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Las corporaciones de servicios han usado las disposiciones del arbitraje de disputas inversionistas- estado (ISDS) que se incluyen en los acuerdos comerciales y de inversión, para impugnar los intentos de los estados de regular los servicios públicos privatizados como el agua, la seguridad social y otros servicios.

En respuesta a varios gobiernos que han tratado de bajar las tarifas de los servicios públicos para las poblaciones más pobres o para enfrentar crisis económicas importantes, las compañías extranjeras han iniciado disputas ISDS, reclamando que fueron tratados “injustamente” debido a las pérdidas de utilidades.

Potencialmente, cualquier reforma importante de los estándares en relación a grandes infraestructuras o instalaciones asociadas a servicios públicos podría ser llevada ante el ISDS.

A finales de 2019, alrededor de 2/3 de todas las disputas del ISDS se referían al sector de los servicios en general, incluidos los servicios públicos pero también los servicios financieros, las telecomunicaciones, el transporte, la construcción, etc.

Las disputas más conocidas incluyen:

• Azurix (EEUU) vs Argentina: US$165 millones concedidos en el año 2006 al inversionista, un compañía de agua. La disputa surgió a partir de la contaminación del reservorio, lo cual convertía al agua del área como no potable. La empresa reclamó que el gobierno había expropiado su inversión y que negó a la empresa “un trato justo y equitativo” al no permitir aumento de tarifas y por no invertir suficientes fondos públicos en la infraestructura de agua potable (se invocó tratado bilateral Argentina-EEUU).

• Tampa Electric Company “TECO” (EEUU) vs Guatemala: la compañía de energía, de origen estadounidense, impugnó la decisión de Guatemala de bajar las tarifas de la electricidad que una compañía de servicios privada podía cobrar. TECO fue compensado con US$25 millones en el año 2013 (se invocó el CAFTA).

• TCW (EEUU) vs República Dominicana: La corporación estadounidense de administración de inversiones, la que era propietaria, en conjunto con el gobierno, de una de las tres empresas de distribución eléctrica de República Dominicana, demandó al gobierno por no aumentar las tarifas eléctricas y por no impedir el robo de electricidad por parte de las poblaciones pobres. El caso fue resuelto en el año 2009 por US$26,5 millones pagados al inversionista (se invocó el CAFTA).

(marzo de 2020)

Kluwer Arbitration Blog | 19-nov-2019
Global investment governance needs to be redesigned for the 21st century, with people and the planet at the core.
Ciar Global | 29-oct-2019
Terence Highlands reclama la expropiación ilegal de las inversiones de la empresa Coastline, de la que es dueño, y exige alrededor de 80 millones de dólares.
El Mañana | 28-oct-2019
Las acciones del Gobierno de Enrique Peña Nieto contra Oceanografía podrían costarle alrededor de 300 millones de dólares a la actual Administración.
National Law Review | 24-oct-2019
This case involves a dispute between TECO, an energy company incorporated in the United States, and the Republic of Guatemala, over electricity rates.
Ecoticias | 23-oct-2019
Con motivo de la Semana de Acción contra la Impunidad Corporativa, la campaña Derechos para las Personas Obligaciones para las Multinacionales lanzó en toda Europa la web de Premios Escobilla de Oro.
Global Legal Chronicle | 6-sep-2019
Squire Patton Boggs has successfully defended the Republic of Estonia against a US$100 million investment treaty claim brought by Estonian water provider AS Tallinna Vesi and its Dutch shareholder United Utilities.
GRAIN | 2-ago-2019
El RCEP no sólo cambiará las reglas sobre la exportación e importación de bienes y servicios; cambiará la forma en que los gobiernos deciden sobre los derechos de tierras y quiénes tienen acceso a ellos.
ERR News | 24-jun-2019
Tallinn water utility Tallinna Vesi has seen its claim against the Estonian state overruled by the International Centre for the Settlement of Investment Dispute (ICSID), and has been ordered to pay costs likely to be in excess of half a million euros.
Cinco Días | 26-abr-2019
El país austral pagará 220 millones al grupo francés, de los cuales en torno a 80 son para Aguas de Barcelona
Le Figaro | 26-abr-2019
Le groupe de gestion de l’eau et des déchets Suez a annoncé avoir touché une indemnité de l’Argentine pour la résiliation d’un contrat décidée par le gouvernement argentin en 2006, en application d’une décision arbitrale.

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