Transantiago: Alsacia demanda al Estado el pago de US$330 millones ante el Ciadi
JPEG - 138.1 kb

Transantiago: Alsacia demanda al Estado el pago de US$330 millones ante el Ciadi

Por B. Sifón y C. Cabello | 4-3-18

En su último escrito ingresado al tribunal, el operador del Transantiago solicita también una indemnización por daño moral de US$15 millones. El consorcio acusa que el Estado adoptó medidas que causaron perjuicios económicos y reputacionales.

La disputa entre uno de los principales operadores del Transantiago y el Estado de Chile sigue su curso en los tribunales internacionales y las acusaciones no se detienen. El 9 de febrero, los abogados de Alsacia -representados por la firma francesa Dechert- entregaron su memorial. El documento, recoge los argumentos de su demanda contra Chile ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) y las peticiones de la compañía.

Fuentes conocedoras del proceso sostienen que en el memorial presentado, los hermanos Carlos y Francisco Ríos -controladores de las empresas operadoras del Transantiago Alsacia y Express- pidieron al Estado el pago de US$330 millones. Más aún, las mismas fuentes comentan que la compañía habría solicitado unos US$15 millones adicionales como indemnización por el daño moral que, según acusan, el Estado les causó.

El documento presentado hace un mes, viene a ahondar en la solicitud de arbitraje que presentaron en mayo del año pasado ante el Ciadi. En esa ocasión, los empresarios hicieron hincapié en los millonarios daños que causaron los nuevos contratos de concesión del Transantiago que se firmaron en 2011, es decir, durante la administración pasada de Sebastián Piñera. Los colombianos acusan que éstos se encontraban sujetos a términos económicos muy distintos a los contenidos inicialmente, lo que redujo dramáticamente la remuneración estable de las compañías. También sostienen que a partir de la suscripción de los nuevos contratos de concesión, el Estado adoptó medidas arbitrarias y discriminatorias hacia las compañías, lo cual les habría causado no solo perjuicios de carácter económico, sino también reputacional.

Bajo los nuevos contratos de concesión, el monto fijo de remuneración a las compañías se redujo del 95% del total de sus ingresos hasta el 30%, mientras que los variables se incrementaron del 5% establecido en las tratativas anteriores a 70%.

Fuentes comentan que en su último escrito, los hermanos Ríos habrían asegurado que entre 2005 y 2010 invirtieron más de US$400 millones, pero que nunca han recibido dividendos de lo desembolsado, desde que llegaron al país hace 18 años. También denunciarían que el Ministerio de Transportes fue alertado hace varios años de la inminente quiebra de las compañías, luego de que el Gobierno del primer mandato de Sebastián Piñera encargara una auditoría para conocer la rentabilidad de las firmas. Este informe habría revelado que los operadores del Transantiago tendrían una rentabilidad negativa en un futuro. Sin embargo, el Estado habría hecho oídos sordos.

Otro de los argumentos que Alsacia habría incluido en el memorial, es que el Estado habría favorecido a los inversionistas chilenos por sobre los extranjeros.

En su defensa, de acuerdo a lo que plantearon en la solicitud de arbitraje ingresada en mayo, los hermanos Ríos son enfáticos en que las compañías aceptaron los nuevos contratos de concesión confiando en ciertas manifestaciones y compromisos del Estado en cuanto a la tarifa, sus parámetros de ajuste -demanda, pasajeros transportados y kilómetros comerciales recorridos- y el cumplimiento de obligaciones que, a pesar de los cambios, permitirían que el negocio fuese sostenible y mantuviese el equilibrio económico. Sin embargo, aseguran que el Estado no cumplió sus deberes ni con las expectativas creadas. Incluso, apelan a que estuvo lejos de adoptar las medidas que permitirían disminuir el uso del automóvil, ayudar a los operadores a controlar la evasión y, con ello, aumentar la demanda de transporte en autobús.

El Estado debe presentar la contestación ante el Ciadi el 13 de junio próximo. Fuentes conocedoras del proceso, comentan que una de los opciones de Chile es ingresar un escrito de jurisdicción previo a ingresar su contramemoria. Es decir, podrían apelar a que el tribunal no tiene jurisdicción para dirimir la disputa entre Alsacia y el Estado. Las mismas fuentes señalan que de seguir este camino, el escrito podría ser ingresado entre marzo y abril.

source: Pulso