Piden suspender arbitrajes de inversión durante la crisis Covid19
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Por CIAR Global | 8-5-20

Piden suspender arbitrajes de inversión durante la crisis Covid19

Un grupo de prestigio de expertos del mundo académico, institucional, económico y político, respaldados por el Columbia Center on Sustainable Investment firman un manifiesto en el que piden la suspensión de los arbitrajes de inversiones mientras dure la crisis del Covid19 y, sobre todo, en aquellas demandas que incidan en sectores especialmente sensibles ante esta pandemia como son el sanitario, económico y social. Acaban el manifiesto pidiento: “a todas las personas, incluidos los abogados implicados y los árbitros que deciden en estos arbitrajes, que antepongan la vida de las personas a los intereses corporativos en este grave momento que enfrenta la humanidad“.

El manifiesto “Call for ISDS Moratorium During COVID-19 Crisis and Response“ está ratificado por Phil Bloomer, Director Ejecutivo, Business & Human Rights Resource Centre, Juan Pablo Bohoslavsky, ex-experto independiente de Naciones Unidas en Foreign Debt and Human Rights (2014-2020), Carlos Correa, director ejecutivo, South Centre, Olivier De Schutter, relator especial de Naciones Unidas en Extreme Poverty and Human Rights, Kerry Kennedy, presidente, Robert F. Kennedy Human Rights, Jeffrey D. Sachs, profesor de la Columbia University, director del United Nations Sustainable Development Solutions Network, y H.E. María Fernanda Espinosa Garcés, presidenta de la 73ª Sesión, Asamblea General de Naciones Unidas (2018-2019). Ministra de Asuntos Exteriores de Ecuador (2017-2018).

Texto completo [traducción propia]

Llamamiento a la moratoria de ISDS durante la crisis y respuesta de COVID-19

6 de mayo de 2020

Tiempos extraordinarios requieren medidas extraordinarias. La pandemia de COVID-19 es la mayor amenaza para la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. El destino de miles de millones de personas, y potencialmente millones de muertes, están en juego, particularmente en el mundo en desarrollo. El Secretario General de las Naciones Unidas ha reconocido que COVID-19 es “la lucha de una generación”. Por esta razón, la comunidad global ha tomado y continúa tomando acciones extraordinarias y necesarias. Más de la mitad de la economía mundial está bloqueada y las consecuencias económicas relacionadas generan un gran estrés en economías frágiles. Las dificultades económicas aumentan. Gran parte de la economía mundial está cerrada y 191 países han cerrado escuelas, lo que afecta al 91% de todos los estudiantes a nivel mundial. La OIT predice una enorme cantidad de pérdidas de empleos, mientras que la gente en muchos países cae en la pobreza, revirtiendo una década o más de progreso en la reducción de ésta. Los países del G20 han acordado una suspensión de la deuda soberana en 2020 para los países más pobres del mundo, lo que seguramente será un alivio extraordinario.

En este sentido, hacemos un llamamiento a la comunidad mundial hacia una MORATORIA INMEDIATA en todos los reclamos de arbitraje de corporaciones privadas contra gobiernos que invoquen tratados de inversión internacionales, y una RESTRICCIÓN PERMANENTE en todos los reclamos de arbitraje relacionados con medidas gubernamentales dirigidas a proteger la salud, económicas y sociales de la pandemia y sus efectos. Estos procedimientos inversores-estado (a menudo denominados “ISDS”) facultan a las compañías privadas extranjeras a desafiar las acciones de gobiernos que afectan los intereses corporativos estrechamente, y a menudo resultan en la asunción de grandes pagos a estas compañías, a veces de miles de millones de dólares, por supuestas ganancias perdidas. Estas demandas representan un peligro inmediato para la capacidad de las naciones en desarrollo, y la comunidad global en su conjunto, de enfrentar el desafío COVID-19.

Existen tres razones para una moratoria inmediata.

- Primero, los cierres de negocios necesarios y otras respuestas de emergencia crearán cambios sin precedentes en el entorno comercial que probablemente desencadenarán una gran cantidad de reclamos injustificados. Los inversores extranjeros afirmarán que han perdido las ganancias esperadas. Y será cierto, pero por la razón vital de que todas las empresas de la sociedad se enfrentarán a una situación sin precedentes. Los gobiernos tienen el deber de proteger a sus ciudadanos y detener la pandemia sin temor a demandas por parte de empresas extranjeras o accionistas extranjeros; generalmente, son reclamos que ni siquiera pueden ser presentados contra los gobiernos por sus propias compañías nacionales.

- En segundo lugar, los gobiernos deben dirigir su atención al control urgente de la crisis de COVID-19, y no dejarse distraer por las empresas y accionistas extranjeros que podrían aprovechar la crisis utilizando vagos estándares de tratados de inversión para presionar sus reclamos.

- En tercer lugar, los laudos contra los gobiernos, con frecuencia de millones o miles de millones de dólares, que pueden representar porcentajes considerables de los presupuestos de los gobiernos, pesarían mucho en las graves crisis presupuestarias que enfrentan los países en desarrollo en el contexto de la pandemia COVID-19. Como advirtió el Fondo Monetario Internacional, la recesión económica en 2020 será la más severa desde la Gran Depresión. Los gobiernos deben garantizar que el arbitraje de inversiones (ISDS) no agrave la inevitable crisis fiscal.

Por lo tanto, pedimos una moratoria completa de todos los reclamos ISDS hasta que la pandemia haya pasado y los gobiernos hayan acordado los principios para garantizar que los futuros casos de arbitraje no obstaculicen los esfuerzos de recuperación de buena fe de los países. Estos principios deben reconocer el alcance completo y claro que los gobiernos tienen, y están obligados, a tomar todas las medidas apropiadas para salvar vidas y combatir emergencias globales, incluso cuando el resultado es una pérdida de ganancias u oportunidades de negocio, incluyendo a los inversores extranjeros. Además, deben asegurarse de que cualquier daño otorgado en los casos de ISDS debe respetar la grave situación financiera que enfrentan los gobiernos después de la emergencia COVID-19. Si estos principios no son claros, no habrá base para reiniciar los procesos de arbitraje de inversiones. Además, pedimos una restricción continua sobre las reclamaciones de ISDS relacionadas con las medidas tomadas durante la pandemia, que incluyen las que se dirigen a las dimensiones sanitarias, económicas o sociales de ésta y sus efectos.

Hacemos este llamamiento a todos los países para avanzar en este esfuerzo, a las Naciones Unidas y a las agencias especializadas, al Grupo del Banco Mundial, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y a otras organizaciones multilaterales que puedan implementarlo. De manera similar, pedimos a todas las personas, incluidos los abogados implicados y los árbitros que deciden en estos arbitrajes, que antepongan la vida de las personas a los intereses corporativos en este grave momento que enfrenta la humanidad.

source: CIAR Global