Ante próximo laudo de Glencore, en Colombia se advierte del riesgo del mal uso de los TLCs
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Por CIAR Global | 2-4-19

Ante próximo laudo de Glencore, en Colombia se advierte del riesgo del mal uso de los TLCs

Ante la inminente emisión del laudo del arbitraje de inversiones Glencore-Colombia registrado en CIADI en marzo de 2016, la Contraloría General de Colombia –máximo órgano de control fiscal del Estado– ha hecho público un comunicado en el que habla de los riesgos del mal uso de los tratados internacionales de libre comercio (TLC) a propósito de posibles demandas internacionales.

Arbitraje Glencore-Colombia

El arbitraje de Glencore International (suiza) y Prodeco (colombiana) contra Colombia, por la expropiación de la concesión de la explotación de la mina de carbón “Calenturitas”, fue presentado en marzo de 2016.

Los miembros del tribunal son: el español Juan Fernández-Armesto (presidente), nombrado por acuerdo de las partes; el argentino Oscar M. Garibaldi, nombrado por el demandante; y el canadiense John Christopher Thomas, nombrado por el demandado.

Los despachos implicados son:
Freshfields Bruckhaus Deringer US, Washington, y Álvarez Zárate & Asociados, Bogotá, de parte de Glencore; y Dechert y Pierre Mayer, París, de parte de Colombia.

Comunicado de la Contraloría: Declaración de la Contraloría General sobre Demandas Internacionales

Bogotá, 1 de abril de 2019.- La institucionalidad del control fiscal se ha visto afectada por nuevos riesgos frente a su ejercicio constitucional y legal y uno de ellos es consecuencia del mal uso de instrumentos de protección a la inversión extranjera, como los tratados internacionales de libre comercio.

Los responsables fiscales han buscado ampararse en los mismos para evadir las decisiones de los órganos del control fiscal, desconocer el ordenamiento jurídico de Colombia en la materia, e introducir al Estado colombiano en acciones de carácter internacional, que no deberían caber en este tipo de asuntos.

En próximo días en el seno del CIADI, institución del Banco Mundial dedicada al arreglo de diferencias relativas a inversiones internacionales, se proferirá una importante decisión en el caso Prodeco-Glencore.

Esta compañía demandó no sólo ante dicho Tribunal Internacional sino también en la jurisdicción contencioso administrativa en Colombia (Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca), un fallo de responsabilidad fiscal por el detrimento al patrimonio público, causado por la minera y otros servidores públicos que lesionaron los intereses patrimoniales del Estado colombiano.

Ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca cursa una acción de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por Prodeco, por el fallo de responsabilidad fiscal.

El daño patrimonial se produjo al modificar un contrato de gran minería con el cual se disminuyeron las regalías y otras contraprestaciones económicas que venía recibiendo el Estado colombiano, recursos públicos con los cuales se atienden las necesidades básicas de las poblaciones más vulnerables del país.

La Contraloría General de la República considera el tema de la mayor importancia, por las implicaciones no sólo económicas, jurídicas y de soberanía del Estado colombiano, y de sus instituciones que no pueden ver soslayadas sus facultades constitucionales y legales a propósito de posibles demandas internacionales.

El fallo de la Contraloría

Mediante auto del 21 de agosto de 2015 y actuando como segunda instancia, el Despacho del Contralor General de la República, confirmó la ocurrencia de un daño de $60.023 millones de pesos causado a los intereses patrimoniales del Estado y la declaratoria de responsabilidad fiscal de contra C.I. Prodeco S.A. y otros involucrados (Prodeco es propiedad de la multinacional Glencore).

El fallo con responsabilidad fiscal se originó en el detrimento patrimonial que le representó al Estado el ajuste que se hizo, mediante el otrosí No. 8 del 28 de enero de 2010, al Contrato de Gran Minería 044 de 1989 suscrito por Ingeominas con C.I. Prodeco.

Como consecuencia de ese otrosí, el Estado dejó de recibir regalías y contraprestaciones económicas en una cifra de pesos equivalente a la de la condena, por la explotación de la mina de carbón “Calenturitas”, en el departamento del Cesar.

source: CIAR Global