América del Norte

Canadá y Estados Unidos han firmado más de 180 acuerdos internacionales de inversión. Ambos son parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), con México. Con el TLCAN se lanzaron 67 disputas inversionistas-Estados. Ahora el TLCAN se renegoció y se convirtió en USMCA o T-MEC como le dicen en castellano. Todavía falta que entre en vigor pese a haberse firmado en noviembre de 2018. Se han retirado los mecanismos de arbitraje de disputas entre Estados Unidos y Canadá y entre México y Canadá —aunque siguen incluidos en la Asociación Trans-Pacífica a la que Canadá y México pertenecen. Entre Estados Unidos y México se aceptan solamente demandas acotadas, una vez que se agotaran los remedios locales. Pero el mecanismo ISDS se mantiene entre ambos países en lo que tenga que ver con el sector del gas y el petróleo.

Estados Unidos es también parte del Tratado de Libre Comercio de Centro América y Republica Dominicana (TLCCA-DR o CAFTA) con 6 estados centroamericanos. Los inversionistas estadounidenses han iniciado 11 disputas con el CAFTA.

Canadá ha firmado un Acuerdo de Promoción y Protección de la Inversión Extranjera (FIPA por sus siglas en inglés) con China y el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA por sus siglas en inglés). El CETA incluye mecanismos revisados de ISDS, un sistema de cortes jurídicas de inversión, que han sido criticadas por no responder al núcleo de los problemas centrales que subyacen a este mecanismo.

Los inversionistas estadounidenses han usado extensamente el mecanismo de arbitraje de disputas entre inversionistas y Estados ISDS de todos estos tratados. Ha iniciado cerca de 180 disputas, más de 17% de todos los casos conocidos, haciendo que sea el Estado sede de inversionistas demandantes más frecuente. EUA no ha perdido nunca un litigio ISDS.

Por otra parte los inversionistas canadienses han iniciado unas 35 disputas y Canadá es el segundo blanco más frecuente entre los Estados desarrollados (y el quinto a nivel global).

Los inversionistas canadienses han iniciado 50 disputas y Canadá es el cuarto objetivo de tales disputas entre los Estados “desarrollados” (es el noveno a nivel global) con 29 casos.

Foto: Public Citizen

(abril de 2020)

Reuters | 6-jun-2016
More than 450 groups on Monday called on Congress to reject the Trans-Pacific Partnership (TPP) if it comes up for a vote this fall, saying the trade deal would allow fossil fuel companies to contest U.S. environmental rules in extrajudicial tribunals.
Peru Reports | 3-jun-2016
Gramercy Funds Management has filed a $1.6 billion claim against Peru for its refusal to redeem land bonds from the 1970s agrarian reform.
Market Watch | 3-jun-2016
The Permanent Court of Arbitration awarded the Company damages of US$19,447,498, plus pre- and post-award interest.
Benziga | 31-may-2016
Centerra Gold Inc.reports that it has delivered a notice of arbitration to the Kyrgyz Republic Government in connection with certain ongoing disputes relating to the Kumtor mining project.
Common Dreams | 30-may-2016
Emails obtained through Freedom of Information Act (FOIA) show U.S. Trade Rep. Michael Froman discussing TPP with Goldman Sachs lobbyists
New Generation Trade Blog | 27-may-2016
The new trade is something with much more weight: It’s about community power and who gets to make decisions.
CIGI | 23-may-2016
Canada and the European Union released a revised Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) in February 2016. The revisions focus on the controversial and deeply flawed process of investor-state dispute settlement (ISDS).
No al TTIP | 21-may-2016
Aunque el CETA crearía un mercado mucho más pequeño que el que se pretende crear a través del TTIP, se trata de un comercio agresivo y supone el incremento de privilegios y poderes para las grandes empresas e industrias.
El Diario | 10-may-2016
Debido a su gran parecido, el CETA también es conocido como ’el TTIP canadiense’, el ’Acuerdo Integral de Economía y Comercio’ entre la UE y Canadá.
No al TTIP | 3-may-2016
Un documento al que ‘Público’ ha accedido en exclusiva prueba que el Ejecutivo en funciones trabaja para que el CETA pueda aplicarse a partir del 2017, aunque no ha obtenido ningún tipo de apoyo del parlamento, ni le ha pedido que se pronuncie al respecto.