El Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE) es un acuerdo plurilateral de inversión entre 53 países de Europa y Asia central. Se firmó en 1994 y entró en vigor en abril de 1998.

Unos 30 países en todo el mundo se encuentran en diferentes etapas de unirse al TCE. Burundi, Eswatini (antes Swazilandia) y Mauritania son los primeros en la lista, seguidos por Pakistán y Uganda.

El objetivo original del TCE era superar las divisiones políticas y económicas entre Europa oriental y occidental tras la desaparición de la Unión Soviética, así como fortalecer la seguridad energética de Europa. Los países europeos buscaban asegurar el acceso a los recursos de combustibles fósiles de los países de la antigua Unión Soviética protegiendo las inversiones extranjeras en energía en tales países.

El TCE prevé un mecanismo de solución de controversias entre inversionistas y Estados (ISDS por sus siglas en inglés) para resolver las controversias entre un inversionista y un Estado miembro. Hasta el día de hoy, es el instrumento legal más utilizado en el mundo para iniciar arbitrajes ISDS y fue invocado por los inversionistas en 124 casos. Los críticos sostienen que, como en la mayoría de los demás acuerdos de inversión, coloca los derechos e intereses económicos de los inversionistas por encima de los intereses sociales, ecológicos y económicos de los Estados anfitriones y sus sociedades. El TCE impone obligaciones al Estado receptor pero no a los inversionistas extranjeros. El tratado también ha sido condenado por activistas ambientales por proteger a la industria de los combustibles fósiles y socavar graves medidas sobre el clima.

España ha sido sometida 45 veces a controversias de arbitraje en el marco del TCE tras aplicar una serie de reformas energéticas que afectan al sector de las energías renovables, incluida una reducción de las subvenciones a los productores. Aunque algunos casos siguen pendientes, España ya fue condenada a pagar más de 800 millones de euros.

Más información sobre el Tratado de la Carta de la Energía en el sitio web "ECT’s dirty secrets".

Entre los casos clave se incluyen:

• Vattenfall (Suecia) vs. Alemania: En 2007, la corporación energética sueca obtuvo un permiso provisional para construir una central eléctrica de carbón cerca de Hamburgo. En un esfuerzo por proteger el río Elba de las aguas residuales vertidas por la planta, se añadieron restricciones ambientales antes de la aprobación final de su construcción. El inversionista inició una disputa, y argumentó que esto haría el proyecto inviable. El caso se resolvió finalmente en 2011, y Hamburgo terminó aceptando la reducción de los estándares ambientales.

• Yukos (Isla de Man) vs. Rusia: Yukos era una empresa rusa de petróleo y gas. Se la compraron al gobierno ruso durante las controvertidas subastas de “préstamos por acciones de bolsa” de mediados de la década de los 90, en las que algunos de los mayores activos industriales del Estado fueron puestos en arrendamiento (en efecto privatizados) mediante subastas con dinero que prestaron al gobierno los bancos comerciales. Las subastas estaban amañadas y carecían de competencia, y se convirtieron efectivamente en una forma de venta a un precio muy bajo. En 2003, el director general de Yukos fue arrestado bajo cargos de fraude y evasión fiscal y al año siguiente los activos de Yukos fueron congelados o confiscados. En 2007 los antiguos accionistas de Yukos presentaron una demanda por más de 100 mil millones de dólares estadunidenses, solicitando ser indemnizados por su expropiación. La disputa dio lugar a que en 2014 los árbitros otorgaran a los accionistas mayoritarios más de 50 mil millones de dólares por concepto de daños y perjuicios. Desde entonces, los inversores han tratado de hacer cumplir el laudo en varios países.

• NextEra (Países Bajos) contra España: El inversionista holandés presentó una demanda de arbitraje en mayo de 2014, después que España cambiara el marco reglamentario aplicable a su inversión, a saber, la construcción de dos centrales de energía solar. NextEra alegó que España abolió el sistema de primas y aranceles a largo plazo, lo que afectó negativamente la rentabilidad del proyecto.
  España alegó que NextEra debería haber sido consciente de que se podían hacer cambios en el régimen normativo. En mayo de 2019, el inversionista recibió alrededor de 290 millones de euros. En octubre de 2019, España solicitó que se anulara la demanda.

Foto: Marc Maes / Twitter

Última actualización: abril de 2020