Energía y ambiente

La mayoría de las disputas entre inversionistas y Estados (ISDS) tienen que ver con asuntos ambientales. Las corporaciones usan cada vez más el sistema de ISDS que se encuentra en tratados de inversiones y de comercio a fin de desafiar las políticas ambientales.Para finales de 2019, cerca de 41% de todos los casos llevados ante el CIADI se relacionaron con recursos naturales y energéticos.

Los casos más conocidos incluyen:

• Lone Pine Resources (EUA) vs. Canadá: Lone Pine desafió la moratoria de Quebec a la controvertida práctica de la fractura hidráulica, o fracking, para buscar gas natural. El gobierno provincial de Canadá declaró una moratoria en 2011 con el fin de conducir evaluaciones de impacto ambiental del método de extracción, que es acusado ampliamente del lixiviado de químicos y gases a las aguas terrestres y de la contaminación del aire. El caso sigue en disputa (se invoca el TLCAN).

• Bilcon (EUA) vs. Canadá: la corporación estadounidense desafió los requisitos ambientales canadienses que afectan sus planes de abrir una cantera de basalto y una terminal marina en Nueva Escocia. En 2015, un tribunal de arbitraje decidió que la voluntad del gobierno era un obstáculo a las expectativas del inversionista. Entonces Bilcon obtuvo 7 millones de dólares, más intereses (se invocó el TLCAN).

• Vattenfall (Suecia) vs. Alemania: en 2007, la corporación de energía obtuvo un permiso provisional para construir una planta activada con carbón como combustible cerca de la ciudad de Hamburgo. En un esfuerzo por proteger el río Elba de las aguas residuales desechadas por la planta, se añadieron restricciones ambientales para la aprobación final de su construcción. El inversionista comenzó una disputa arguyendo que haría inviable su proyecto. El caso fue finiquitado en 2011, y la ciudad de Hamburgo accedió a bajar sus requisitos ambientales (se invocó el ECT)

Foto: Kris Krug / CC BY-NC-ND 2.0

(marzo 2020)

Media Congo | 9-ago-2021
New evidence from a UN report and a high-profile investor arbitration case is casting a spotlight on Rwanda’s role in sophisticated smuggling networks that extract gold and coltan from Congolese conflict zones and funnel the strategically important minerals illicitly into global supply chains.
Market Research Telecast | 9-ago-2021
Spanish Solar demands compensation from the Spanish Government for having cut the premiums for the use of energy once the investments have been made.
The Maritime Executive | 9-ago-2021
A lawsuit filed against the Mexican government for denying a permit for seabed mining has put a spotlight on the lack of international rules for such practices.
East Asia Forum | 9-ago-2021
Human rights experts are particularly concerned about the asymmetric nature of the system and a lack of investors’ human rights obligations. Together with high ISDS costs and arbitral awards, they undermine states’ ability to realise economic, social, cultural and environmental rights.
Public Citizen | 7-ago-2021
TC Energy expects to get 15 times more money, coming from taxpayers’ pockets, than the asset losses it experienced from the revocation of a permit, that was already denied twice.
The Globe and Mail | 6-ago-2021
New evidence from a UN report and a high-profile investor arbitration case is casting a spotlight on Rwanda’s role in sophisticated smuggling networks that extract gold and coltan from Congolese conflict zones and funnel the strategically important minerals illicitly into global supply chains.
Gabriel Resources | 5-ago-2021
The UNESCO application and inscription are fundamentally at odds with Romania’s obligations under its investment treaties in relation to Gabriel’s gold and silver project.
Al Jazeera | 3-ago-2021
Corporate courts were invented to protect the West’s control of the world against decolonisation. They are now undermining attempts to halt climate change.
CIAR Global | 30-jul-2021
La compañía petrolera Perenco ha llegado a un acuerdo con Ecuador en las negociaciones por el pago del laudo de 435 millones de dólares en el marco de la larga disputa sobre la asignación de los beneficios de dos contratos de participación, que datan de 2002, a raíz de la adopción de legislación, por parte de Ecuador, que modificó la participación que Perenco recibía en virtud de varios Contratos de Hidrocarburos en la Región Amazónica Ecuatoriana.
Capital Monitor | 30-jul-2021
The Energy Charter Treaty, which gives oil and gas companies a route to suing governments, is increasingly hindering climate policy reform, say campaigners. And it is not the only agreement of its type.