Energía y ambiente

La mayoría de las disputas entre inversionistas y Estados (ISDS) tienen que ver con asuntos ambientales. Las corporaciones usan cada vez más el sistema de ISDS que se encuentra en tratados de inversiones y de comercio a fin de desafiar las políticas ambientales.Para finales de 2019, cerca de 41% de todos los casos llevados ante el CIADI se relacionaron con recursos naturales y energéticos.

Los casos más conocidos incluyen:

• Lone Pine Resources (EUA) vs. Canadá: Lone Pine desafió la moratoria de Quebec a la controvertida práctica de la fractura hidráulica, o fracking, para buscar gas natural. El gobierno provincial de Canadá declaró una moratoria en 2011 con el fin de conducir evaluaciones de impacto ambiental del método de extracción, que es acusado ampliamente del lixiviado de químicos y gases a las aguas terrestres y de la contaminación del aire. El caso sigue en disputa (se invoca el TLCAN).

• Bilcon (EUA) vs. Canadá: la corporación estadounidense desafió los requisitos ambientales canadienses que afectan sus planes de abrir una cantera de basalto y una terminal marina en Nueva Escocia. En 2015, un tribunal de arbitraje decidió que la voluntad del gobierno era un obstáculo a las expectativas del inversionista. Entonces Bilcon obtuvo 7 millones de dólares, más intereses (se invocó el TLCAN).

• Vattenfall (Suecia) vs. Alemania: en 2007, la corporación de energía obtuvo un permiso provisional para construir una planta activada con carbón como combustible cerca de la ciudad de Hamburgo. En un esfuerzo por proteger el río Elba de las aguas residuales desechadas por la planta, se añadieron restricciones ambientales para la aprobación final de su construcción. El inversionista comenzó una disputa arguyendo que haría inviable su proyecto. El caso fue finiquitado en 2011, y la ciudad de Hamburgo accedió a bajar sus requisitos ambientales (se invocó el ECT)

Foto: Kris Krug / CC BY-NC-ND 2.0

(marzo 2020)

Equal Times | 8-sep-2020
¿Podemos incrementar la urgencia (y acción) climática y al mismo tiempo proteger los combustibles fósiles que provocan el cambio climático?
Novethic | 8-sep-2020
Le Traité sur la charte de l’énergie, signé en 1994 par l’Europe et les pays de l’ancien bloc soviétique, donne aux investisseurs la possibilité d’attaquer les gouvernements qui modifieraient leur politique énergétique.
Euractiv | 8-sep-2020
The 1991 Energy Charter Treaty must be profoundly overhauled in order to remove all “obsolete” provisions protecting fossil fuel investments and hindering climate action, lawmakers from across Europe said.
Climate Change News | 8-sep-2020
The Japanese government is blocking reform of a treaty that allows energy companies to sue nation states when climate policies affect their profits.
El Diario | 7-sep-2020
El Tratado de la Carta de la Energía es incompatible con la consecución de los Acuerdos de París por su protección del statu quo: se trata de un acuerdo internacional de 53 países que deja en manos del arbitraje internacional la resolución de conflictos entre inversores y Estados
Diario 16 | 7-sep-2020
El 19 de febrero de 2010, la empresa tabaquera más grande del mundo, Philip Morris, presentó una demanda contra Uruguay ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), en la que se alegaba la violación del Tratado Bilateral de Inversión entre Suiza y Uruguay.
Equal Times | 7-sep-2020
Peut-on brandir l’urgence d’agir pour le climat et protéger en même temps les énergies fossiles, causes du dérèglement climatique ?
Equal Times | 7-sep-2020
Is it possible to take urgently needed action on climate change while simultaneously protecting the fossil fuel industry, the very cause of climate imbalance?
AFTINET | 3-sep-2020
Australia, with its many Bilateral Investment Treaties and FTAs, contributes to a system of treaty shopping by mining companies looking to sue governments over unfavourable decisions.
Reuters | 1ro-sep-2020
Barrick Gold Corp has lost a court challenge in Papua New Guinea over rights to a highlands gold mine and intends to appeal to the country’s Supreme Court.