Derechos agrarios

Durante los últimos años, los inversionistas han confiado en los acuerdos de inversión para impulsar un número creciente de arbitrajes relacionados con disputas entre inversionistas y Estados con los mecanismos ISDS para desafiar la legalidad de la conducta estatal relacionada con la gobernanza agraria, como los programas de reforma agraria, el manejo de las ocupaciones de las fincas o la terminación de transacciones con tierras. Y han procurado lograr cantidades significativas en compensación.

Estas conexiones entre los derechos agrarios y los tratados de inversión pueden volverse crecientemente problemáticas en los próximos años, debido a las presiones crecientes sobre la tierra por los proyectos de energía o minas, las inversiones de agronegocios, las zonas económicas especiales, los desarrollos de turismo y los proyectos de infraestructura.

Las disputas ISDS relacionadas con acaparamiento de tierras incluyen:

• Hussain Sajwani & Damac (Emiratos Árabes Unidos) vs. Egipto: El inversionista adquirió tierra en tiempos del régimen de Mubarak por un valor supuestamente menor al del mercado. Las cortes egipcias cancelaron las transacción tras la caída del régimen. El caso se cerró en 2013, pero no se conocen detalles) se invocó un TBI entre los emiratos y Egipto).

• Abengoa & Cofides (España) vs. México: la municipalidad de Zimapán proporcionó un terreno a un inversionista para abrir un tiradero de desechos tóxicos. Las comunidades locales exigieron que la tierra les fuera regresada. Las protestas provocaron que el consejo municipal retirara la licencia del proyecto. Los inversionistas fueron premiados con unos 30 millones de dólares en 2013 (se invocó el TBI entre España y México).

• Border Timbers, Border Timbers International y Hangani Development (Suiza) vs. Zimbabwe: la disputa surgió por la reforma agraria de Zimbabwe, un esfuerzo por distribuir la tierra de manera más equitativa entre los campesinos negros y blancos tanto zimbabwanos como europeos, siendo que estos últimos disfrutaban de un estatus económico superior (se invocó un TBI entre Suiza y Zimbabwe).

(noviembre de 2015)

Yonhap | 1ro-oct-2019
The South Korean government has won an international arbitration in a suit a Korean-American individual filed over expropriation of land in a redevelopment project.
GRAIN | 2-ago-2019
El RCEP no sólo cambiará las reglas sobre la exportación e importación de bienes y servicios; cambiará la forma en que los gobiernos deciden sobre los derechos de tierras y quiénes tienen acceso a ellos.
Mining Watch | 2-may-2019
We analyzed 38 multi-million dollar claims brought by the mining industry using ISDS and other investment protection laws; in over half, communities are fighting to protect Indigenous territory, water, and more.
Lex Latin | 6-mar-2019
Los demandantes alegaron que Panamá expropió y no otorgó un trato justo y equitativo a las empresas y a su inversión en el proyecto.
Yellowhead Institute | 26-feb-2019
Exception clauses amount to little more than tokenism, and short-change our full rights to determine trade relationships on our land and oceanic territories.
IIED | 23-feb-2019
Existing arrangements for third parties to participate in investor-state dispute settlement (ISDS) are not designed to protect people whose rights and interests are directly at stake.
Hogan Lovells | 20-feb-2019
Claimants failed to seek an annulment of the 12 October 2018 award, which dismissed the totality of claimants’ claims against the Republic of Panama.
Global Development and Environment Institute | 18-dic-2018
While promising economic growth, large-scale land investment deals have caused increased inequality, widespread displacement of people, and destruction of natural resources.
Pazimbabwe | 28-nov-2018
The ICSID has rejected Zimbabwe’s application to annul an US$195 million award to a German family whose property was expropriated under the controversial land reform programme.
IIED | 8-nov-2018
Many SEZs have been associated with compressions of land, labour and human rights. Investment treaties protect investments against adverse regulatory change, including in SEZs. To date, investors have brought at least 20 arbitrations to challenge diverse aspects of SEZ regimes.

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