Por Organizaciones de la sociedad civil | Junio 2023

Solidaridad con Honduras frente a la extorsión corporativa

Organizaciones de todo el mundo convocan a adherir a una declaración en solidaridad con el país centroamericano. Denuncian que una transnacional norteamericana demandó al país por tomar la decisión soberana de recuperar el control de su territorio. La demanda alcanza los 11 mil millones de dólares, dos tercios del presupuesto nacional.

El año pasado, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, con el apoyo unánime del Congreso Nacional de Honduras, derogó la ley que permitía a los inversionistas extranjeros establecer Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE, o “Zonas de Desarrollo Económico y Empleo”).

Las ZEDE son ciudades privadas que equivalen a un paraíso corporativo, otorgando a los inversionistas el poder de crear sus propios sistemas de gobierno, redactar sus propias normativas y establecer sus propias fuerzas de seguridad y tribunales independientes.

Bajo la ley ZEDE, terrenos pueden ser removidos de la jurisdicción de los gobiernos municipales, sin garantía de democracia representativa.

Esta controvertida política fue aprobada originalmente bajo el liderazgo de funcionarios corruptos del gobierno posterior al golpe de estado en Honduras, entre ellos el ex presidente Juan Orlando Hernández, quien desde entonces ha sido imputado por tráfico de drogas y armas de fuego.

La derogación de la ley impopular fue apoyada por sindicatos, pequeños agricultores, organizaciones indígenas y grupos empresariales nacionales.

Este debería ser el final de la historia. Pero, en lugar de respetar el derecho del gobierno hondureño a cumplir la voluntad del pueblo, la empresa estadounidense Honduras Próspera, que creó una ZEDE en la isla de Roatán, está contraatacando.

Próspera ha presentado una demanda contra Honduras utilizando los poderes de Arbitraje de Disputas Inversionista- Estado (ADIE) en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana y América Central (CAFTA-DR).

La empresa solicita casi $11 mil millones de los contribuyentes hondureños, lo que representa casi dos tercios de todo el presupuesto nacional del país.

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