La intención del Gobierno de México para contrarrestar la reforma energética promulgada en 2014 podría implicar violaciones a los compromisos que el país latinoamericano adquirió al suscribirse a los Tratados Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) y, así como al acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).