Por Juan Calles | 22-7-22
Congresistas de EEUU piden a la Casa Blanca no apoyar a minera que obvió consulta en Guatemala
Doce congresistas estadounidenses pidieron al representante del departamento de Estado, Antony Blinken, no prestar servicios diplomáticos a la empresa minera Kappes, estar atentos ante anomalías en los procesos de consulta comunitaria y arbitraje internacional, proteger a integrantes de la resistencia antiminera de la Puya.
Por medio de una carta firmada por 12 congresistas de Estados Unidos, fechada el 20 de julio, solicitaron al secretario de Estado Antony Blinken y a su embajada en Guatemala, el retiro de servicios diplomáticos a la empresa minera Kappes, Cassiday & Associates, KCA, así como la protección para los miembros de la resistencia pacífica en la Puya, ante posibles agresiones o intentos de manipular el proceso de consulta ordenado por la Corte de Constitucionalidad (CC).
En su carta, los congresistas solicitan al Departamento de Estado y a la embajada de su país en Guatemala, estar alertas ante las agresiones que se puedan concretar en contra de quienes integran la resistencia pacífica y durante los procesos de consulta y arbitraje internacional que próximamente deben desarrollarse. Además, solicitan abstenerse de prestar apoyo a la empresa en caso que así lo solicite debido al irrespeto a los derechos humanos y su falta de cumplimiento de obligaciones medioambientales y por operar ilegalmente en el país.
Los congresistas también expresaron su preocupación y alarma por las evidencias de anomalías en el actuar de la empresa extractora de oro y los ataques y hostigamiento contra las defensoras y defensores de derechos humanos, que, desde hace 10 años, resisten en defensa de los suministros de agua en la región de San Pedro Ayampuc, Guatemala, en donde se encuentra la comunidad de la Puya.
La publicación de la carta se hizo después de que la empresa KCA demandó a Guatemala bajo los términos del Tratado de Libre Comercio, firmado entre los EEUU, Centroamérica y República Dominicana, por 400 millones de dólares ante un tribunal internacional del Banco Mundial, denominado Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
“Nos preocupa que las empresas mineras recurran cada vez más a este tipo de arbitraje cuando sus proyectos están bloqueados como consecuencia de la legítima oposición de los pueblos que buscan defender su agua, un medio ambiente sano y sus derechos a la tierra y a la autodeterminación”, se lee en la carta de los 12 congresistas.
De la misma manera, los congresistas piden que durante la próxima consulta comunitaria a realizarse en la Puya se respete el derecho de la comunidad a participar de forma libre e informada.
Adicionalmente, la comparan con la situación observada en El Estor, Izabal, en la que no se respetaron los derechos de las comunidades y se retorcieron los procedimientos, para favorecer a la empresa minera de capital ruso-suizo Solway Investmen Group, mencionando las medidas implementadas: “un estricto toque de queda, realizar detenciones y allanamientos de casa sin orden judicial y suspender garantías constitucionales básicas, todo lo cual no favorece un proceso de consulta en buena fe”.
En noviembre de 2021, un grupo de legisladores norteamericanos emitieron una carta, esta vez, para reclamar el uso de bienes donados por EEUU para reprimir las protestas en El Estor, en donde los comunitarios protestaban contra la minera suizo-rusa y su subsidiaria en el país, CGN/Pronico.
“El Ministerio de Energía y Minas no quiere tomar en cuenta a la población afectada por la mina”
Ana Sandoval, quien participa en la resistencia pacífica de la Puya, dijo que la carta de apoyo enviada por los congresistas es un paso importante para las comunidades en resistencia. Además, resaltó que la visita de los congresistas a la Puya y que luego emitieran la carta, evidencia que existe un riesgo para las comunidades de que no se respete su voluntad y decisión.
“En este momento el Ministerio de Energía y Minas no quiere tomar en cuenta a la población que está directamente afectada o que vive alrededor de la mina, entonces esa carta viene a respaldar no solo la lucha, sino también a tocar al Ministerio, para que sepan que hay otros actores que están observando el proceso”, declaró Sandoval.
Para Sandoval, aunque consideran que el MEM no ha avanzado en el proceso de consulta comunitaria, hay indicios, dijo, que las autoridades buscarán dejar fuera de la consulta a quienes integran la resistencia, incluidos el Consejo Comunitario de Desarrollo Urbano y Rural (COCODE).
“Tengo entendido que hay COCODES que han presentado una solicitud para acreditarse ante el MEM, para la consulta, pero no les han respondido. Eso nos da la pauta de que el Ministerio no ha avanzado, sería el colmo que tampoco los tomen en cuenta a ellos porque son aliados de la resistencia”, agregó Sandoval.
La Puya lleva 10 en años en resistencia y luego de lograr varios triunfos legales y pacíficos contra la empresa minera, también han sufrido represión y violencia por parte de la seguridad privada que protege a la minera y de la Policía Nacional Civil (PNC), integrantes de la resistencia han sido agredidos y criminalizados por ser parte de la resistencia antiminera.