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Las corporaciones de servicios han usado las disposiciones del arbitraje de disputas inversionistas- estado (ISDS) que se incluyen en los acuerdos comerciales y de inversión, para impugnar los intentos de los estados de regular los servicios públicos privatizados como el agua, la seguridad social y otros servicios.

En respuesta a varios gobiernos que han tratado de bajar las tarifas de los servicios públicos para las poblaciones más pobres o para enfrentar crisis económicas importantes, las compañías extranjeras han iniciado disputas ISDS, reclamando que fueron tratados “injustamente” debido a las pérdidas de utilidades.

Potencialmente, cualquier reforma importante de los estándares en relación a grandes infraestructuras o instalaciones asociadas a servicios públicos podría ser llevada ante el ISDS.

A finales de 2019, alrededor de 2/3 de todas las disputas del ISDS se referían al sector de los servicios en general, incluidos los servicios públicos pero también los servicios financieros, las telecomunicaciones, el transporte, la construcción, etc.

Las disputas más conocidas incluyen:

• Azurix (EEUU) vs Argentina: US$165 millones concedidos en el año 2006 al inversionista, un compañía de agua. La disputa surgió a partir de la contaminación del reservorio, lo cual convertía al agua del área como no potable. La empresa reclamó que el gobierno había expropiado su inversión y que negó a la empresa “un trato justo y equitativo” al no permitir aumento de tarifas y por no invertir suficientes fondos públicos en la infraestructura de agua potable (se invocó tratado bilateral Argentina-EEUU).

• Tampa Electric Company “TECO” (EEUU) vs Guatemala: la compañía de energía, de origen estadounidense, impugnó la decisión de Guatemala de bajar las tarifas de la electricidad que una compañía de servicios privada podía cobrar. TECO fue compensado con US$25 millones en el año 2013 (se invocó el CAFTA).

• TCW (EEUU) vs República Dominicana: La corporación estadounidense de administración de inversiones, la que era propietaria, en conjunto con el gobierno, de una de las tres empresas de distribución eléctrica de República Dominicana, demandó al gobierno por no aumentar las tarifas eléctricas y por no impedir el robo de electricidad por parte de las poblaciones pobres. El caso fue resuelto en el año 2009 por US$26,5 millones pagados al inversionista (se invocó el CAFTA).

(marzo de 2020)

Inequality.org | 27-mar-2020
The hard work of protecting water and land from the long-term harms associated with gold and silver mining takes place daily on the frontlines of tenacious struggles throughout Latin America and around the world.
Ministère de l’Economie et des Finances, France | 13-mar-2020
Le CIRDI estime que le traité de protection des investissements Espagne-Pérou n’a pas été violé et demande à Lidercón d’indemniser l’État péruvien à hauteur de 4 MUSD.
Procuraduría General del Estado - Bolivia | 5-mar-2020
En abril de 2019, Futuro de Bolivia AFP S.A notificó a Bolivia sobre la existencia de una controversia en el marco de los acuerdos de inversión que el Estado suscribió con la Confederación Suiza y con el Reino de Suecia.
Ciar Global | 28-feb-2020
La compañía portuguesa Mota Engil ha notificado al Gobierno paraguayo dos demandas de arbitraje internacional relacionadas con el proyecto Metrobús.
Street Insider | 26-feb-2020
JCDecaux SA, an outdoor advertising, invited the Czech Republic to engage in discussions, as the first step in arbitration proceedings.
Al Wihda | 22-feb-2020
Une société de services financiers, basée aux États-Unis, a saisi le CIRDI au sujet d’un différend avec le Cameroun lié à une série de plateformes numériques.
Ciar Global | 6-feb-2020
La compañía portuguesa Mota Engil reclama un total de 25 millones de dólares al estado paraguayo por el fallido contrato del proyecto Metrobús.
Reuters | 4-feb-2020
The ride-hailing firm said its initial calculations suggest damages from suspending its service in Colombia will exceed $250 million.
Ciar Global | 4-feb-2020
En enero, Colombia recibió una notificación de intención de acudir a arbitraje de inversiones por parte de Uber y su filial colombiana por suspender el servicio en el país.
IAReporter | 13-ene-2020
The US-based ridesharing services platform Uber Technologies and its Colombian subsidiary, Uber Colombia, have threatened to initiate arbitration proceedings against Colombia under the Colombia-US Trade Promotion Agreement.

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