Deutsche ignora el plan Ribera contra los laudos verdes y demanda a España en EEUU
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Por Rafael Méndez | 20-1-10

Deutsche ignora el plan Ribera contra los laudos verdes y demanda a España en EEUU

El Gobierno ha recibido una reclamación en EEUU después de aprobar un decreto ley para frenar el alud de arbitrajes por los recortes a las renovables

El plan del Gobierno para que los inversores extranjeros en renovables se acojan a la mejor retribución y retiren los laudos contra España no ha impresionado a los fondos. El fondo Rreef, vinculado a Deutsche Bank, presentó una demanda contra España en un tribunal de EEUU el pasado 19 de diciembre para que confirmase el laudo del Ciadi que le reconoció 67 millones de dólares. El pleito llegó menos de un mes después de que la hoy vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, presentase el plan para intentar evitar estos casos. La paradoja es que el mecanismo puede servir para que se acojan los que pierdan ante España, según fuentes del sector.

El pasado 22 de noviembre, el Gobierno aprobó un decreto ley sobre renovables que tenía entre sus objetivos salvar España del alud de demandas internacionales, principalmente ante el Ciadi del Banco Mundial. Ribera explicó tras el Consejo de Ministros que España tiene 45 reclamaciones internacionales que exigen unos 10.000 millones de euros. "Se han perdido 10 que reclamaban 1.700 y en los pronunciamientos arbitrales se ha fijado en 821, es decir, hay condenas por 821 millones en contra del Reino de España".

"No se ha ejecutado el pago de ninguno, España sigue manteniendo, sigue ejerciendo, su defensa y confiamos en que esta alternativa, que, en gran medida, los árbitros reseñaban en sus pronunciamientos finales diciendo que el Reino de España no había ofrecido ninguna medida que mitigara el impacto de la decisión regulatoria, pueda ser considerada como una medida que mitiga el impacto de la decisión regulatoria y reduzca, por tanto, la litigiosidad pendiente o, incluso, invite a la renuncia del cobro para poder garantizar la estabilidad en la retribución durante 12 años y poder activar nuevos procesos de inversión".

Los inversores tienen hasta septiembre para acogerse, por lo que aún no se puede valorar del todo el efecto de la medida. Pero, desde el principio, fuentes del sector vieron poco probable que los fondos vayan a renunciar a cobrar los laudos que han ganado. Un abogado de uno de estos procedimientos explica que uno de los grandes problemas es que la mayor parte de los fondos vendió sus plantas en España, por lo que la mejora de la retribución por kilovatio producido no les afecta. "Lo que nos dicen los clientes es que ellos ya vendieron, que esas plantas cambiaron de manos y que les da igual. Quien tiene un laudo a favor cree que acabará cobrándolo".

"No compensa renunciar, porque realmente lo que puedes ganar por renunciar es menos de lo que esperas ganar por el laudo", añade un inversor que está pendiente de que se decida sobre su caso. Los inversores hace tiempo que rastrearon los bienes de España en el exterior para pedir un embargo si España no paga y comenzaron procedimientos en juzgados de EEUU para que la Justicia haga efectivos los laudos del Ciadi. Allí hay demandas de fondos como Masdar, el fondo soberano de Abu Dabi, y otros inversores.El último en unirse ha sido Rreef, un fondo vinculado a Deutsche Bank, según el laudo, que el pasado 19 de diciembre presentó una demanda en un juzgado de Washington. La reclamación llegó menos de un mes después de que entrase en vigor la mejora de la retribución que pretendía evitar estos casos, lo que evidencia la frialdad de los inversores internacionales. "No sé de nadie que se lo esté planteando", cuenta uno de los inversores.

El sector considera que solo se plantearán acogerse al sistema los fondos que han perdido. A principios de diciembre, y contra todo pronóstico, España ganó dos laudos ante el Ciadi, los primeros que conseguía en ese organismo. La empresa pública de energía de Múnich, Stadtwerke München, que en 2015 había reclamado 423 millones, perdía su reclamación y el tribunal le imponía 2,7 millones en costas legales. El fondo BayWa reclamaba 61,91 millones pero solo obtuvo una mínima compensación. Estos dos sí podrían intentar sumarse al decreto ley del Gobierno para ver mejorada la rentabilidad de sus instalaciones.