que le costarían 17 billones de pesos
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Por Semana | 28-8-19

Las diez demandas al Estado que le costarían 17 billones de pesos

Aunque el fallo en el caso Glencore es el primero que se da ante el Tribunal de Arbitraje de la Ciadi, existen otros nueve inversionistas que adelantan demandas contra el Estado por incumplir los TLC y los acuerdos de protección a la inversión.

Este martes, Colombia recibió el resultado de su primer round ante el Tribunal de Arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por el caso Glencore. Si se ve el vaso medio lleno, se podría decir que el Estado colombiano salió bien librado de la demanda que le impuso la compañía minera, pues de 600 millones de dólares que pretendía obtener la inversionista suiza, el país fue condenado a devolverle solo 19,1 millones de dólares.

Después de tres años de pleito, el tribunal le dio la razón a Glencore en una de las cuatro pretensiones que interpuso: aquella donde pedía a Colombia devolver la suma que le pagó por el fallo de responsabilidad fiscal que profirió la Contraloría en 2016. Hay que recordar que la entidad determinó esta sanción porque encontró que la modificación al régimen de regalías (otrosí número 8) -que propuso la compañía- ocasionó un detrimento público al Estado por concepto de regalías, cuando se firmó un contrato de explotación de carbón en el Cesar.

Ahora bien, el tribunal falló a favor de Glencore porque consideró que la Contraloría tuvo un error de cálculo al determinar el valor del detrimento. Sin embargo, reconoció que el país actuó apegado al debido proceso y desestimó el argumento que indicaba que Colombia violó los artículos del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (Aprri) que firmó con Suiza. Por lo que ahora, el Estado tendrá cuatro meses para definir si interpone un recurso de nulidad frente al otrosí o si se resigna a pagar esta suma para evitar que la deuda crezca mientras continúa el embrollo jurídico.

Otros demandas

Según las cifras de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Colombia no es el país con más casos de arbitraje de inversión en tribunales internacionales. De las 481 demandas interpuestas por inversionistas a los Estados, 12 son contra Colombia. Una cifra pequeña si se compara con otros países de la región como Argentina (con 60 casos) o Venezuela (49 casos), naciones que ocupan el primer y segundo lugar en el listado respectivamente.

Estas controversias legales que enfrenta el Estado colombiano se han dado en el marco de los Tratados de Libre Comercio (TLC) con los países donde están las casas matrices de estas firmas o por acuerdos de protección de inversión que se han establecido para potenciar la economía y que han tenido algún tropiezo durante la marcha, por lo que ahora pasan a manos del Ciadi para ser resueltos.

En cuanto a pretensiones, Colombia tiene en juego 17 billones de pesos en procesos con diez inversionistas (incluido Glencore), que de perderse, afectarían gravemente la economía, sin contar con que quedaría en tela de juicio la capacidad jurídica del país para resolver conflictos contractuales. Aquí algunos de los casos más sonados:

América Móvil y Telefónica

En febrero de 2017, las compañías de telecomunicaciones fueron condenadas a pagar 4,7 billones de pesos a Colombia por reversión de activos de la prestación del servicio de telefonía móvil en el país, según el fallo de arbitraje doméstico que emitió la Cámara de Comercio de Bogotá.

Aunque la decisión favoreció al país, ambas compañías interpusieron una demanda internacional por considerar que se les dio un trato injusto e inequitativo. Y en el caso de América Móvil, la defensa alegó que Colombia violó las obligaciones del TLC con México al expropiar, sin compensación, el derecho de propiedad que tenía el antiguo Comcel sobre los activos afectados por un contrato de concesión firmado en 1994.

Por este motivo, la compañía mexicana pretende que el Estado le devuelva 3,2 billones de pesos a modo de indemnización. Mientras que Telefónica (España) aspira a recuperar 1,2 billones de pesos por el valor de los equipos técnicos que devolvió.

Eco Oro Minerals, Galway Gold y Red Eagle

La delimitación que hizo el Estado colombiano del páramo de Santurbán, en 2014, trajo consigo que las tres compañías mineras (canadienses) impusieran millonarias demandas reclamando su derecho a explotar oro y plata, de acuerdo con los compromisos pactados en el TLC firmado entre ambos países.

Luego de que la Corte Constitucional le prohibiera a Eco Oro Minerals cualquier actividad de extracción, relacionado con el proyecto de Angostura, la demandante reclamó una compensación de 764 millones de dólares (2,4 billones de pesos) por los perjuicios que sufrió cuando el Estado le quitó casi el 50 por ciento del área que inicialmente le otorgó para explotar.

A esta pleito se sumaron las compañías Galway Gold (612 millones de pesos) y Red Eagle (368 millones de pesos) las cuales registraron el mismo día su demanda ante el Tribunal de Arbitraje exigiendo la retribución de los recursos que invirtieron en los proyectos mineros. Y aunque estos procesos llevan poco más de un año en el terreno del litigio internacional, la batalla se podría complicar después de que el Ministerio de Ambiente delimite nuevamente el páramo de Santurbán (a finales de 2019), pues de seguro, estas compañías emprenderán nuevas acciones.

Los otros inversionistas que demandan al Estado son la compañía Gran Colombia Gold Corp (780 millones de pesos) debido a la decisión de la Corte Constitucional de suspender su actividad en la mina del cerro El Burro, en Caldas, hasta tanto se hiciera una consulta con las comunidades de la zona que tradicionalmente ejercen la minería en la zona.

En la lista, le siguen las dos demandas de la familia Carrizosa por la intervención a Granahorrar (1998) que hizo la Superintendencia -que consideran arbitraria- y que entablaron ante la Comisión de las Naciones Unidas y el Ciadi por un valor conjunto de 1,1 billones de pesos.

Por su parte, Gas Natural Fenosa interpuso una demanda ante el Tribunal de La Haya por la intervención que hizo el gobierno nacional a Electricaribe, argumentando que las acciones del Estado llevaron a la insolvencia de la empresa. Su pretensión es de 5,1 billones de pesos.

source: Semana