Por qué los países africanos no deben ratificar el Tratado sobre la Carta de la Energía
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Por No a los TCI | 8-7-20

Por qué los países africanos no deben ratificar el Tratado sobre la Carta de la Energía

En 2012 un gran despliegue diplomático en forma de galas, panfletos, cenas, visitas oficiales o reuniones a puerta cerrada comenzó en algunos países del continente africano. Este despliegue, que llega hasta nuestros días, mantiene el mismo objetivo: expandir el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE), un tratado multilateral para la protección de las inversiones en el sector energético.

Aunque de los 53 países miembro, ninguno es africano, el tratado está en un proceso de expansión vertiginoso en el continente. Las negociaciones, como en la mayoría de los casos, se realizan a espaldas de la sociedad civil y sin ningún tipo de debate público. Lejos de ser beneficioso para los Estados, este tratado tiene múltiples impactos en su soberanía: por un lado, ata de pies y manos las políticas energéticas a la voluntad de inversores extranjeros y por otro, compromete las arcas públicas, ya que expone a los gobiernos a las denuncias millonarias de dichos inversores. Veamos por qué.

Un poco de historia

En 1989 la caída del telón de acero dibuja un nuevo escenario en materia energética para las potencias europeas. Las antiguas repúblicas socialistas, ricas en energías fósiles suponen un nuevo nicho de mercado. En 1991 se articula una herramienta idónea: la Carta de la Energía, una declaración de principios no vinculante que promueve la cooperación internacional en materia energética y que sienta las bases para lo que será el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE, en adelante). Este tratado ya no será una mera declaración de principios sino un instrumento legal multilateral y vinculante.

El TCE entró en vigor en 1998 y ninguno de los países firmantes imaginaba que aquel acuerdo se iba a volver en su contra apenas 10 años después de su gestación.

Una de las muchas particularidades de este tratado es que se centra en la protección de los inversores y lo hace, entre otros mecanismos, a través de un sistema de solución de las controversias entre inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés) presente en al menos 309 tratados de comercio e inversión.

Este mecanismo permite a los inversores o a las multinacionales extranjeras demandar a los países firmantes del tratado en los que hayan realizado alguna inversión, si consideran que el país ha tomado alguna decisión en materia energética en contra de sus beneficios económicos, actuales o futuros. Los Estados y empresas nacionales, sin embargo, no pueden demandar mediante este instrumento desigual a los inversores . El sistema ISDS se presenta como una garantía ante la volatilidad de ciertos estados a la hora de legislar, pero a efectos democráticos secuestra la libertad para legislar.

De hecho se ha convertido en una forma de socializar las pérdidas de los inversores y garantizar beneficios: desde 1998 han tenido lugar 128 demandas. El país que encabeza esta lista es España, con 47 demandas a sus espaldas.

Rockhopper contra Italia. En 2016, el gobierno Italiano aprobó una ley de protección medioambiental por la que se prohibía nuevas explotaciones de petróleo y gas en el mar, cerca de la costa, debido a los impactos medioambientales y por el alto riesgo de terremotos. Como consecuencia, en 2017 e invocando el TCE, la empresa de petróleo Rockhopper demandó a Italia tras la negativa del gobierno de conceder permisos de explotación en el Adriático. La multinacional reclama unos 300 millones de US$, donde incluye los beneficios que la empresa podría haber obtenido de haber llevado a cabo la explotación.

UNIPER contra Holanda. El pasado mes de mayo la empresa alemana UNIPER anunció una demanda millonaria bajo el TCE por la política de descarbonización del país que prevé el cierre de las centrales eléctricas de carbón en 2030.

Las demandas se efectúan en sistemas paralelos de justicia: tribunales de arbitraje privados que no se rigen por el derecho nacional, como el del Banco Mundial, el CIADI. No hay jueces, solo tres abogados que actúan como árbitros especializados en derecho comercial que se reúnen y negocian a puerta cerrada. Las sentencias, son inapelables y normalmente la cifra suele ascender a millones de euros. El dinero para pagar a las multinacionales sale de las arcas públicas de los gobiernos.

Una expansión lenta pero constante

El tratado está en expansión en todo el mundo pero en África la presión ejercida para ampliar el alcance geográfico del TCE es cada vez mayor. La retórica de la expansión del tratado gira en torno a la lucha contra el cambio climático y el gran “potencial” del continente cuyo desarrollo, sin embargo, se ve mermado por el déficit energético que limita “el crecimiento de las regiones” y la falta de inversiones. El TCE se presenta como una gran solución a todo esto: es un medio seguro para atraer inversiones extranjeras -a pesar de que no existan estudios que lo demuestren– porque ofrece “garantías a los inversores mejorando los sistemas legales y regulatorios” y promoviendo “la buena gobernanza”. Además el tratado se presenta como la solución a la pobreza energética ya que va a garantizar el acceso universal a la energía de toda la ciudadanía.

Si siguiéramos los pasos de Urban Rusnák, el Secretario General del Tratado que capitanea el lobby país por país, tendríamos un mapa muy claro de dónde están los recursos fósiles (el gas y el petróleo) y dónde se espera construir nuevas infraestructuras energéticas que necesitan atraer inversión extranjera. Y de hecho, uno de los focos de todos los documentos de la Secretaría de la Carta de la Energía -el órgano de gobernanza del tratado- son las reservas de petróleo y gas descubiertas a principios de 2000 en algunos países de la Comunidad Africana Oriental (CAO, integrada por Kenia, Uganda, Tanzania, Burundi, Ruanda y Sudán del Sur). Hablamos de los 6000 millones de barriles de petróleo que se estima que tiene Uganda, los 600 millones de barriles de Kenia o las reservas de gas de Tanzania, recursos que aún no han sido explotados.

El hallazgo de estos recursos entre 2000 y 2010 ha venido acompañado de un cambio muy significativo en el interés de multinacionales e inversores para invertir en estos países. El foco también está puesto en los megaproyectos energéticos, que pueden suponer un gran negocio para los inversores extranjeros, muchos de ellos rechazados por la sociedad civil por sus graves impacto sociales y medioambientales. Destacan:

El gasoducto Nigeria-Marruecos que sería el mayor gasoducto de África occidental y recorrería más de 5000 kilómetros pasando por Benin, Togo, Ghana, Costa de Marfil, Liberia, Sierra Leona, Guinea, Guinea-Bissau, Gambia, Senegal, Mauritania y el Sáhara Occidental para finalizar en Marruecos.

Puerto de Lamu en Kenia y nuevo desarrollo de corredor de transporte del sur de Sudán y Etiopía (LAPSSET). Un proyecto de transporte e infraestructura con Kenia, Etiopía y Sudán del sur.
East African Power Pool (EAPP) un proyecto que busca integrar las redes eléctricas de Kenia, Burundi, República Democrática del Congo, Etiopía, Ruanda, Sudán Tanzania Libia y Uganda.

Todos estos proyectos han levantado críticas desde la sociedad civil, se han escrito cartas, realizado acciones o presentado alegaciones a los posibles financiadores alertando sobre los peligros medioambientales y sociales: contaminación, pérdida de biodiversidad o empobrecimiento y desplazamiento de la población local.

De momento ya se han conseguido paralizar dos megaproyectos energéticos que precisamente la Secretaría del TCE mencionaba como idóneos para la inversión extranjera. El primero es un oleoducto de 1445 kilómetros que pretende extraer crudo del lago Albert, en Uganda, para transportarlo hasta el puerto de Tanga, en Tanzania: East African Oil Pipeline (EACOP). El proyecto en sí no ha sido cancelado pero de momento la sociedad civil ha logrado que el Banco Africano de desarrollo (AfDB) retire su financiación. Un proyecto que sí ha sido totalmente paralizado por sus impactos ambientales es Lamu Coal project, una planta de carbón junto la localidad de Lamu, patrimonio de la humanidad, en Kenia.

La pregunta inevitable es ¿qué hubiera pasado si estos países hubieran ratificado el TCE? Ante cualquier cambio de legislación o paralización de proyectos los países quedarían expuestos a la llegada de demandas millonarias por parte de inversores extranjeros.

Si el Estado llegara a ser condenado, el pago se asumiría con deuda o desde las arcas públicas, lo que iría en detrimento de los presupuestos destinados a políticas sociales o para la transición energética. Por otro lado, ante la amenaza de ser demandados, muchos Estados optan por no legislar a favor de la acción climática o de políticas que garanticen el acceso de la ciudadanía a una energía asequible. La regulación del precio de la electricidad ya ha sido objeto de demandas en Hungría y Bulgaria. Y aunque el tribunal no condene al Estado, solo la defensa en un tribunal de arbitraje le costaría al país unos 4 millones de dólares de media.

En el continente africano, muchos estados ya están ahogados por su elevado nivel de la deuda, por lo que formar parte de un tratado así sería claramente contraproducente.

La resistencia está en marcha

Afortunadamente hasta la fecha ningún país africano ha ratificado el TCE aunque el proceso de adhesión se encuentra en diferentes fases según el territorio. A la cabeza están Burundi, Eswatini y Mauritania, que ya han sido oficialmente invitados a adherirse al tratado y están en proceso de ratificación nacional. Uganda es el siguiente país en la lista, actualmente a la espera de ser invitado para formalizar su adhesión. Chad, Gambia, Marruecos, Níger, Nigeria y Senegal están un paso más atrás.

Desde Uganda Southern and Eastern Africa Trade Information and Negotiations Institute (SEATINI) está realizando una campaña para paralizar la ratificación del tratado con organizaciones como Water Governance Institute, Africa Energy Governance Institute, Transparency International Uganda, entre otros. Además se están sumando sindicatos de otros países como ADIR Burundi o la organización Dukingire isi yacu, también de Burundi. Más allá de los impactos económicos se pone de manifiesto cómo el TCE perpetúa las políticas extractivistas y el uso de combustibles fósiles como principal fuente de energía, bloqueando cualquier avance hacia la descarbonización de la economía.

De cara a paralizar la ratificación del TCE por parte de Uganda, SEATINI ha elaborado un documento apoyado por diferentes organizaciones de la sociedad civil en el que pone de manifiesto que el TCE es incompatible con los marcos legales nacionales y regionales que tienen como objetivo salvaguardar el espacio político para las prioridades y estrategias de desarrollo nacional y regional. “La Carta fue concebida con el objetivo principalmente de proteger los intereses de los inversores occidentales con poca consideración por los países anfitriones en general y los países en desarrollo en particular”.

Fuente: Izaskun Aroca Sánchez, Clàudia Custodio, Marta García Pallarés y Alberto Jiménez en Africaye

source: No a los TCI