Los Estados africanos son parte en más de mil acuerdos de inversión, la gran mayoría de los cuales se han firmado con países no africanos.

En 2006, los miembros de la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo (SADC) (Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibia, Sudáfrica y Swazilandia) firmaron el Protocolo de financiación e inversión de la SADC que también incluye el mecanismo de ISDS sobre la resolución de controversias. Sólo se han registrado dos reclamaciones en virtud de estos mecanismos, ambas contra Lesotho (pero los gobiernos de la región no suelen revelar esa información). En 2016 se aprobaron enmiendas al protocolo. Eliminaron las disposiciones del ISDS (sólo quedaba el arbitraje entre Estados) y redujeron el alcance de los derechos de los inversionistas.

En Sudáfrica, poco después de resolver una controversia con empresas mineras extranjeras sobre sus nuevas normas mineras posteriores al apartheid (caso Piero Foresti y otros), el gobierno comenzó a retirarse de los tratados bilaterales de inversión (TBI) que incluyen ISDS, argumentando que pertenecían a una época caduca. Afirmaba que los TBI se centran en los intereses de los inversionistas de los países “desarrollados” y no abordan las preocupaciones de los países “en desarrollo”.

El Gobierno de Sudáfrica decidió elaborar un nuevo modelo de TBI y reforzar su legislación nacional en lo que respecta a la protección ofrecida a los inversionistas extranjeros, como la compatibilidad de la protección del tipo de TBI con la legislación sudafricana. Sudáfrica también trató de incorporar excepciones legítimas a la protección de los inversionistas cuando lo justificaran consideraciones de interés público.

Las disposiciones del nuevo modelo de TBI de Sudáfrica se han incorporado al modelo de la SADC. Este modelo establece disposiciones que mitigan los riesgos de los tratados anteriores y deja abierta la opción resolver controversias entre Estados, además de los procedimientos de solución de controversias entre inversionistas y Estados.

En 2014, las voces del Gobierno de Namibia arrojaron dudas sobre la correlación entre la inversión extranjera directa y los tratados de inversión, incluido el ISDS. Argumentaron que el ISDS representaba un riesgo para los países “en desarrollo”, debido a los importantes honorarios legales y las indemnizaciones que pueden suponer una importante amenaza presupuestaria. Además, las estadísticas muestran que la mayoría de los demandantes proceden de países “desarrollados”.

Cerca del 11% de todas las disputas de arbitraje han involucrado a estados africanos.

En 2013, un tribunal de arbitraje ordenó a Libia que pagara 935 millones de dólares en una disputa sobre un contrato de arrendamiento de tierras para un proyecto turístico, lo que la convierte en uno de los mayores laudos conocidos hasta la fecha.

Egipto ha sido el quinto Estado más afectado en todo el mundo, con 34 casos registrados de ISDS en su contra. Tanzanía ha sido el país más afectado del África subsahariana, con seis controversias, todas ellas iniciadas por inversionistas europeos.

(abril de 2020)