Venezuela: Pdvsa bajo ataque legal

Venezuela: Pdvsa bajo ataque legal

Por Eduardo Sánchez | 17-4-17

Transnacionales petroleras buscan ahogar a la estatal por medio de varias acciones.

Una fuerza profunda desde el norte atraviesa el Caribe, tiene una cara visible y dirige su ataque buscando las riquezas naturales. Una nueva faceta del poder blando o suave, concepto promovido por el catedrático estadounidense Joseph Nye, pone a Venezuela en el centro de la diatriba. Desde hace 10 años, se viene fraguando una confrontación entre transnacionales petroleras contra Petróleos de Venezuela (Pdvsa) para dirimir controversias a través de tribunales internacionales.

El origen se remonta al proceso de renacionalización de la industria petrolera en 2007, cuando el Estado venezolano compensó los activos de 22 empresas extranjeras vinculadas a la extracción, perforación y servicio petrolero. De aquellas compañías, solo dos, ExxonMobil y ConocoPhillips, ejercieron la opción de acudir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), institución perteneciente al Banco Mundial. Las empresas aseveraron en su momento que la compensación del Gobierno venezolano debió estar calculada por el valor de sus activos en el mercado y no por su valor contable.

La Gaceta Oficial N° 38.869, del 13 de febrero de 2008, estipula la existencia de una campaña de la transnacional ExxonMobil para desprestigiar a Pdvsa. El artículo 1 reza lo siguiente: “Rechazar la acción de terrorismo económico y judicial desarrollada por la transnacional ExxonMobil”.

Cómo ataca. En una investigación realizada por abogados venezolanos a la que tuvo acceso Últimas Noticias, la conspiración internacional es manejada por tres actores. Los investigadores indican que los protagonistas de esas acciones son empresas transnacionales vinculadas al petróleo, el Departamento de Estado de EEUU y el bufete Norton Rose Fulbright.

La transnacional petrolera se enfoca en el arbitraje y en la provocación desde Guyana con la inversión de yacimientos petroleros en el Esequibo, territorio que el país reclama basándose en el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966.

La vinculación de la Exxon con el Departamento de Estado es por el nombramiento de Rex Tillerson como secretario de Estado, antiguo director de la transnacional petrolera.

Por otro lado, el bufete Norton Rose Fulbright empuja sus acciones hacia los arbitrajes en la búsqueda de pruebas para acusar a Venezuela, en la que están en juego 30 millardos de dólares.

Los hechos. El 6 de enero de 2015, la canciller venezolana Delcy Rodríguez declaró: “Mientras no exista una decisión sobre nuestro territorio, no pueden usar sus aguas que no están dispuestas para estos fines. En este sentido, enviamos una comunicación a la ExxonMobil solicitándole que paralizara sus actividades en esa zona”.

El 2 de julio del año pasado, la transnacional halló un yacimiento petrolero en Guyana de 1.400 bloques de petróleo recuperables y de alta calidad.

A inicios de febrero de este año, The Economist publicó que la Exxon reportó otro año de caída de sus ganancias, lo cual golpeó el precio de su acción. La empresa afirmó que apostaban por el descubrimiento de yacimientos petrolíferos en los océanos, específicamente en Guyana. El 3 de marzo, Exxon anunciaba que invertía cinco millardos de dólares en investigación y desarrollo para obtener petróleo en el Esequibo a partir de 2020.

Una semana después, el Ciadi revocó la decisión que obligaba a Venezuela a pagar 1.400 millones de dólares a la transnacional por el caso de la nacionalización de sus activos. “Sí, estamos seguros de que nuestra posición es correcta y estamos contentos por la decisión del comité”, señaló George Kahale, abogado jefe de la firma Curtis, Mallet-Prevost, Colt y Mosle, defensores de Pdvsa en el arbitraje.

Sobre el bufete. Norton Rose Fulbright es una empresa transnacional de asesoramiento jurídico con sede en 35 países del mundo. Los ingresos totales de la firma sobrepasaban los dos millardos de dólares en 2016, el séptimo bufete más importante del orbe. En el caso de Venezuela, intervienen en más de seis arbitrajes en contra de la nación, más que ningún otro bufete.

El Ministerio de Petróleo y Minería de nuestro país, en abril de 2015, presentó ante el Ciadi un escrito de acusación a los jueces Kenneth Keith e Yves Fortier por tener vinculaciones con la firma jurídica. Las acusaciones han sido rechazadas y los arbitrajes de inversiones liderados por Norton Rose Fulbright siguen proliferando.

En el caso de Fortier, el jurista dejó de prestar sus servicios en Norton Rose el 31 de octubre de 2011. En estos momentos, el juez participa en el panel de arbitraje en dos de los casos más grandes en cuanto a la cantidad de dinero reclamada por el inversor. El caso de la empresa Yukos contra el Gobierno ruso por 103.600 millones de dólares y ConocoPhillips contra Venezuela por 30 millardos de dólares. El abogado de nacionalidad canadiense es el foco de atención por la doble vinculación como asesor de la firma jurídica, quien ha tenido una postura visible en contra de la nación y su participación en los arbitrajes.

También la firma sirvió para financiar actividades político-electorales de la oposición venezolana a través de abogados venezolanos.

Conclusión. La fuerza profunda que arremete contra la nación afecta su relación y su acceso a los mercados internacionales. Como colofón, un solo dato: el riesgo país de Venezuela aumentó de 548 puntos el 2 de enero de 2008 a 2.190 puntos el 16 de abril de este año, uno de los más altos del mundo.

El clima de inestabilidad por síntomas de ingobernabilidad e inseguridad jurídica por campañas mediáticas afectan la posibilidad de traer inversiones al país y suscribirse al financiamiento externo. Igualmente, el costo del crédito público externo para Venezuela es superior a otros países en condiciones inferiores de gobernabilidad. A esto se aúna el costo exagerado de los arbitrajes de inversiones, superiores a $6 millones por caso. Así se presenta la cara invisible del poder suave.

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Fuente: El Mundo