Argentina ganó en el Ciadi un reclamo millonario de empresas españolas

Argentina ganó en el Ciadi un reclamo millonario de empresas españolas

Por Télam, 9-12-16

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La demanda era por supuestos incumplimientos en la concesión del servicio de agua potable y saneamiento en la provincia de Buenos Aires.

Argentina ganó una demanda de empresas españolas que reclamaban ante tribunales internacionales una indemnización de más de 300 millones de dólares, por supuestos incumplimientos en la concesión del servicio de agua potable y saneamiento en la provincia de Buenos Aires.

Un tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) resolvió el jueves no hacer lugar al reclamo planteado en 2007 por las empresas españolas Urbaser y Consorcio de Aguas Bilbao Bizcaya (CABB), por el que exigían una indemnización original de 316 millones de dólares más intereses y costas, informó la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de la defensa del Estado argentino.

Según la demanda, el Estado argentino había violado diversas obligaciones contenidas en el Tratado Bilateral de Inversiones entre Argentina y España, de 1991, entre ellas “la prohibición de expropiación o adopción de medidas injustificadas o discriminatorias y la obligación de dar trato justo y equitativo”.

Los hechos principales que motivaron esta argumentación de las empresas fueron la pesificación y congelamiento de las tarifas y la rescisión del contrato de concesión por parte de la provincia de Buenos Aires en 2006, al ser estatizado el servicio.

Urbaser y CABB entablaron la demanda como accionistas de Aguas del Gran Buenos Aires (“AGBA”), una sociedad creada por inversores extranjeros, a la que se le adjudicó a principios de 2000 la concesión de servicios de agua potable y saneamiento en la provincia de Buenos Aires.

En su alegato, la Procuración, a través de Carlos Balbín, letrado a cargo del caso, sostuvo que “las dificultades que enfrentó la concesión se debieron, en gran parte, a una gestión deficiente por parte de AGBA y sus accionistas”.

Entre estas deficiencias, Argentina relevó la incapacidad de regularizar la cobranza a los usuarios de la red, la falta de inversiones mínimas y necesarias para una gestión eficiente, y el incumplimiento de los niveles exigidos de nitrato en el agua.

La Procuración invocó “la defensa de estado de necesidad para justificar las medidas de emergencia adoptadas por el gobierno nacional y el gobierno de la provincia en 2002, como la pesificación de las tarifas”.

El tribunal arbitral rechazó la mayoría de los reclamos de las empresas españolas y determinó que no hubo expropiación ni discriminación o medidas injustificadas, aunque sostuvo que Argentina tuvo responsabilidad en cuanto a la renegociación del contrato de concesión entre 2003 y 2005.

Por ende, el Tribunal rechazó en su totalidad el reclamo indemnizatorio al reconocer que las empresas “no habían cumplido con las obligaciones asumidas en la concesión”.

Según el tribunal arbitral, “en enero de 2002 en Argentina existía una situación de estado de necesidad que respaldaba suficientemente las medidas de emergencia dictadas”.

Los árbitros consideraron que los gobiernos nacional y provincial “estaban obligados, en función del derecho constitucional y una política elemental de protección de la salud de la población, a preservar el acceso al agua potable”.

source: Télam