Por bilaterals.org | Septiembre 2024
Nuevo Informe: “Inversiones Mafiosas contra Honduras” expone las demandas corporativas tras el golpe de Estado
El reciente informe “Inversiones Mafiosas contra Honduras” aborda la preocupante situación que enfrenta el país centroamericano frente a las demandas interpuestas por empresas transnacionales en tribunales de arbitraje internacional. El análisis, elaborado por el Instituto de Estudios Políticos (IPS), la Red de Solidaridad con Honduras (HSN), Terra Justa y el Transnational Institute (TNI), revela cómo las inversiones que ingresaron durante el periodo de la narcodictadura, tras el golpe de Estado de 2009, han desencadenado un aluvión de demandas millonarias en los últimos años.
Un panorama alarmante
Honduras ha sido el blanco de un total de diecinueve demandas en el arbitraje internacional desde el golpe de 2009. Solamente entre 2023 y agosto de 2024, el país recibió catorce demandas en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), perteneciente al Banco Mundial. La magnitud de estas demandas es alarmante, ya que están relacionadas con proyectos de inversión que, en su mayoría, fueron establecidos de manera irregular durante el periodo de la narcodictadura, en un entorno marcado por la corrupción y la vulneración de los derechos humanos y ambientales.
Las empresas que lideran estas demandas tienen en común que sus inversiones fueron resistidas por comunidades locales que denunciaban el despojo de tierras, la contaminación de recursos naturales y la afectación de su soberanía alimentaria. Sin embargo, hoy, esas mismas empresas utilizan el mecanismo de Solución de Controversias Inversionista-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) para reclamar indemnizaciones multimillonarias, dificultando la capacidad del Estado hondureño para tomar medidas en favor de sus ciudadanos.
Justicia paralela y demandas millonarias
El mecanismo ISDS, vigente en los tratados de inversión y comercio, permite a las corporaciones extranjeras saltarse los tribunales nacionales y recurrir directamente a tribunales de arbitraje internacional. Este sistema, calificado como "justicia paralela", ha facilitado que las empresas ejerzan presión sobre las políticas públicas en Honduras, congelando regulaciones esenciales en áreas como los derechos humanos, el ambiente y el bienestar público.
Entre las demandas más costosas se encuentra la interpuesta por Honduras Próspera Inc., que reclama más de 10,775 millones de dólares para frenar los esfuerzos del gobierno de revertir las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). Este monto equivale a casi tres veces el Plan de Inversión Pública aprobado para 2024. Próspera, aunque no cumple con los requisitos legales para desarrollar una ZEDE, presiona al gobierno con esta demanda para que le permita continuar su existencia en el país.
Impacto sobre políticas públicas
Las demandas interpuestas por inversionistas no solo afectan las finanzas del Estado hondureño, sino que también buscan influir en la política pública, un fenómeno conocido como "efecto disuasorio" o “congelamiento” de las regulaciones. Por ejemplo, muchas de estas demandas tienen como objetivo frenar los esfuerzos del actual gobierno para recuperar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) o retomar el control de la infraestructura aeroportuaria, entre otras medidas.
Además, proyectos energéticos y mineros, fuertemente resistidos por las comunidades locales, continúan despojando a las poblaciones de sus recursos vitales. Un claro ejemplo es el proyecto de energía solar Los Prados, desarrollado por inversionistas noruegos, que enfrenta la resistencia de las comunidades locales preocupadas por el impacto en sus recursos hídricos y su soberanía alimentaria. Las empresas involucradas han presentado dos demandas por un total de 400 millones de dólares.
Honduras y el CIADI: un primer paso hacia la reforma
En febrero de 2024, Honduras dio un paso significativo al firmar su salida del CIADI, el principal foro de arbitraje resolución de controversias inversionista-Estado. Si bien esta decisión es fundamental, no es suficiente. Honduras sigue estando expuesta a las demandas corporativas debido a su participación en múltiples tratados de inversión y libre comercio, así como a la Ley de Inversiones de 2011, que otorga privilegios desmedidos a los inversionistas extranjeros.
El informe subraya que la salida del CIADI debe ir acompañada de una revisión exhaustiva de la legislación interna,los tratados internacionales y contratos para garantizar que el país no siga sometido a un sistema que privilegia a las empresas a costa de los derechos del pueblo hondureño.
Recomendaciones para una Honduras soberana
El informe concluye con una serie de recomendaciones para que Honduras pueda avanzar hacia un modelo de desarrollo más justo y equitativo, sin estar subordinada a los intereses corporativos:
Revisión de los tratados internacionales: Es necesario evaluar y reformar los tratados de libre comercio y de protección de inversiones que permiten a las empresas transnacionales demandar al Estado hondureño en tribunales internacionales.
Fortalecimiento de la justicia nacional: El Estado debe reforzar sus sistemas judiciales y regulatorios internos para garantizar que las disputas se resuelvan dentro del marco de la ley hondureña, sin recurrir a foros internacionales que favorezcan a las corporaciones.
Acompañamiento a las comunidades afectadas: Los movimientos sociales y comunidades afectadas deben recibir apoyo en su lucha contra proyectos extractivos y energéticos que amenazan su bienestar y su derecho al territorio.
Construcción de una coalición nacional: Es fundamental crear una coalición no partidista que una a movimientos sociales, comunidades y otros sectores de la sociedad hondureña para hacer frente al sistema de protección de inversiones y demandas actuales y futuras.
Este informe fue realizado y publicado por el equipo de investigadores del Instituto de Estudios Políticos (IPS), el Instituto Transnacional (TNI), Terra Justa y la Red de Solidaridad con Honduras (HSN): Luciana Ghiotto, Jen Moore, Aldo Orellana López, Karen Spring y Manuel Pérez Rocha.
