África

Los Estados africanos son parte en más de mil acuerdos de inversión, la gran mayoría de los cuales se han firmado con países no africanos.

El Tratado de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), (o ECOWAS por sus siglas en inglés), firmado por Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Costa de Marfil, Liberia, Malí, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo, contiene disposiciones sobre la solución de controversias entre inversionistas y Estados, pero hasta la fecha no se ha registrado ninguna.

En 2006, los miembros de la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo (SADC) (Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibia, Sudáfrica y Swazilandia) firmaron el Protocolo de financiación e inversión de la SADC que también incluye el mecanismo de ISDS sobre la resolución de controversias. Sólo se han registrado dos reclamaciones en virtud de estos mecanismos, ambas contra Lesotho (pero los gobiernos de la región no suelen revelar esa información). En 2016 se aprobaron enmiendas al protocolo. Eliminaron las disposiciones del ISDS (sólo quedaba el arbitraje entre Estados) y redujeron el alcance de los derechos de los inversionistas.

En Sudáfrica, poco después de resolver una controversia con empresas mineras extranjeras sobre sus nuevas normas mineras posteriores al apartheid (caso Piero Foresti y otros), el gobierno comenzó a retirarse de los tratados bilaterales de inversión (TBI) que incluyen ISDS, argumentando que pertenecían a una época caduca. Afirmaba que los TBI se centran en los intereses de los inversionistas de los países “desarrollados” y no abordan las preocupaciones de los países “en desarrollo”.

El Gobierno de Sudáfrica decidió elaborar un nuevo modelo de TBI y reforzar su legislación nacional en lo que respecta a la protección ofrecida a los inversionistas extranjeros, como la compatibilidad de la protección del tipo de TBI con la legislación sudafricana. Sudáfrica también trató de incorporar excepciones legítimas a la protección de los inversionistas cuando lo justificaran consideraciones de interés público.

Las disposiciones del nuevo modelo de TBI de Sudáfrica se han incorporado al modelo de la SADC. Este modelo establece disposiciones que mitigan los riesgos de los tratados anteriores y deja abierta la opción resolver controversias entre Estados, además de los procedimientos de solución de controversias entre inversionistas y Estados.

En 2014, las voces del Gobierno de Namibia arrojaron dudas sobre la correlación entre la inversión extranjera directa y los tratados de inversión, incluido el ISDS. Argumentaron que el ISDS representaba un riesgo para los países “en desarrollo”, debido a los importantes honorarios legales y las indemnizaciones que pueden suponer una importante amenaza presupuestaria. Además, las estadísticas muestran que la mayoría de los demandantes proceden de países “desarrollados”.

Cerca del 11% de todas las disputas de arbitraje han involucrado a estados africanos.

En 2013, un tribunal de arbitraje ordenó a Libia que pagara 935 millones de dólares en una disputa sobre un contrato de arrendamiento de tierras para un proyecto turístico, lo que la convierte en uno de los mayores laudos conocidos hasta la fecha.

Egipto ha sido el quinto Estado más afectado en todo el mundo, con 34 casos registrados de ISDS en su contra. Tanzanía ha sido el país más afectado del África subsahariana, con seis controversias, todas ellas iniciadas por inversionistas europeos.

(abril de 2020)

Africa Intelligence | 30-ago-2018
Déjà confronté à une procédure devant le tribunal arbitral international Cirdi intenté par l’ex-propriétaire de la société, le royaume va devoir gérer une seconde saisine de la même instance, enclenchée par Carlyle.
Africa Intelligence | 30-ago-2018
Already faced with an arbitration case at ICSID brought by the company’s former owner, Morocco now faces another started on August 22 by giant US asset management group Carlyle.
IISD | 21-ago-2018
Debido a que los acuerdos internacionales de inversión (AIIs) fueron creados para limitar algunos aspectos del derecho a regular de los países, la primera ola de AIIs inhibió la experimentación regulatoria de los países receptores que podría perjudicar los derechos de los inversores extranjeros.
L’Express Maurice | 21-ago-2018
Christian Doutremepuich et son fils Antoine, deux investisseurs français, ont initié une procédure d’arbitrage international à l’encontre de la République de Maurice du fait de l’abandon de leur projet de laboratoire d’ADN.
IISD | 16-ago-2018
Malgré des difficultés, l’expérience de l’Afrique du Sud et du Brésil démontrent qu’il est possible de repenser complètement le régime de l’investissement, et de faire en sorte que les intérêts des investisseurs correspondent aux besoins en développement des pays d’accueil.
IISD | 16-ago-2018
Despite challenges, the experiences of South Africa and Brazil demonstrate that there is room for genuine reimagination of the investment regime, where the interests of investors are matched with the development concerns of host countries.
Eco Actu | 8-ago-2018
Le conseil de la commune de Casablanca avait constaté des manquements graves en matière de gestion de la décharge dont les conséquences environnementales et sanitaires sont drastiques.
Africa is a country | 4-ago-2018
Zimbabwe is still seeking to have annulled two Awards issued by a tribunal of the ICSID. The disputes concern the government’s expropriation of timber plantations which were first established by Rhodes’ BSAC.
Expropriate | 4-ago-2018
On 29 July 1918, the British judiciary proffered the Empire’s most expressly and egregiously racist justification for the land dispossession of indigenous peoples. Today, an ICSID tribunal continues that mission. No matter which way Zimbabwean’s turn at the polls, they’re still paying for their invasion and occupation by Cecil Rhodes’ British South Africa company...
FTDES | 1ro-ago-2018
Dans le cadre des négociations de l’ALECA, l’Union Européenne a proposé à la Tunisie de mettre en place un mécanisme d’arbitrage entre investisseurs et Etat, sous l’appellation « système judiciaire pour l’investissement » (Investment Court System ou ICS en anglais). Nous interpellons la société civile et les pouvoirs publics pour qu’il soit catégoriquement refusé.

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