España sufre otra condena por el recorte a las renovables: 77 millones para Bridgepoint
JPEG - 63.2 kb

Por Juan Cruz Peña y Rafael Méndez

España sufre otra condena por el recorte a las renovables: 77 millones para Bridgepoint

La corte arbitral del Banco Mundial dicta un laudo que obliga al pago de más de 80 millones más intereses. La reclamación se elevó por el recorte de ocho instalaciones eólicas de 333MW.

El Reino de España vuelve a sufrir un revés en los tribunales internacionales. El Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversores (Ciadi) ha dictado un nuevo laudo —y ya van 11— contra el Estado por los recortes a las renovables.

En este caso, el trío arbitral ha condenado a España al pago de más de 80 millones de euros (77 millones de indemnización más 3,3 millones en costas) más los intereses acumulados al fondo de capital riesgo Bridgepoint, asesorado por el bufete internacional Allen & Overy, quien elevó el litigio a la corte arbitral del Banco Mundial tras verse perjudicada por los ingresos de ocho plantas eólicas que suman una potencia de 333 MW. Dicha inversión se produjo en 2011.

El laudo ha sido dictado por mayoría, con voto disidente de la árbitra nombrada por el Reino de España, Hélène Ruiz Fabri. En el dictamen arbitral, el tribunal destaca que el cambio implementado por España por medio de la reforma de 2013/2014 fue una vulneración del artículo 10(1) del Tratado de la Carta de la Energía. El tribunal aceptó que las demandantes tenían legítimas expectativas —y estaban protegidas por tanto por el tratado— de recibir las tarifas a la producción de energías renovables expuestas en el Real Decreto 661/2007 durante toda la vida útil de sus instalaciones.

En este sentido, los árbitros destacaron que "dichas expectativas fueron quebrantadas por España por la naturaleza radical y fundamental del régimen tarifario en el que habían invertido las entidades demandantes". Sin embargo, la cuantía de la indemnización es menor a los 123,9 millones de euros que reclamó Bridgepoint.

El Reino de España, defendido por la Abogacía del Estado, hizo objeciones a la jurisdicción del tribunal, ya que entendía que al ser inversores de Holanda, Luxemburgo y España, este litigio debía dirimirse bajo la ley comunitaria y no en un tribunal arbitral bajo la Carta de la Energía. Dicha reclamación, al igual que ha venido pasando en anteriores arbitrajes similares, fue desestimada.

Sin embargo, los árbitros sí estimaron la reclamación de los impuestos pagados por el 7% a la generación, un tributo que impuso el Gobierno de Rajoy (PP) en 2012. De nuevo, esta es una reclamación que no están admitiendo los tribunales arbitrales. Además, se asumió que la vida útil de las plantas eólicas era de 20 años, y no de 30 años como pretendían los reclamantes, lo que también aminora el monto total de la indemnización.

Posteriormente, en 2016, Bridgepoint llegó a un acuerdo con la familia Masaveu (Liberbank) para la venta de estos parques situados en la provincia de Burgos por cerca de 400 millones de euros.

Este revés internacional llega después de dos laudos favorables a España, tal y como adelantó El Confidencial.

Esto deja un saldo total de 11 derrotas frente a cuatro victorias en los arbitrajes por los recortes a las renovables. El conflicto se produjo después de que se cambiara el régimen de subsidios que instauró el Gobierno en 2008. Todavía con Zapatero, se hicieron algunas modificaciones, y en 2013, el Ejecutivo de Rajoy dio un drástico hachazo regulatorio que provocó la gran mayoría de los arbitrajes.

Más de 40 inversores han elevado pleitos por esta cuestión en diferentes cámaras internacionales. La actual ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha estimado el coste de las reclamaciones en más de 10.000 millones de euros.

La derrota frente a los inversores de Bridgepoint se suma a la de HSBC (reclamaba 92 millones), SolEs Badajoz (41 millones de indemnización), Nextera (290 millones), Antin (101 millones), Masdar (64,5 millones), Eiser (128 millones), Novenergia (53,3 millones), 9REN (41,7 millones), Greentech (39 millones) y Demeter y Cube (33 millones).

Esto significa que la factura acumulada supera ya los 800 millones de euros, aunque España se resiste a pagar y está dando la batalla en EEUU, donde muchos de estos inversores están tratando de confirmar sus laudos para poder ejecutar bienes del Estado español situados en la potencia norteamericana.

Por su parte, España ganó en 2016 dos laudos en la Cámara de Comercio de Estocolmo por Isolux y Charanne. Más recientemente, a finales de 2019, obtuvo otras dos victorias arbitrales frente a la empresa pública de energía de Múnich, Stadtwerke München, y el fondo BayWa.

source: El Confidencial