Entrega de más de medio millón de firmas contra los tribunales de arbitraje y una ley que proteja los derechos humanos
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Por No al TTIP | 22-1-20

Entrega de más de medio millón de firmas contra los tribunales de arbitraje y una ley que proteja los derechos humanos

- Coincidiendo con la celebración del Foro Económico Mundial en Davos 2020, la campaña ‘No a los Tratados de Comercio e Inversión ha entregado hoy en el Congreso de los Diputados, las más de 685.000 firmas recogidas durante 2019 por la iniciativa europea ‘Derechos para las personas, obligaciones para las multinacionales. Stop ISDS’.

- Con estas firmas se pide la eliminación de todos los tratados de comercio e inversiones que contengan el mecanismo ‘Solución de controversias entre inversores y estados’ (ISDS). Tal y como señala la campaña, se trata de un sistema de tribunales privados utilizado por las multinacionales para intimidar a los gobiernos.

- España es el segundo país del mundo con más demandas recibidas bajo el paraguas de este sistema de tribunales de arbitraje.

Una coalición de organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y sindicatos de más de 18 países de la UE han entregado las firmas de la petición a sus representantes políticos en toda Europa con motivo de la celebración del Foro Económico Mundial en Davos, justo un año después del inicio de la iniciativa.

En el Estado español, la entrega de las firmas se ha llevado a cabo en el Congreso de los Diputados para pedir a los grupos parlamentarios y al autodenominado ‘gobierno progresista’ que escuche las demandas de las miles de personas que exigen el fin de los privilegios para las multinacionales y su sistema de justicia paralela ISDS. También se ha exigido normativa para controlar que las empresas españolas no vulneren los derechos humanos y destruyan el medio ambiente.

El ISDS: principal obstáculo para la transición ecológica

El ISDS es un mecanismo que otorga el derecho a las empresas multinacionales a demandar a los gobiernos ante tribunales de arbitraje por llevar a cabo legislación que pueda afectar sus beneficios económicos, socavando con ello la soberanía de los Estados. El ISDS se encuentra en la mayoría de los tratados de comercio y de inversión, como en el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE) o el Acuerdo de Protección de las Inversiones entre la UE y Vietnam, recién aprobado ayer por la comisión de comercio del Parlamento Europeo. El Estado español es el país de la Unión Europea y el segundo a nivel mundial que más demandas acumula ante tribunales de arbitraje (ISDS), un total de 51 – 47 de las cuales se han llevado a cabo en virtud del TCE.

Aunque dichas demandas se han producido en el contexto del recorte de España a las renovables, ya existen casos que muestran cómo este tratado puede ser utilizado contra Estados que adopten necesarias y urgentes medidas de transición ecológica. Sirva como ejemplo las demandas anunciadas recientemente por las compañías Uniper/Fortum y TWE contra Holanda por aprobar una ley para prohibir la quema de carbón en la la producción de electricidad.

Todas estas presentes y futuras demandas se traducirán traducirse en la pérdida de miles de millones de euros de dinero público para la defensa legal y el pago de indemnizaciones a los inversores, en vez de dedicarse a medidas sociales de transición justa. Por ello, más que nunca, la emergencia climática hace necesaria la salida de España del TCE y la terminación de cualquier tratado que contenga dicho mecanismo.

Normativa para acabar con los crímenes corporativos

En su lugar, la iniciativa exige un tratado internacional vinculante sobre derechos humanos y empresas, acompañado de legislación a nivel europeo y estatal, que permitan juzgar a las empresas transnacionales por la violación de derechos humanos en cualquier territorio donde operen.

En 2018, 321 defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales fueron asesinadas por oponerse a abusos corporativos. A día de hoy, sin embargo, las personas afectadas por las violaciones de los derechos humanos cometidas por las transnacionales no logran acceder a la justicia.

Desde el 2014 se viene negociando un tratado vinculante de las Naciones Unidas. Sin embargo, los lobbies empresariales y algunos países, la UE entre ellos, llevan todo este tiempo obstaculizando la adopción de un tratado fuerte que se traduzca en medidas reales y efectivas para parar los pies a la impunidad corporativa.

A nivel de los Estados, Francia lleva la delantera, al adoptar en 2017 una ley sobre el deber de vigilancia de las empresas. La ley ha sido recientemente utilizada contra la multinacional francesa Total por no incluir en su plan de vigilancia el compromiso de reducir las emisiones de efecto invernadero y por no respetar los derechos humanos y el medioambiente en Uganda. Si bien esta ley supone un enorme paso adelante, todavía queda mucho trabajo por hacer para garantizar su aplicación efectiva.

El nuevo Gobierno debe hacer de la protección de los derechos humanos y del medioambiente allí donde operen sus multinacionales una prioridad. Para ello, deberá implicarse de forma constructiva y proactiva en el proceso de elaboración de un Tratado Vinculante de la ONU y promover de manera inmediata la elaboración de una ley a nivel estatal a semejanza de la francesa.

Más información:

Víctor Barro, portavoz de Amigos de la Tierra – 659655734

Cuca Hernández, portavoz de Attac España, 629 116 771.

Lucía Bárcena (616 632 954) y María Botella (640 02 93 43), portavoces de Ecologistas en Acción.

source: No al TTIP