La Secretaría General del CIADI notificó el registro de la solicitud de anulación presentada por el Estado ecuatoriano en contra de los laudos arbitrales final y por contrademandas emitidos el 7 de febrero de 2017 dentro del caso planteado por la petrolera norteamericana Burlington.
Más de 16 organizaciones ambientalistas y sociales que aglutinan el Movimiento de Victimas, Afectados y Afectadas por el Cambio Climático y Corporaciones MOVIAC entregaron una pieza de correspondencia en la Asamblea Legislativa para solicitar la creación de una Ley que prohíba la explotación minera y los Tratados de Libre Comercio.
Los grupos defensores del CETA acusan a quien se opone a él de seguirle el juego a Donald Trump, pero son acuerdos como este los que han contribuido a catapultar al poder a personas como el actual presidente de EEUU.
El Parlamento Europeo podría estar en vías de ratificar un acuerdo que es ilegal, además de faltar a su deber de asegurar que los tratados europeos respetan los principios fundamentales y leyes de la UE.
Un tribunal arbitral del Banco Mundial ordenó a Ecuador pagar unos 380 millones de dólares a la petrolera estadounidense Burlington Resources Inc. como compensación en una demanda por el reparto de ganancias extraordinarias, dijo el miércoles la Procuraduría del país.
El grupo español se siente perjudicado por las recientes regulaciones en el mercado de las comunicaciones, aún cuando las autoridades tomaron nota de sus quejas por medidas que podrían favorecer a Clarín.
En los últimos 10 años, El Salvador ha ganado cuatro arbitrajes en el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial (BM), permitiéndole ahorrar al menos $1,171.4 millones en compensaciones.
La Corte de Apelaciones de París falló a favor de la minera Gold Reserve y en contra Venezuela, por lo que rechazó los argumentos del gobierno de Nicolás Maduro que pedían anular un laudo que data del 2014.
El conjunto de tratados y acuerdos de comercio e inversiones que invaden todo el planeta responde a una lógica jurídica de feudalización del ordenamiento normativo global.