Monopolios y tribunales privados, dos puntos polémicos del nuevo acuerdo México-UE
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Por Lucile Gimberg | | 4-5-20

Monopolios y tribunales privados, dos puntos polémicos del nuevo acuerdo México-UE

Tras dos años de negociación, México y la Unión Europea completaron la semana pasada el proceso de modernización de su tratado de libre comercio, que databa del año 2000. El nuevo TLCUEM deberá pasar por un largo proceso de ratificación pero ya levanta críticas por parte de organizaciones sociales.

La versión modernizada del tratado de libre comercio entre México y la Unión Europea (UE) incluye nuevas disciplinas como energía y materias primas, desarrollo sostenible y comercio electrónico, entre otros. Otra novedad es que permite a las empresas transnacionales europeas acceder a los mercados de contratación pública de 14 estados mexicanos.

Sin embargo, para la investigadora Cecilia Olivet, de la ONG Transnational Institute, con sede en los Países Bajos, esta nueva versión profundiza las asimetrías que ya establecía el primer acuerdo comercial, en vigor desde el año 2000.

"No sólo lo decimos nosotros, la misma Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), de Naciones Unidas, ha recientemente estipulado que este tipo de modelo de libre comercio e inversiones no ha llevado a una diversificación de la matriz productiva en los países de la región, no ha traído conocimiento, no ha llevado a que se agregue contenido nacional a las exportaciones, no ha llevado a encadenamientos con pequeñas y medianas empresas", afirma Olivet.

"Los países de América Latina se han estancado en gran parte por el modelo del libre comercio reinante en esta dependencia de una exportación de productos primarios donde el empleo que se ha generado ha sido principalmente empleo precario", agrega.

Monopolios europeos

Hasta el momento, algunos países, por ejemplo Francia o Alemania, habían negociado con algunos de los estados mexicanos un monopolio para sus empresas automotrices, a cambio de instalar -con beneficios fiscales y tarifas preferenciales en los servicios básicos- sus fábricas en dicho territorio.

Con esta versión modernizada del TLCUEM, este monopolio se negociará ahora para todo el bloque europeo y se aplicará también en los sectores de agricultura y energías limpias, explica a RFI el economista mexicano Ignacio Martínez.

"La Unión Europea, bajo el nuevo acuerdo, presiona al gobierno mexicano para que, en una entidad determinada, no pueda haber inversión que no sea más que la eurocomunitaria." Una práctica que tienen también países como Estados Unidos, Japón o Corea del Sur, precisa el coordinador del Laboratorio Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM.

Según el economista, una de las ventajas es que esto haría que aumente la inversión. Otra es que las universidades se alimentan de este tipo de proyectos, destaca: "Por ejemplo en Puebla, la inversión alemana automotriz ha provocado que haya más colaboraciones entres las universidades locales y universidades alemanas". Otra ventaja es que "se impulsa la mano de obra calificada: el trabajador automotriz en Puebla tiene un mejor ingreso que el trabajador normal en el sector manufacturero tradicional", detalla.

La desventaja en cambio, subraya Ignacio Martínez, es que "no permite el desarrollo de cadenas, lo que podríamos denominar ’clusters’, para la industria nacional, ya que la empresa no permite que haya desarrollo propiamente de empresas nacionales vinculadas a este sector". "Las empresas que tienen producción es porque trabajan directamente para esas empresas", añade.

Tribunales privados de arbitraje

Organizaciones sociales y algunos eurodiputados también critican que el nuevo TLCUEM amplíe la posibilidad de recurrir al sistema de arbitraje en tribunales privados, a los inversionistas de todos los países europeos, cuando éstos estiman que sus intereses han sido dañados.

"México es el tercer país más demandado de América Latina y el Caribe y el quinto país más demandado a nivel mundial en términos de casos de arbitraje inversor/Estado", advierte Cecilia Olivet, del Transnational Institute. Con este nuevo acuerdo, México se expone a muchísimo más demandas.

"El tipo de medidas políticas que pueden llevar a demandas por arbitraje son incontables: medidas en relación a la salud pública, medidas en relación a poner impuestos a determinadas empresas, medidas que toman los gobiernos para proteger el medio ambiente, por ejemplo revisando contratos que hayan dado a empresas mineras o de explotación de petróleo", detalla.

"Las empresas transnacionales no tendrían derecho a demandar por ejemplo bajo la legislación nacional o internacional, solo este tipo de tratados de protección de inversiones les concede estos derechos extraordinarios que, desde nuestra perspectiva, no deberían existir", critica.

Estos controvertidos tribunales privados estuvieron en el corazón de la resistencia ciudadana en Europa al famoso CETA, el acuerdo de libre comercio de la UE con Canadá.

source: rfi