CIAR Global | 27 de enero, 2025
Compañía de Guatemala Fibranet materializa el arbitraje contra El Salvador
La compañía con sede en Guatemala Fibranet SA ha presentado la solicitud de arbitraje de inversiones contra El Salvador ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) el 23 de enero de 2025. La compañía, junto a su subsidiaria Cablefrecuencias, envió una notificación de su intención de recurrir a arbitraje internacional al Gobierno de El Salvador el 27 de septiembre de 2024. Reclama un monto de 130 millones USD por la expropiación de sus inversiones.
Fibranet y Cablefrecuencias, que cuenta con la defensa de la firma internacional Eversheds Sutherland, New York, invocan el incumplimiento del Tratado de Libre Comercio República Dominicana, América Central, Estados Unidos (CAFTA-DR) y el Tratado sobre Inversión y Comercio de Servicios entre las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Fibranet reclama expropiación de sus inversiones por parte de El Salvador por cancelar retroactivamente la renovación automática de sus concesiones y denuncia las decisiones de la Justicia salvadoreña que, según expresó en la notificación de arbitraje, contravinieron directamente el marco legal nacional aplicando de manera errónea Decretos de la Asamblea Legislativa.
La demandante reclama un monto de 130 millones USD en concepto de daños compensatorios, más los intereses y honorarios legales correspondientes.
La controversia
En 2010, Fibranet adquirió el 99,9% de Cablefrecuencias, compañía constituida bajo las leyes de El Salvador. A partir de entonces, el Grupo Fibranet invirtió en infraestructura de radiodifusión en el país, y como el marco regulador salvadoreño señalaba un próximo cambio en el uso de las bandas para las comunicaciones móviles, inició un proyecto para el desarrollo de una red móvil 4G LTE de alta velocidad que podría cubrir prácticamente todo el territorio salvadoreño y actualizarse al 5G.
Cablefrecuencias denuncia un proceso, vía decreto, de anulación de la renovación automática de las concesiones, que en 2010 tenía una duración nominal de 20 años, ya que debía presentarse en 2017 a la renovación de concesión junto a otros concesionarios; y la injerencia de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET).